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EDITORIAL

Responsabilidad en la Caja

Actualizado el 18 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Los sobresueldos absorben ¢22.000 millones de los ¢53.000 millones destinados por la seguridad social al pago de salarios

Los beneficios son tantos que la Caja se vio obligada a comenzar por identificarlos, investigar su origen y hacer un mapa de la situación vigente

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El 41% del gasto en salarios de la Caja Costarricense de Seguro Social responde a los sobresueldos aprobados a lo largo de los años. En total, hay 39 beneficios de esa naturaleza, otorgados por razones que van desde el pago a los cajeros para cubrir diferencias en los cierres, hasta la compensación por trabajar en zonas alejadas y el incentivo por ofrecer consulta externa.

El desorden imperante es obvio. Lo señaló la comisión de notables designada para estudiar la crisis financiera de la institución y también el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde los beneficios sobre el salario se identifican entre los detonantes de la crisis. La comisión hace un llamado para “simplificar y hacer más transparentes los pluses” salariales.

La tarea no es sencilla. La crisis de la seguridad social pone en evidencia la extensión del desorden imperante y, en buena hora, la actual administración parece decidida a encontrar soluciones. Los problemas son producto de muchos años de concesiones hechas bajo presión de los sindicatos y, con frecuencia, en busca de objetivos políticos inmediatos.

La política salarial y de contrataciones de la administración 2006-2010 se ha convertido en emblema de ese proceder, pero la crisis actual se gestó a lo largo de décadas. Once beneficios fueron incorporados a la ley por congresos acostumbrados a aprobar derechos sin preocuparse por financiarlos. Veinte nacen de reformas a los reglamentos y otros acuerdos de la junta directiva. Ocho son producto de decretos ejecutivos y decisiones de la administración.

Los beneficios son tantos y sus fuentes tan variadas que la Caja se vio obligada a comenzar por identificarlos, investigar su origen y hacer un mapa de la situación vigente. Por lo pronto, no se sabe, siquiera, si las razones de origen de algunos beneficios subsisten hasta nuestros días. Por ejemplo, hay pagos por laborar en zonas consideradas como lejanas cuando se concedió el beneficio, y hoy plenamente integradas a la modernidad y el desarrollo, con disponibilidad de todos los servicios.

Según el gerente administrativo, Luis Gerardo Campos, el ordenamiento de los sobresueldos exigió una primera etapa dedicada a precisar el número de beneficios, su origen y forma de pago. Sobre esa base se hará el análisis de la justificación y vigencia de cada sobresueldo. “Es un trabajo que implica ir a las actas de negociación y a los reglamentos”, explica el funcionario.

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La decisión de hacer el estudio merece celebración, pero no deja de ser inquietante el desconocimiento imperante hasta ahora sobre una materia tan esencial. El caso explica, en mucho, la profundidad de la crisis financiera y su irrupción en el debate público, casi como una sorpresa. Si la administración y los directores del pasado no tuvieron claro el panorama, la concesión de cada nuevo beneficio se hizo a ciegas, sin considerar el impacto adicional sobre las bases de una construcción ya debilitada por decisiones anteriores.

Hoy los sobresueldos absorben ¢22.000 millones de los ¢53.000 millones destinados por la Caja al pago de salarios. Distan de ser los únicos beneficios concedidos a los empleados de la institución. Las incapacidades, de las cuales tanto se abusa, y la ampliación del tope de cesantía, son dos ejemplos de las cargas financieras impuestas a la Caja por encima de los pluses salariales.

La actual administración también se ha visto obligada a poner orden en esas materias. La junta directiva planteó la reducción del tope de cesantía de 20 a 12 años a partir del 2015 y logró un dramático ahorro en el rubro de incapacidades mediante la aplicación de un dictamen de la Procuraduría General de la República emitido, por primera vez, en enero del 2000. La presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda, es objeto de ataques del sindicato médico por gestionar ante la Sala IV la inconstitucionalidad de la ley donde se les conceden incosteables ventajas laborales. La institución decidió congelar las plazas vacantes y prometió abstenerse de nuevas contrataciones este año. Son medidas responsables, luego de tantos años de irresponsabilidad.

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