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Actualizado el 25 de mayo de 2015 a las 12:00 am

J.P. Morgan argumentó que el país no ha efectuado un ajuste fiscal para asegurar el pago de sus obligaciones y elevó el grado de riesgo de los bonos nacionales

Lo sucedido demanda un cambio en la política fiscal y en la estrategia gubernamental para lograr las reformas necesarias

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“Costa Rica suma otro revés a su reputación crediticia en el mercado internacional”, señaló el semanario El Financiero la semana pasada. El titular surgió de la decisión de uno de los bancos más grandes e influyentes de los Estados Unidos, J.P. Morgan Chase, de incrementar la posición de riesgo de los bonos o activos de Costa Rica.

Próximamente, los títulos de la deuda soberana y posiblemente otros títulos valores emitidos en moneda extranjera por entidades nacionales se clasificarán por debajo ( underweight ) del promedio del mercado ( marketweight ).

La reacción inmediata será un ajuste al alza de las tasas de interés exigidas por el mercado para los títulos costarricenses o –lo que es igual– un ajuste hacia abajo en el precio de esos títulos para garantizar un mayor rendimiento efectivo y compensar el incremento en el riesgo. Esto significa que los tenedores de bonos nacionales habrán sufrido pérdidas de capital y que la emisión de nuevos títulos le saldrá más cara al Estado, pues tendrá que ofrecer mayores tasas de interés.

¿Por qué decidió J.P. Morgan degradar la deuda soberana costarricense en su índice global de bonos de mercados emergentes? La respuesta se podía fácilmente anticipar; menos previsible fue la reacción de las autoridades nacionales en respuesta a la reclasificación.

J.P. Morgan argumentó que el país no ha efectuado un ajuste fiscal para asegurar el pago futuro de sus obligaciones a los acreedores internacionales; que la situación deficitaria venía arrastrándose desde hace ya varios años; que “la hemorragia fiscal” no se solucionaría a corto plazo; que el déficit fiscal sigue creciendo e, incluso, mostró un aumento en el primer trimestre del 2015; y que la tasa de crecimiento del país es inferior a la tasa de expansión potencial para el presente y próximo año. Y es bien sabido –agregamos nosotros– que existe una correlación positiva entre el crecimiento real y la recaudación tributaria.

Las autoridades gubernamentales, en vez de reaccionar a la llamada de atención y hacer un esfuerzo real por reducir el gasto a corto plazo para revertir la tendencia incremental marcada en el primer trimestre del año, más bien aprovecharon para reiterar su inclinación a subir impuestos, en lugar de reducir gastos, y fustigaron a la oposición por no acompañarlas en su insistencia. Esa actitud poco contribuye a atemperar las inquietudes del mercado financiero internacional.

La reacción de la oposición legislativa, reacia a aumentar impuestos sin antes ver un esfuerzo conmensurable en el gasto, fue diferente. La diputada Sandra Piszk compartió la preocupación causada por la reclasificación de la deuda soberana e instó al Gobierno a “rectificar el rumbo, especialmente en el gasto”. Similares declaraciones hicieron otros representantes populares de diversos partidos y, también, dirigentes del sector productivo privado.

Es el Gobierno el que se encuentra en mora. La última decisión de J.P. Morgan se enmarca en un contexto reciente de malas calificaciones. En setiembre del año pasado, la agencia calificadora internacional Moody’s retiró el grado de inversión que había conferido a la deuda soberana costarricense y, posteriormente, Fitch Ratings reclasificó su perspectiva de estable a negativa.

Todas estas acciones afectan nuestra credibilidad financiera. Y eso nos lleva al punto crucial. ¿Qué hacer para recobrarla? La respuesta demanda un cambio en la política fiscal y en la estrategia gubernamental para lograr las reformas necesarias. El Gobierno debe dar muestras de querer contener efectivamente el gasto; estar dispuesto a enfrentar los denominados disparadores del gasto, incluyendo las remuneraciones de los servidores públicos; replantear los proyectos de exenciones y exoneraciones al igual que los gravámenes a ciertos sectores para reducir privilegios; impulsar limitaciones futuras al gasto, déficit y deuda pública mediante las denominadas “reglas fiscales” de tercera generación; y demostrar que sí podrá elaborar un proyecto de presupuesto con “incremento cero”, tal como ha venido pregonando. Sin esas reformas, difícilmente la oposición le aprobaría nuevos impuestos; sin ellas, difícilmente recobraremos la reputación financiera internacional.

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