Opinión

EDITORIAL

Los grandes desafíos de la educación pública

Actualizado el 20 de febrero de 2014 a las 12:00 am

Aunque la problemática es compleja y multifactorial, hay fuertes indicios de que el MEP no necesariamente contrata al personal más capacitado

Lograr la reforma necesaria para que el Servicio Civil escoja a los docentes con base en su idoneidad será un desafío para el próximo ministro que deberá enfrentar resistencias burocráticas, políticas y gremiales

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El objetivo central de la próxima administración en el ámbito educativo debe enfocarse a no perder el impulso ni malgastar una oportunidad histórica de consolidar los logros alcanzados durante los ocho años precedentes. Empero, más allá del cambio que se avecina, el país debe cobrar conciencia sobre la importancia de someter este tema estratégico a una política de Estado, rescatándolo para siempre de la visión estrecha de los intereses particulares o de las motivaciones electorales.

El Cuarto Informe Estado de la Educación (2013), si bien evalúa positivamente el dinamismo reformador que arrancó en el 2006, recuerda que “vamos tarde” en este campo y reclama que “el país requiere mejoras más rápidas en el acceso, la calidad y la pertinencia de su educación”. El informe señala que, sin una estrategia nacional, las innovaciones son lentas y los resultados parciales.

Al hacer un balance de su gestión, el ministro saliente, Leonardo Garnier, admitió que “el problema más grande de la educación de Costa Rica son los procesos de formación docente. Creo que esa tiene que ser una de las cruzadas que el país dé y la reforma para que el Servicio Civil contrate por idoneidad es importante”.

Este aspecto es el que despierta mayores resistencias burocráticas, políticas y gremiales. Garnier quiso “no poner todos los huevos en la misma canasta” y prefirió no hacer depender su mandato de una sola iniciativa. Como él mismo declaró: “El ministro que decida hacer el tema de la contratación docente tiene que saber que es lo único que va a hacer porque eso va a paralizar (el curso); casi le garantizaría un año de educación (paralizada)”.

La enseñanza de calidad, la exigencia académica, los ambientes de aprendizaje motivadores y, finalmente, la capacidad de transformar el 7,2% del producto interno bruto (PIB) -¢1,5 billones asignados al presupuesto ministerial de 2014- en conocimiento dependen del factor humano: el personal docente. Es en este punto donde nuestro sistema educativo, a pesar de las mejoras recientes, se rompe por la parte más delgada.

¿Están bien preparados los maestros y profesores para impartir una formación de excelencia? ¿La recibieron ellos mismos? ¿Fueron seleccionados bajo altos estándares que aseguran su idoneidad? Aunque la problemática es compleja y multifactorial hay fuertes indicios de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) no necesariamente contrata al personal más capacitado.

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Por un lado, en Costa Rica se imparten 259 carreras educativas, de las cuales solo el 5,8% cuenta con el sello de garantía del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). Esta oferta masiva y en crecimiento está dominada por centros privados de los cuales se desconoce su calidad. Por ejemplo, solo un 20% de los graduados proviene de la Universidad de Costa Rica. Entre 2010 y 2011 se diplomaron 21.446 personas en esta área, lo que equivale a una cuarta parte del total otorgado en el país, según el Cuarto Estado de la Educación.

Estas carreras, tanto en universidades públicas como privadas, cuentan con requisitos mínimos de matrícula o permiten el acceso con las calificaciones más bajas. Por lo tanto, estamos ante un círculo vicioso. Si partimos del hecho de que nuestro sistema educativo presenta problemas de calidad desde hace décadas, las condiciones de ingreso reproducen estas mismas deficiencias.

A su vez, el Servicio Civil no establece criterios de distinción entre los graduados de carreras acreditadas o entre universidades públicas con requisitos de ingreso y privadas que no los tienen. El MEP tampoco lo hace y además carece de un perfil de selección del docente y aplica procedimientos de contratación que datan de hace 60 años.

Además de las dudas que este panorama suscita con respecto a la enseñanza de calidad, debemos preguntarnos si el personal docente actual, contratado bajo los estándares antes descritos, tiene la formación necesaria para implementar la reforma curricular promulgada en áreas como arte, ética, lógica, pensamiento científico, historia, afectividad y sexualidad. Además, debe hacerlo con contenidos actuales y formas de aprendizaje que transforman la dinámica tradicional del aula en una experiencia activa.

Algunos especialistas han reconocido el mérito de la renovación curricular emprendida por Garnier, pero advierten sobre el riesgo de que los programas se queden en letra muerta y que no sean capaces de permear la práctica docente, sin un paulatino proceso de inducción.

El Estado de la Educación resume este enorme desafío reiterando un llamado a lanzar una “estrategia razonable que permita realizar cambios sustantivos en el corto y mediano plazos. Se trata… de ligar más financiamiento a mejores resultados, más titulación de profesores a mayor exigencia académica, más infraestructura a ambientes de aprendizaje de mayor calidad”.

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El reto está lanzado. La gestión de Garnier pone a la política educativa en el rumbo adecuado. Es necesario evaluar, rectificar y consolidar sus logros pero sobre todo adquirir una intensidad que nos permita alcanzar un salto cualitativo.

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