EscucharLegisladores de los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana, Frente Amplio y Movimiento Libertario se muestran unidos en el respaldo a una reforma a la Ley de Armas y Explosivos para hacerla más restrictiva y mejorar el control sobre su tenencia.
La iniciativa nace de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. La principal innovación es la creación de un sistema de trazabilidad para facilitar la ubicación de todo tipo de armas. Desde el ingreso del armamento al país, las autoridades deberán estar en capacidad de seguirle el rastro aun cuando pase de manos.
La reforma también establecería licencias diferenciadas para las armas adquiridas con intención de que permanezcan en un lugar específico, como el hogar, y las compradas con el propósito de portarlas. Asimismo, elimina la intermediación del vendedor, y será el comprador quien presente la solicitud de compra, la identificación, el examen psicológico y la certificación del curso práctico al Departamento de Control de Armas.
La propuesta despertará objeciones y la más obvia es la abundancia de armas ilícitas, cuyos propietarios no tienen intención de inscribirlas, especialmente si las utilizan para delinquir. Las armas robadas o extraviadas no podrán ser rastreadas a partir del momento de su sustracción o pérdida y siempre será posible importar armamento ilegal. Los delincuentes, dirán los detractores del control, estarán armados mientras los ciudadanos honrados enfrentan importantes obstáculos para obtener un permiso.
El argumento es falaz. La gran tragedia de las armas es su capacidad de transformar a los ciudadanos decentes en criminales por su sola presencia y disponibilidad. Una discusión entre vecinos por el ladrido de un perro, el reclamo airado de una imprudencia al conducir, excesos en el consumo de licor o la disputa doméstica salida de control son circunstancias frecuentes de homicidios facilitados por la cercanía de un arma.
En esos casos, el perpetrador se convierte en víctima y queda condenado a una vida de arrepentimiento. La ley reconoce el fenómeno cuando contempla como atenuante el estado de emoción violenta. Personas capaces de conducirse normalmente en sociedad, de pronto pierden los estribos y emplean, para fines jamás imaginados, el arma adquirida con la ilusión de protegerse.
La disponibilidad de armas es causa frecuente de accidentes, muchos de los cuales involucran a niños. También en estos casos la tragedia suele ser doble. Cuando el pequeño no se dispara a sí mismo, la víctima de la bala suele ser un amigo o hermanito. Por último, vale la pena mencionar la proximidad de un arma de fuego como catalizadora del suicidio.
Las estadísticas lo confirman. En la mayor parte de los homicidios, la víctima y el victimario se conocían. Un altísimo porcentaje es producto de riñas, accidentes y violencia doméstica. El número de muertes causadas por robos, asaltos y otras manifestaciones de la delincuencia común es siempre mucho menor, si se excluye la cantidad de asesinatos por ajustes de cuentas entre narcotraficantes.
El porcentaje más pequeño, alrededor del 3%, es consecuencia de la legítima defensa, argumento esgrimido para justificar la posesión de las armas utilizadas en la mayoría de los homicidios. La víctima armada también tiene una mayor probabilidad de salir herida de un robo o asalto.
Facilitar la tenencia y portación de armas es una mala política de seguridad pública, aun en un país como el nuestro donde, afortunadamente, no se han sufrido las consecuencias de ataques demenciales perpetrados en otras naciones donde el comercio de armas se hace con toda facilidad.
La iniciativa de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico merece apoyo, con el solo lamento de la oportunidad perdida para hacer aun más difícil la adquisición y tenencia de armas. Una restricción mayor, acompañada de severas penas para quienes no la observen, podría convertir la supuesta ventaja del delincuente armado en una razón para sacarlo por muchos años de la calle.
