La campaña del Ministerio de Trabajo a favor del salario mínimo es un ejercicio de congruencia entre la ley y la realidad normada. Existen otras estimaciones pero, según el Ministerio, el 29% de los asalariados no recibe el mínimo fijado por ley. Hasta ahora, faltó voluntad para hacer cumplir la ley y algunos economistas advierten, con razón, sobre el riesgo de crear desempleo si se obliga a los patronos a atenderla, sobre todo en momentos de incipiente recuperación económica.
La advertencia no es caprichosa. La propia ministra de Trabajo, Sandra Piszk, admite el riesgo. Es un simple problema de costos. Es de esperar que el encarecimiento de la mano de obra desestimule su empleo. El problema es que nadie sabe cuánto. El economista Miguel Gutiérrez Saxe, director del programa Estado de la nación , citó un estudio del Banco Mundial, hecho en el 2006, donde se pronostica un aumento del 1% en el desempleo por cada 10% de alza en los salarios mínimos.
Si así fuera, sería un impacto moderado. La reabsorción de los nuevos desempleados, por su número, no parece una meta inalcanzable y el efecto benéfico sobre los índices de pobreza sería significativo. El economista Pablo Sauma, consultor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es todavía más optimista. En su criterio, el salario mínimo es tan bajo que poco se debe temer.
Otros estudiosos señalan la debilidad de la pequeña empresa, empleadora de buena parte de la fuerza laboral carente del salario mínimo. Si los salarios son bajos, también lo son los recursos de estos patronos, muchos de ellos quizá impulsados al incumplimiento por razón de los costos.
El dilema se plantea en todo el mundo, incluyendo el desarrollado. En los países avanzados, los mecanismos de inspección son eficaces y el debate se centra en la fijación óptima de los salarios, no en la necesidad de aplicar la ley. Es, sin embargo, el mismo problema. Una fijación de salarios mínimos al alza siempre convoca el fantasma del desempleo y un exceso puede ser lesivo para los intereses de todos, incluidos los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo lo tiene claro, a juzgar por las declaraciones de su titular. La Ministra dispuso la elaboración de análisis trimestrales para medir el impacto de la campaña sobre el mercado laboral. También ofrecerá ayuda a los patronos dispuestos a enderezar el camino, incluyendo créditos y capacitación. Las inspecciones, por otra parte, tendrán un componente educativo para no centrarse en la mera coacción. Con esas precauciones, el esfuerzo bien vale la pena. Si la mejor aplicación de la ley no produce el desempleo temido por los más pesimistas, su impacto sobre los índices de pobreza puede ser formidable.
Según el más reciente informe del Estado de la nación , el cumplimiento universal de la Ley de Salarios Mínimos rebajaría en más de la mitad el índice de pobreza extrema y en mucho más de un tercio los indicadores generales de pobreza. El estudio parte de una base diferente, porque considera a todos los costarricenses en edad de laborar con ingresos menores al salario mínimo. El realismo también impone reconocer que el cumplimiento universal es una meta ambiciosa, quizá en demasía, pero el cálculo ayuda a comprender los objetivos de la ministra Piszk y las razones que la impulsan a asumir el riesgo de los posibles efectos negativos de la nueva política.
Importa, también, la coherencia entre la realidad y la ley. Amén de los beneficios sociales aparejados a la iniciativa, el cumplimiento del articulado es un beneficio en sí mismo por su aporte al fortalecimiento de la institucionalidad. La meta del Ministerio de Trabajo es ejecutar 17.000 inspecciones en el transcurso de los próximos 12 meses. Si tiene éxito, el país estará en deuda con la Ministra.