EscucharUna información de Natasha Cambronero, periodista de La Nación, dio cuenta de ocho altos funcionarios a quienes se les pagó ilegalmente ¢189 millones por prohibición de ejercer como profesionales. En un curioso comentario publicado hoy, en esta misma sección, el ministro de Comunicación califica la información de irresponsable, imprecisa y dañina para el honor de los funcionarios.
El ministro Mauricio Herrera también acusa a la periodista de “ignorar y ocultar” hechos importantes. Según dice, la información omitida consiste en que los funcionarios “ya han reintegrado el dinero, parcial o totalmente, o se encuentran en arreglos de pago, en investigación o procesos de cobro, o las sumas adeudadas son inferiores a las atribuidas por la periodista Cambronero”.
El ministro falta a la verdad y es fácil probarlo. La Nación ha consignado, una y otra vez, las explicaciones del gobierno, incluidos los anuncios de devolución del dinero. Por ejemplo, el 9 de mayo informamos: “La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zuñiga, deberá devolver ¢27 millones al Estado por cobrar un sobresueldo para el cual no calificaba. Otros funcionarios de esta administración recibieron el pago del incentivo, pero ya lo devolvieron o lo harán en el próximo año”.
Pueden el ministro y los lectores consultar las ediciones del 9,10, 12 y 13 de mayo. También las del 28 y 30 de abril o las del 21, 23, 24 y 28 de febrero. El 8 de diciembre del 2016 y el 30 de julio del 2015 son otros ejemplos. En algunos, la devolución fue el titular. Tal es el caso del 24 de febrero: “Viceministra de Vivienda devuelve ¢11 millones pagados de más”.
Tampoco es cierto que el gobierno haya rectificado espontáneamente, como quiere hacer creer don Mauricio. Para llegar donde estamos, hizo falta una cadena de informaciones de prensa, una opinión pública alerta, reacción parlamentaria e intervención de la Procuraduría y la Contraloría. Inicialmente, como ocurrió con la viceministra de la Presidencia, hubo un intento de defender los pagos en exceso y se anunció la devolución parcial de lo cobrado (¢8 millones de ¢27 millones).
Cuando la prensa reveló el caso, la viceministra le restó importancia y dijo merecer el 65% adicional, aunque no era abogada. En las redes sociales publicó gráficos “explicativos”, con base en su interpretación legal. La Casa Presidencial nunca consultó a la Contraloría, que de oficio señaló la impertinencia de los pagos. Zapote ya lo sabía porque, en el Congreso, la contralora, Marta Acosta, lo explicó en presencia de la viceministra y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Otro ministro se mostró dispuesto a devolver alrededor del 15% porque, si bien reconoció no tener derecho a prohibición, intentó un cobro retroactivo por dedicación exclusiva. La diferencia entre un beneficio y otro ronda los ¢3,6 millones. Esa es la suma que el ministro aceptó deber. Otros ¢21,4 millones cobrados de más por prohibición constituirían el pago retroactivo de la dedicación exclusiva. En consecuencia, el funcionario insiste en que solo debe reintegrar ¢3,6 millones. Quizá a eso se refiere Herrera cuando cuestiona montos citados por Natasha Cambronero, pero la Contraloría General de la República niega la procedencia del planteamiento gubernamental.
No hay derecho a prohibición, ni tampoco a dedicación exclusiva y mucho menos con retroactividad una vez descubierto el pago irregular de la prohibición. Ese descubrimiento no fue espontáneo. Hizo falta un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República para aclararlo.
En síntesis, la prensa, la Procuraduría y la Contraloría corrieron el velo. El gobierno no cedió sin resistencia. Lo hizo cuando su mal proceder estuvo bien establecido. Si se evitó el daño a las finanzas públicas, como dice el ministro de Comunicación, no es poco el mérito de Natasha Cambronero.
Según Herrera, los responsables del problema son los Departamentos de Recursos Humanos. La responsabilidad sería, cuando menos, compartida con los miembros del gabinete comprometidos con la defensa del error. Pero el argumento ya lo había esgrimido la viceministra de Gobernación Carmen Muñoz a mediados del 2015, cuando trascendió que se le pagaron ¢11 millones de más por prohibición. Al final, Muñoz hizo un arreglo para devolver el dinero en tres años, sin intereses, pero el escándalo fue mayúsculo. La funcionaria compareció ante los diputados, admitió no tener derecho al cobro y dijo que la jefa de Recursos Humanos se lo reconoció por el solo hecho de ser viceministra.
La afirmación no tiene sentido. ¿A quién se le ocurre pagar la prohibición del ejercicio profesional a quien no está habilitado para ejercer una profesión? Pero si Recursos Humanos cometió ese inexplicable error hace casi dos años, ¿cómo no se le ocurrió al gobierno revisar el resto de la planilla?
Como mínimo, la omisión desmiente al ministro de Comunicación cuando dice: “El gobierno de la República enfrenta con responsabilidad y seriedad el problema de las compensaciones salariales a jerarcas por la prohibición del ejercicio profesional”. Casi dos años pasaron desde el caso de Muñoz. El antecedente, idéntico, solo sirvió para ensayar las respuestas ofrecidas ahora: la culpa es de Recursos Humanos, nadie pidió el pago adicional y lo recibido en exceso será devuelto.
Según Herrera, la administración Solís Rivera “identifica el problema, lo reconoce, ordena investigaciones y los jerarcas aludidos que han recibido pagos improcedentes reintegran el dinero recibido de más, o inician los arreglos para hacerlo”. Cada elemento de esa afirmación merece comentario.
El gobierno no “identifica el problema”. Lo hacen la prensa y las instituciones de control. Tampoco “lo reconoce”. Más bien procura argumentos, por lo menos en los primeros casos, para justificar sus actuaciones y encontrar otras formas de acreditar la corrección de los pagos. Los pagos improcedentes se reintegran, pero tampoco existe la posibilidad de hacer lo contrario. Aun así, en algunos casos la resistencia es clara y el reintegro solo se produce cuando la Contraloría establece la imposibilidad de pagar retroactivamente otro plus salarial.
Nuestro editorial del 10 de mayo, dice el ministro Herrera, es equivocado y temerario cuando presume la intención de justificar las anomalías de la actualidad con la divulgación de situaciones similares ocurridas en el pasado. El gobierno del cambio, decía el editorial, está empeñado en probar que nada ha cambiado porque despliega esfuerzos para demostrar que administraciones anteriores incurrieron en las mismas anomalías.
“No es una vendetta para empatar con irregularidades cometidas en administraciones anteriores, pero sí es un esfuerzo para dimensionar el problema, cuantificar el daño que significó el que ese dinero no hubiese sido devuelto e iniciar gestiones de cobro en todos los casos”, afirma el funcionario.
Pero el propio Herrera señaló, cuando anunció el “estudio”, que la mayoría de casos están prescritos. En otras palabras, la cuantificación del daño y el inicio de gestiones de cobro carecen de sentido, salvo en contadas situaciones. No puede extrañarse el ministro de que se adivine el propósito de utilizar la información para justificar las actuales anomalías.
“La gran diferencia es que en el pasado el problema no fue atendido, ni corregido y mucho menos las sumas pagadas de más fueron reintegradas”, escribe Herrera. No, la gran diferencia es que en el pasado la prensa no se dio cuenta.
