Opinión

EDITORIAL

Sanciones contra el dengue

Actualizado el 17 de enero de 2014 a las 12:00 am

Las autoridades de salud pretenden fortalecer las sanciones imponibles a quienes creen condiciones para el surgimiento de criaderos del mosquito transmisor

La duda está en el procedimiento propuesto, tan engorroso y prolongado que es difícil imaginar la imposición de la multa

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En el 2013, el dengue afectó a unas 50.000 personas en nuestro país. El año pasará a la historia como uno de los más difíciles, salvo que las medidas de prevención fracasen en el futuro inmediato y la enfermedad alcance números sin precedentes, capaces de opacar lo sucedido hasta ahora. Por lo pronto, el 2013 arrebató con holgura la marca establecida en el 2005, cuando las autoridades de salud documentaron unos 38.000 casos.

La prevención siempre fue la clave y su ausencia es responsable directa del nuevo récord. Las autoridades de salud lo saben, pero apenas están por presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma a la Ley General de Salud con el fin de fortalecer las sanciones imponibles a quienes creen condiciones propicias para el surgimiento de criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad.

Las sanciones están bien justificadas. El zancudo aprovecha cualquier depósito de agua para reproducirse, y la limpieza de todas las propiedades de una cuadra no garantiza su eliminación, porque el insecto puede desplazarse cientos de metros en un día. Un vecino indolente pone en riesgo a toda la cuadra o al barrio.

Semejante conducta no podría ser más reprochable. La enfermedad es penosa, no respeta ni la más tierna ni la más avanzada edad y el costo de curarla es alto. Peor aún, puede ser mortal. Ante esas consecuencias, las multas mínimas previstas en la reforma impulsada por el Ministerio de Salud parecen, más bien, moderadas: entre ¢38.000 y ¢40.000.

El monto, sin embargo, debería ser suficiente para estimular la eliminación de criaderos en todo el país. La duda está en el procedimiento propuesto, tan engorroso y prolongado que es difícil imaginar la imposición de la multa. Los inspectores harán revisiones periódicas y exigirán a los responsables eliminar los criaderos. Si una nueva inspección constata incumplimiento, girarán una orden sanitaria. Si la inacción del conminado a resolver el problema persiste, impondrán la multa. Para ese momento, los criaderos habrán cumplido su perniciosa función.

El equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y el combate a una amenaza para la salud pública debe ser hallado en mecanismos más expeditos. La discusión y adopción de esos mecanismos debe ser igualmente rápida.

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El proyecto de ley llega en las postrimerías de un año récord para el dengue, y las medidas contempladas en la iniciativa de ley no parecen ajustarse al tamaño de la amenaza y las circunstancias de su propagación.

Los esfuerzos educativos son fundamentales, pero hay evidencia para sustentar la necesidad de enfrentar el problema con el uso del poder coercitivo del Estado. En Parrita, en el 2002, una encuesta reveló el éxito de los programas informativos. La población sabía de la enfermedad, sus medios de transmisión y la forma de combatirla. Sin embargo, el cantón figuraba entre los más afectados por el dengue y, una década más tarde, permanece en la misma condición.

La información no basta, ni siquiera en lugares en los que la presencia de la enfermedad en el pasado hace surgir la amenaza de aparición del dengue hemorrágico, con grave peligro para la vida. Tampoco la reacción de autoridades políticas y médicas es suficiente, si no cuentan con el respaldo de la comunidad y los medios adecuados para exigirlo.

En Parrita, los responsables de la Municipalidad, el Ministerio de Salud y otras dependencias dieron el paso al frente a mediados del año, pero sin apoyo de la ciudadanía es imposible erradicar la amenaza. La educación y la coerción deben complementarse con la persuasión, no solo dirigida a los individuos, sino también a las organizaciones religiosas y civiles, incluidas las empresas privadas, pero, en ausencia de un régimen sancionador adecuado, las características del dengue y su difusión no permiten augurar éxitos.

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