EscucharEn medio de la consternación causada por la invasión nicaraguense en isla Calero y la conmoción que siguió a la sentencia contra la mina en Crucitas, el país solo advirtió de paso la tragicomedia escenificada en las instalaciones de mayor seguridad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El “búnker” de la CCSS, así llamado por exageración o ironía, no ofreció resistencia alguna a un grupo de ladrones empeñados en apoderarse de 178 kilos de pseudoefedrina. La sustancia se utiliza legalmente para fabricar jarabes contra la tos e ilegalmente para hacer metanfetamina, una peligrosa droga sintética, vendida en el mercado negro, con enormes márgenes de ganancia. La noticia se dio a conocer el sábado pasado, pero el robo ocurrió en la madrugada del 30 de octubre o en las últimas horas del 29.
La cantidad de pseudoefedrina sustraída de la bodega de la CCSS vale unos $534.000 en el mercado negro y, luego de procesada, puede generar unos $15 millones en ganancias para el narcotráfico.
La banda, sin embargo, no se vio obligada a emplear métodos sofisticados para echar mano del producto. Cortaron las mallas, forzaron los portones, treparon a un escritorio para desactivar la alarma, encontraron las llaves necesarias para eliminar el último obstáculo e hicieron varios viajes entre la bodega y un vehículo estacionado en el exterior para cargar los siete tambores de droga. Fue como robar en un tramo del mercado, pero más fácil y mucho más rentable.
El robo es una verguenza en sí mismo, pero es mucho más que eso si se considera que ocurre por segunda vez en un año. Luego del primer incidente, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) estuvo a punto de negar a la Caja los permisos requeridos para importar un nuevo embarque. Los concedió previa advertencia de la necesidad de construir el “búnker”, guardar con celo el secreto de su ubicación y dotarlo de las previsiones requeridas para proteger las sustancias almacenadas.
Todos, pues, estaban prevenidos, pero al parecer no pensaron en lo obvio. Ejecutado el robo, las primeras sospechas se proyectan sobre algún partícipe interno, conocedor de la ubicación de la sustancia y de las medidas adoptadas para salvaguardarla. Las investigaciones, si prosperan, confirmarán o descartarán la hipótesis, pero es difícil imaginar el robo sin acceso a información confidencial de la Caja.
De nada sirven las gruesas paredes de concreto, las barras y mallas de acero cuando se puede entrar por la puerta. Queda una vez más demostrada la ingenuidad de nuestra Administración Pública frente a los nuevos retos planteados por una delincuencia cada vez más audaz y numerosa.
¿Existirán en la Caja niveles de acceso otorgados de conformidad con investigaciones de antecedentes del personal dedicado a tareas delicadas? ¿Habrá protocolos bien establecidos para la custodia de los bienes de la institución?
En las bodegas donde se ubica el búnker destinado a las sustancias más delicadas –trascendió después del robo de la pseudoefedrina– son frecuentes las sustracciones de fármacos más comunes. Los robos en la bodega de comprimidos son descritos como “regulares”. Con todo, es injusto centrar la atención exclusivamente en la Caja. La desatención de los requerimientos de seguridad es común en otras instituciones encargadas de custodiar instalaciones sensibles y aun vitales.
Hace un par de semanas, el 18 de noviembre, el editorial de este diario comentó el robo de 400 metros de cable en las instalaciones del Instituto Costarricense de Electricidad en Cañas, Guanacaste. El apagón lo sufrió el sur de la capital. Pocos días antes, miles de usuarios de la telefonía celular quedaron sin servicio por una avería en cuya génesis no se descarta la participación de mano criminal.
Escribimos entonces y reiteramos ahora que el país debe ver con preocupación la fragilidad de instalaciones tan básicas, expuestas a la delincuencia común, el terrorismo y, ahora, al narcotráfico.
