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Actualizado el 05 de abril de 2012 a las 12:00 am

La Contraloría General de la República declaró “confidencial” el informe sobre la precaria situación financiera de Radiográfica Costarricense

El argumento de la competitividad tiene mucho de cierto, pero no puede convertirse en manto para encubrir anomalías, errores o contratiempos de tanta envergadura

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En año y medio, Radiográfica Costarricense (RACSA) perdió ¢6.786 millones y se vio obligada a echar mano a la totalidad de sus utilidades acumuladas para mantenerse a flote, pero los costarricenses no tenemos derecho a enterarnos de la situación, como si los fondos no fueran públicos y la actividad de la subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no fuera de interés público.

La Contraloría General de la República declaró “confidencial” el informe en relación con el tema, aunque las recomendaciones incluyen una petición a la Junta Directiva del ICE para que defina, en el plazo de dos meses, la subsistencia de Racsa como negocio del conglomerado.

La confidencialidad del informe se apoya en la necesidad de mantener los datos de importancia estratégica a salvo de los competidores. El sigilo se ha querido justificar como un costo de la apertura del mercado. En su ausencia, el ICE perdería competitividad, pues sería la única empresa obligada a exponer en público sus proyectos y otros datos sensibles.

El argumento tiene mucho de cierto, pero no puede convertirse en manto para encubrir anomalías, errores o contratiempos de tanta envergadura. Los costarricenses tenemos derecho a un grado de información suficiente y necesaria para velar por nuestros intereses, incluidos los irremediablemente ligados con el desempeño de la más importante empresa del Estado.

La Contraloría es una institución idónea para ejercer el control de los intereses públicos, pero no puede sustituir a la ciudadanía en el ejercicio del debate abierto ni en su condición de titular del derecho a la rendición de cuentas. La ley promulgada para fortalecer a las empresas públicas en el mercado abierto contiene provisiones de donde deriva la aspiración a la confidencialidad. El ICE se viene sirviendo de esas normas para extender el manto del sigilo hasta donde pueda lograrlo. No importa la magnitud del problema, si sucedió hace años, si de su existencia podrían derivar responsabilidades para los funcionarios o consecuencia para los usuarios.

Todo es secreto y eso es un peligro. El país no debe estar expuesto a despertar cualquier día con la sorpresa de un acontecimiento grave, como la quiebra de Racsa, que es perfectamente posible a la luz del informe de la Contraloría. Es indispensable encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger la información verdaderamente sensible de cara a la competencia y la obligación de permitir el escrutinio público de la gestión en una sociedad democrática.

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El documento trascendió por medios no oficiales y solo así se consiguió saber las dimensiones reales del problema. El ICE ha mantenido a Racsa en el limbo, ayuna de derrotero y confusa sobre el papel a desempeñar en las nuevas condiciones del mercado. Eso es sabido, como también la hemorragia de clientes sufrida por la subsidiaria, cuya cartera pasó de 133.239 abonados a 63.182 entre el 2009 y mediados del 2011. Sin embargo, en ausencia de datos más precisos no puede haber una discusión pública inteligente sobre el futuro de la institución. En defecto de un debate amplio, la Junta Directiva del ICE se lo ha reservado hasta donde le ha sido posible.

Hay algo de ironía en ese hecho. La institución sostiene, a puerta cerrada, una discusión que no ha querido tener durante años, aunque amplios sectores de la opinión pública la han conminado a sostenerla. Aun así, no parece haberle bastado el plazo de dos meses concedido por la Contraloría, porque a la fecha de revelación del informe, los sesenta días habían pasado con creces. Si el ICE no desoye a la entidad supervisora, pronto podría haber una decisión sin mayor oportunidad de examen por parte de la colectividad.

El ICE, como reza el eslógan, nos pertenece a todos y todos tenemos derecho a saber su suerte y opinar sobre ella, con la única exclusión de datos verdaderamente sensibles cuyo interés no desborde el estricto límite de la competitividad.

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