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EDITORIAL

Responsabilidad presidencial

Actualizado el 15 de enero de 2015 a las 12:00 am

El presidente desmintió que pretenda alejar a la procuradora del cargo, pero mostró desinterés por esclarecer el ofrecimiento de una embajada a la funcionaria

Sorprende que, ante hechos tan graves, ejecutados sin su conocimiento, el mandatario no muestre intención de aclararlos

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El viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, admite haber propuesto a la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, la posibilidad de nombrarla embajadora. El ofrecimiento parece un intento de deshacerse de una funcionaria incómoda, apegada a la independencia exigida por ley a quien ocupe su cargo, que ha presidido sobre dos dictámenes contrarios a la opinión de la Casa Presidencial en temas fundamentales.

Para desvirtuar esa impresión, Soley respondió a la prensa que el ofrecimiento es una posibilidad para el futuro, cuando a Brenes se le venza el nombramiento, y lo plantea como un “reconocimiento a su trayectoria”. En ese caso, la propuesta es igual de grave. El ofrecimiento de futuros premios a la procuradora, cuyos dictámenes afectan la labor del Gobierno al punto de ser vinculantes en los casos señalados por ley, es inadmisible.

La propuesta, salida de la nada, cuando todavía falta más de un año para el vencimiento del nombramiento de Brenes, es grave, no importa si la intención era lograr una aceptación inmediata o futura, o simplemente engolosinarla con la posibilidad de ser embajadora.

Si el Ejecutivo no admite la gravedad de lo sucedido, nada le impediría ofrecer bonitos cargos públicos, presentes o futuros, a la contralora general o a los jueces de la República, para poner dos ejemplos claramente inaceptables, tanto como la sugerencia hecha a la procuradora.

El presidente, Luis Guillermo Solís, dice no saber nada de la conversación entre Soley y Brenes. Tampoco ha pedido detalles. Sorprende que, ante hechos tan graves, ejecutados sin su conocimiento, el mandatario no muestre interés por esclarecerlos. Los detalles son mucho más ricos de lo que ha podido divulgar la prensa, dada la discreción de todos los involucrados. Hasta ahora, todo lo publicado sobre el caso es producto de las declaraciones del propio Soley ante cuestionamientos de este periódico. Es una versión muy parcial y ya suficientemente grave.

El presidente se reunió con la procuradora el pasado lunes, seis días después de la cita con el viceministro. Si el mandatario no conoce detalles, será porque no aprovechó la reunión para profundizar en el tema, pero no hay duda de que lo discutieron. El propio gobernante dice haber desmentido, en el curso de la cita, la existencia de una “voluntad del presidente de la República” de alejar a la funcionaria del cargo.

Después de la reunión en la Casa Presidencial, la procuradora declaró que no comentaría el contenido de su conversación con el viceministro “por consideración al presidente”. Es un silencio elocuente. Al mandatario le corresponde llenar los vacíos, esclarecer las actuaciones del gabinete en su ausencia y actuar según corresponda.

Es imposible dejar de discrepar con el presidente cuando dice que su obligación llega hasta el desmentido de su voluntad personal de alejar a Brenes del cargo. Su responsabilidad va más allá. Cuando menos, debe comunicar al país su valoración del ofrecimiento de la embajada, sea como medio para lograr la salida inmediata de la procuradora o como “reconocimiento” al final de su gestión. También debe indagar los detalles, para saber si hubo algún otro tipo de presión sobre la funcionaria.

Hechas las averiguaciones, y aun basándose solo en los detalles que ya son de dominio público por boca del propio viceministro, su responsabilidad es adoptar las medidas correspondientes, si Soley no acepta el llamado a la renuncia formulado por el diputado Ottón Solís, fundador del partido de gobierno.

También es importante saber si insistirá en la idea de abrir un concurso público para designar al nuevo procurador de la Ética, en lugar de hacer el nombramiento como siempre, mediante ascenso o concurso interno, con la escogencia final a cargo de la procuradora. La legalidad del concurso propuesto por el viceministro Soley es, en sí misma, cuestionable, porque se trata de cargos regidos por el Servicio Civil, pero ese es otro tema. Interesa más saber si la Casa Presidencial insistirá en intervenir en la Procuraduría.

Como es evidente, la responsabilidad del mandatario va mucho más allá del desmentido ofrecido a la procuradora. Hechos tan graves, ejecutados sin su conocimiento, lastiman su autoridad y menoscaban la promesa de respeto a la ética en el Gobierno.

De paso, convendría aclarar las razones de la insatisfacción de la Casa Presidencial con la procuradora. Los más altos funcionarios de la Administración han tenido palabras de elogio para la funcionaria, pero parecen dar por descontada su salida cuando expire el nombramiento. Soley está pensando en ella como embajadora y el presidente fue cuidadoso al enfatizar que le transmitió su deseo de trabajar en conjunto “durante el período del cargo”.

¿Por qué no más allá, si del presidente depende volver a nominarla para que el Congreso la ratifique, sobre todo en consideración a los elogios de Soley, en cuya opinión el Estado no debe perder a tan excelente funcionaria? ¿Por qué perderla como procuradora y ganarla como embajadora, quizá en un país de poca importancia y por el breve periodo entre el vencimiento de su cargo actual y el fin del plazo cuatrienal del Gobierno? ¿Cuál es el perfil del reemplazo avizorado por la Presidencia? La Asamblea Legislativa debe planteárselo con detenimiento cuando se le pida la ratificación de quien sea. Una Procuraduría dócil no contribuye a fortalecer la institucionalidad.

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