EscucharA simple vista, el acuerdo suscrito entre seis partidos opositores con vistas a las elecciones legislativas del primero de mayo y el informe de labores presentado al día siguiente por el presidente, Luis Guillermo Solís, reflejan discrepancias insalvables en materia fiscal. En la superficie, pareciera que la oposición solo desea reducir y racionalizar el gasto sin tocar la recaudación; el gobierno, aumentar la recaudación sin reducir y racionalizar el gasto. Sin embargo, una lectura cuidadosa de ambos documentos revela algo distinto: existe una coincidencia conceptual amplia entre las visiones de la oposición y del oficialismo. El gran reto es político, y pasa por vencer los obstáculos que, hasta ahora, han impedido construir, sobre la base de lo común, un acuerdo amplio y una verdadera “hoja de ruta” hacia una reforma fiscal responsable, viable y sostenible.
El acuerdo de la oposición, que le permitió dominar el Directorio legislativo y condujo al diputado Antonio Álvarez Desanti, de Liberación Nacional, a su presidencia, tiene como estandarte principal dos proyectos. Su exigencia es que se aprueben en primer debate antes de tramitar los nuevos impuestos que propone el gobierno. Uno de los planes ajustaría las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional; el otro, limitaría una serie de disparadores del gasto, onerosos e injustos, que encarecen desbocadamente el rubro del empleo estatal. Además, la alianza coincide con el Ejecutivo en renovar el tributo sobre las personas jurídicas, destinado a financiar la seguridad pública, tramitar el proyecto de fraude fiscal –siempre que se garantice la confidencialidad de las listas de accionistas beneficiarios finales– e impulsar el establecimiento de reglas para contener el crecimiento presupuestario.
En su discurso, el presidente Solís se centró en los nuevos impuestos, e incluso cometió la imprudencia de decir que el gobierno ya “había hecho su parte” en materia fiscal, por lo cual la responsabilidad de resolverlo recaía ahora sobre los diputados, un rechazo de responsabilidad y liderazgo preocupante. Su principal argumento para insistir con exclusividad en los tributos fue el siguiente: como, según sus cálculos (no del todo exactos), el 95% de los gastos son “rígidos”, los esfuerzos de ahorros discrecionales solo pueden aplicarse al 5% restante; el gobierno ya ha recortado todo lo que era posible en este estrecho territorio; por tanto, ir más allá sería catastrófico.
En palabras de Solís, “no es por medio de un recorte draconiano del gasto público que se alcanzará la sostenibilidad fiscal”. Coincidimos plenamente con ellas. Por esto, precisamente, es urgente actuar sobre los gastos de ese 95% “rígido”, tal como plantea la oposición. Poner límites a las anualidades excesivas, a las pensiones de lujo y a los privilegios odiosos de ciertas convenciones colectivas, como proponen los opositores, es, entre otras cosas, una forma ordenada y justa de comenzar a caminar por la ruta de la sostenibilidad fiscal. Así se evitaría tener que recortar, aún más, las inversiones o los gastos corrientes, que sí son medidas draconianas con pernicioso impacto sobre los más débiles y sobre el futuro del país.
Estamos prácticamente seguros de que el gobierno conoce esta realidad. Por algo dos de los ocho proyectos que mencionó el presidente como demostración de que había cumplido con sus responsabilidades también pretenden introducir límites en pensiones y empleo público. El problema es que esas iniciativas son extremadamente débiles; peor aún, la ministra de Planificación dijo hace meses que no eran prioridad oficial (de hecho ocupan el final de la lista) porque su efecto no sería inmediato, sin reparar, como dijo el lunes el diputado Álvarez Desanti, que “el largo plazo comienza hoy”. Si el gobierno ha marginado ambos planes es porque teme a la reacción de quienes han disfrutado los excesivos privilegios que pagamos todos los contribuyentes. Es decir, el cálculo inmediato ha prevalecido sobre el interés público extendido.
La existencia de iniciativas de racionalización del gasto tanto del lado de la oposición (las mejores) como del Ejecutivo (aunque relegadas), es una de las razones que permiten identificar coincidencias conceptuales entre ambos. Las otras son reconocer la urgencia del problema fiscal, la insostenibilidad del endeudamiento público creciente, la necesidad de mejorar la recaudación y el imperativo de que se toquen tanto los gastos y su estructura como los ingresos, aunque algunos diputados opositores parecen absolutamente inflexibles en esto último. Es decir, las principales discrepancias son de prioridades, grados, ritmos y secuencias. No se pueden desdeñar, pero al menos abren oportunidad para la negociación. Será en extremo difícil, pero hay posibilidades de éxitos acumulativos, sobre una base de confianza razonable.
Para avanzar por el camino de las discusiones serias y los acuerdos posibles, el presidente y sus colaboradores deberán empezar por reconocer que sus responsabilidades son absolutamente centrales. Además, deberán estar dispuestos a replantear el orden de prioridades, asumir el costo político de enfrentar intereses y privilegios que no se han atrevido a tocar, e incorporar a los diputados del PAC a esta tarea. Hasta ahora, sin embargo, la retórica de algunos de ellos ha sido de intransigencia y confrontación, como si desearan azuzar el odio social y lanzar a sectores sindicales contra los diputados opositores, con el gobierno como testigo o, peor aún, cómplice. Los partidos miembros de la alianza, por su parte, deben ver el documento que permitió forjarla no como una camisa de fuerza, sino como un punto de referencia clave, que debe respetarse en lo esencial, pero negociarse con flexibilidad y realismo.
En una coyuntura fiscal como la presente, que plantea matices muy críticos, siempre habrá grupos y personas, en todos los bandos, determinados a extremar las diferencias y los enfrentamientos. A ellos deben oponerse los sectores, dirigentes y funcionarios responsables. El Ejecutivo debe asumir, con la máxima dedicación y seriedad, la enorme tarea que le corresponde; la oposición, honrar la suya. Y los ciudadanos debemos exigir que la reforma fiscal, que implicará una mayor transferencia de recursos privados al Estado, no se convierta en una simple vía para salir de apuros urgentes y mantener por tiempo más largo privilegios inaceptables e insostenibles, sino en un instrumento de estabilidad, desarrollo y justicia. Debemos resetear la discusión fiscal con rapidez.
