EscucharCinco fracciones legislativas pidieron la renuncia al ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, a consecuencia de la fingida licitación para comunicar la carretera a Limón con el nuevo puerto de contenedores de Moín. A juzgar por las reacciones de la presidencia, la dimisión no está cerca.
Sin embargo, hay otro ministro cuya permanencia en el cargo resulta inexplicable, no porque haya incurrido en hechos cuestionables, sino por la burla de la cual ha sido objeto. Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, está pintado en la pared para sus compañeros de gabinete, en particular para el ministro de la Presidencia y también para el presidente de la República.
El gobierno introdujo, deliberadamente, coordenadas erróneas en la licitación de la vía hacia el nuevo puerto con la intención de evadir el control ambiental. Eso no se discute. Lo prueban los documentos y los hechos, pero, sobre todo, lo confirma la confesión de Villalta. El Poder Ejecutivo no confía en la celeridad de los trámites en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y diseñó un artificio para saltárselos.
Según la Ley Orgánica del Ambiente (N.° 7554) del 13 de noviembre de 1995, la Setena es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae). Si bien ese grado de desconcentración implica autonomía para el cumplimiento y ejecución de las competencias expresamente asignadas a la Setena, el órgano rector del sector sigue siendo el Minae y la autoridad política está en manos del ministro. Al parecer, eso no le merece ningún respeto a la Casa Presidencial y, tampoco, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La Setena y su órgano rector, el Minae, son un chiste o, para ser caritativos, un estorbo.
La misma crítica han formulado los inversionistas privados, pero, en su caso, el cumplimiento es exigido y casi cualquier falsedad incorporada a los documentos, delictiva. Eso conduce a preguntar por la autoridad moral del ministro Gutiérrez, de la Setena y del Minae para reclamar futuros incumplimientos y ejercer eficazmente la rectoría del sector ambiental.
Pero el funcionario permanece callado, como si con él no fuera la cosa. Tampoco se escucha la voz de la Setena ni hay protestas por las acusaciones de su inoperancia e ineficiencia expresadas desde los más altos niveles del gobierno. Las autoridades ambientales ni siquiera han salido a explicar que, en este caso, concedieron los permisos originales en solo cuatro meses.
Esa celeridad pudo ser mayor si el gobierno hubiera conversado con la Setena sobre la necesidad de los permisos que, a la postre, no fueron necesarios. La Setena se ha mostrado comprensiva y colaboradora con las obras públicas y hasta ha procurado ampliar los recursos dedicados a tramitar permisos cuando los pide el gobierno.
La página propagandística del Poder Ejecutivo en la Internet, titulada GobiernoCR, cuyo lema es “por una ciudadanía mejor informada”, dio cuenta, el año pasado, de que “la Setena se fortalece para dar atención prioritaria a proyectos de inversión pública”. Según la información, la entidad “mejora tiempos de respuesta en trámites ambientales para proyectos de obra pública, gracias a que cuenta con más personal de apoyo”. También “se mejora la coordinación interinstitucional para encontrar soluciones a dificultades en trámites”.
La política anunciada con tanto entusiasmo es miope hasta el grado de la tontería, porque si la Setena se ha constituido en obstáculo, poco se gana con garantizar que funcione cuando el permiso lo pide el gobierno. Cuantiosas inversiones del sector privado también requieren de trámites expeditos. La Setena debe ser reformada, pero, cuando menos, queda clara la voluntad de darle al gobierno un trato especial. Esas buenas intenciones se vieron traicionadas cuando el Ejecutivo prefirió burlar a las autoridades ambientales para construir la carreterita a Moín. El silencio del ministro de Ambiente es ensordecedor, tanto como el de los ambientalistas y la propia Setena.
