Opinión

EDITORIAL

Retirada en desorden

Actualizado el 08 de abril de 2015 a las 12:00 am

La ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Gisela Kopper, quedó abandonada en la ahora solitaria trinchera del autoritarismo

Luego de su defensa del proyecto de ley de radio y televisión, el Gobierno le zafó la tabla y anunció el retiro de los peores aspectos de la iniciativa

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La ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Gisela Kopper, debe sentirse exhibida y decepcionada. Menos de 24 horas después de su defensa de la autoritaria ley de radio y televisión propuesta por el Gobierno, le zafaron la tabla y quedó suspendida en el vacío como único baluarte del intento de amordazar a los medios de comunicación.

La ministra defendió, a eso del mediodía del lunes, la imposición de sanciones administrativas, incluida la clausura, a las estaciones de radio y televisión que difundieran noticias “falsas”, a juicio de su Ministerio. El martes por la mañana, el viceministro de la misma cartera, Allan Ruiz, anunció el retiro de ese capítulo del proyecto.

Ambos esgrimieron argumentos absurdos para justificar posiciones tan dispares, pero al viceministro se le olvidó rescatar a su jefa al batirse en retirada. El oprobio es tanto más doloroso porque el autor del proyecto fue el viceministro, con asistencia de asesores de su despacho. El episodio pone en duda el liderazgo de la jerarca y acredita un papel preponderante de su aparente subalterno.

Las declaraciones de Kopper delatan conciencia del atentado contra la libertad de expresión contenido en el proyecto. Intentan distanciar al Ministerio de los procesos disciplinarios y sus graves consecuencias, pero solo logran demostrar absoluta ignorancia de los principios que gobiernan la libertad de expresión en las sociedades democráticas, amén de caer en ridícula contradicción.

“No somos nosotros los que definimos qué es una mentira. Tiene que haber una denuncia, una demanda anterior, alguien tiene que denunciar que hay una noticia falsa o una mentira. Nosotros tenemos que ratificar eso”, expresó la funcionaria. Pero la primera y última frase constituyen un infantil contrasentido. Si “alguien” denuncia, el Ministerio define qué es una mentira.

Como “alguien” puede ser cualquiera, no es difícil echar a andar el formidable aparato represivo del Ministerio, cuyos funcionarios impondrán la “verdad” según ellos la entiendan. Impondrán, también, su concepto del lenguaje “vulgar” y las “buenas costumbres”.

Eso, según la ministra, es “un asunto de ética, de asegurar la ética en toda la función pública y en la transmisión de cualquier noticia”. En otras palabras, la radiodifusión es una “función pública” y la determinación de la verdad a cargo de los burócratas se funda en su libérrima concepción de la “ética”, aunque las consecuencias son drásticamente legales: multas hasta de ¢121 millones, clausura de emisoras y confiscación de sus bienes.

A pocas horas del anuncio de la eliminación de los artículos defendidos ayer, la propia ministra se presentó a la conferencia de prensa después del Consejo de Gobierno y se desdijo, haciendo suyo el abandono de las desafortunadas iniciativas. Con el viceministro a su lado y con la notable ausencia del presidente de la República, la funcionaria hizo hincapié en que la autoría del proyecto es asunto del viceministerio.

La retirada de Ruiz no fue más elegante ni menos contradictoria, aun dejando de lado el abandono de su jefa en la ahora solitaria trinchera del autoritarismo. Ruiz declaró que el menoscabo de la libertad de expresión se incorporó a la ley para “censar la opinión de los sectores”, que las rebatieran y luego eliminarlas del proyecto. En otras palabras, el Gobierno necesitaba saber a ciencia cierta si los costarricenses apreciamos la libertad de expresión y hasta dónde estamos dispuestos a defenderla. Es difícil creerlo.

Las medidas tienen una clara intención autoritaria. O el Gobierno las incorporó para ver si lograba pasarlas o se ha aficionado a tomarle el pelo al país planteando iniciativas contrarias a sus convicciones, a riesgo de quedar muy malparado. Lo primero sería una ofensa a nuestras tradiciones democráticas. Lo segundo, también, con el añadido de un insulto a la inteligencia, destinado a pasar a los anales de la malpraxis política como ejemplo celebérrimo: he aquí un gobierno que fabrica sus propias crisis, para hacer el ridículo ante la ciudadanía y poner en duda sus credenciales democráticas.

En esa tesitura, nos permitimos sugerir el restablecimiento de la pena de muerte, la eliminación de las pensiones alimentarias y la institución de un límite de ingresos para ejercer el sufragio, como mínimo o como máximo, no importa, es solo para su discusión.

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