Opinión

EDITORIAL

Salarios del gabinete

Actualizado el 09 de junio de 2017 a las 10:00 pm

Una vez más se demostró la incapacidad de plantearnos con seriedad el tema de las remuneraciones en el Estado

Al gobierno le resulta más fácil aumentar los ingresos de sus colaboradores mediante artificiosos pluses salariales que encarar a la opinión pública con valentía

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El proyecto redactado para aumentar los salarios de los ministros y otros altos funcionarios demostró, una vez más, la incapacidad de plantearnos con seriedad el tema de las remuneraciones en el Estado. Esa es una tragedia. Al gobierno le resulta mucho más fácil aumentar los ingresos de sus colaboradores mediante artificiosos pluses salariales que encarar a la opinión pública con valentía y explicar la imposibilidad de competir por los mejores profesionales con salarios poco atractivos.

El Poder Ejecutivo, incapaz de plantarse frente a los abusos salariales en las instituciones autónomas y otros rincones del Estado, corrió despavorido apenas surgieron las primeras críticas al proyecto para mejorar la remuneración de los más altos jerarcas. Ni siquiera pausó para explicar la brecha entre los salarios de los ministros y muchos de sus subalternos, tanto mejor remunerados.

También en las instituciones autónomas abundan los funcionarios de menor rango y responsabilidad con el doble de los ingresos. En la Corte Suprema de Justicia no hace falta ser magistrado para ganar más que un ministro y lo mismo sucede en el Tribunal Supremo de Elecciones, para citar algunos ejemplos.

El propio presidente de la República gana ¢5 millones, es decir, poco menos de la mitad de la pensión recientemente asignada a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ningún magistrado se jubila con menos del salario del presidente y lo mismo puede decirse de gran cantidad de jueces. Otros regímenes de privilegio resultaron en pensiones tres veces más altas que el sueldo del mandatario, sin reparar siquiera en que no se trata de funcionarios activos. Los ingresos de esos pensionados son iguales o superiores, sin responsabilidades ni tareas que desempeñar.

En cuanto a los trabajadores activos, no son pocos los funcionarios con ingresos superiores a los del presidente, como algunos médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, con entradas cuatro veces mayores. Por eso, algunos ministros renuncian al salario y prefieren seguir cobrando su pensión o el sueldo de profesor universitario. En esas iniquidades está el verdadero problema, pero hasta ahora el país prefiere disimularlas y algunos sectores se indignan con iniciativas como la comentada, no obstante que algunas pensiones pagarían el salario de tres o cuatro integrantes del gabinete.

Una vez presentado el proyecto al Congreso por el viceministro de la Presidencia Luis Paulino Mora, este diario la dio a conocer al país y surgieron las primeras críticas. Casi de inmediato, el presidente, Luis Guillermo Solís, mató la iniciativa restándole su apoyo. El mandatario negó haberle dado su autorización al “borrador”. A partir de ese momento, todo fue confusión.

El texto también mejoraba los salarios de los diputados y el gobernante. Es legítimo discutir si esos ajustes son necesarios, pero el mandatario cortó de raíz el debate y sus declaraciones traslucen temor a la “politiquería… en año electoral”. Algo sabrá del tema, porque su partido cobró caro a la presidenta Laura Chinchilla el impulso brindado a una propuesta similar.

Pero la politiquería no se agota en la crítica infundada cuyo único propósito es ganar el favor de las masas. La inacción frente a problemas reales, cuya solución urge, también es politiquería. Apenas surgió el escándalo por los sobresueldos concedidos ilegalmente, la administración soltó un torrente de alegatos, entre los cuales no faltó la modestia de las remuneraciones del gabinete. Así, reconoció la existencia del problema, pero ahora se niega a resolverlo.

En medio de la retirada a todo galope, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, procuró aumentar la distancia entre la Casa Presidencial y el proyecto, atribuyéndole la autoría a la Asamblea Legislativa, sin más especificaciones, cuando la entrega del texto por el viceministro está bien probada. La reacción de los diputados no se hizo esperar y Karla Prendas, jefa de la fracción liberacionista, pidió la renuncia de Alfaro. Así, la posibilidad de un debate necesario se esfumó entre el humo de la confrontación política.

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