El Partido Liberación Nacional apoyó un proyecto de ley para establecer la jubilación adelantada con el fundamental propósito de complacer al Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE). Lo confesó Luis Gerardo Villanueva, jefe de la fracción legislativa oficialista. La confesión no era necesaria, porque el interés de congraciarse con el PASE ya se había traslucido en la oficiosa y precipitada defensa del proyecto por el Ministerio de Hacienda.
Villanueva se abstuvo de ofrecer una confirmación inequívoca del vínculo entre el deseo de complacer al PASE y los votos necesarios para aprobar el plan fiscal. Se trata de “temas distintos”, afirmó poco antes de admitir que “tener acuerdos con las distintas fracciones hace más fácil la aprobación del plan fiscal”.
El PLN, dice su jefe de bancada, siempre fue escéptico frente al proyecto de ley y nunca lo tuvo entre sus prioridades. Les preocupaban “el peso económico y la posibilidad de quebrar los regímenes de pensión”. El asunto les pareció viable luego de efectuadas unas modificaciones cuyo contenido tampoco resiste examen. El PLN y el Gobierno no parecen dispuestos a considerar los riesgos con detenimiento si eso pone en peligro los votos para el paquete tributario.
En corrillos, nadie fuera del PASE se compromete con la defensa del proyecto y muchos confían en su inconstitucionalidad, porque invade la autonomía concedida a la Caja Costarricense de Seguro Social para el manejo del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM). El proyecto, aprobado en primer debate, fue enviado a la Sala IV en consulta, y su rechazo es muy posible.
La “jugada” liberacionista consistiría en comprometer los votos del PASE mediante el apoyo oficial al proyecto de jubilación anticipada y, al mismo tiempo, prender una candelita para que los magistrados impidan la transformación de la iniciativa en ley. Sería una tomadura de pelo para el PASE, quizá merecida. En cualquier caso, el episodio crea graves dudas sobre el estilo de gobierno.
La administración defiende su propuesta tributaria con atendibles razones de responsabilidad fiscal, pero envía al país señales totalmente contradictorias con su respaldo al proyecto de comentario. En el mundo entero, los países procuran elevar la edad de jubilación, no disminuirla. En Costa Rica, la solidez del IVM es objeto de debate y la Superintendencia de Pensiones (Supen) advierte los peligros de la iniciativa del PASE, cuyos representantes faltaron a la verdad cuando anunciaron al país el respaldo de la Supen.
El Gobierno, sin embargo, disimula y se muestra proclive a abandonar, en este caso, la trinchera de la responsabilidad desde donde impulsa la iniciativa tributaria. Quizá la Sala IV y el mecanismo de consulta legislativa, tan criticado por la fracción liberacionista, saquen las castañas del fuego. Es imposible saberlo e irresponsable confiar en semejante salida. El régimen de pensiones, un pilar fundamental de la estabilidad social y política del país, merece un trato mucho más respetuoso.
Ninguna modificación al régimen de pensiones debe ser aprobada solo para congraciarse con un aliado político coyuntural, sobre todo si la reforma crea nuevos derechos cuyas consecuencias no han sido totalmente previstas. Tampoco es responsable aprobar cambios confiando en su eventual fracaso en estrados judiciales, o disimulando las dudas y el escepticismo inicial.
Ninguna reforma es admisible si no responde a estudios actuariales capaces de examinar los efectos sobre diversos aspectos de los complejos y delicados sistemas de jubilación. A cambio de los votos del PASE, la administración y su fracción legislativa comprometen su credibilidad y la seriedad de sus propósitos fiscales. Así siembran duda sobre el buen aprovechamiento de los recursos adicionales pretendidos por el paquete tributario.