EscucharEl Ministerio Público goza de total independencia, aun frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así debe ser, dadas sus delicadísimas funciones. Si bien se trata de un órgano acusador, su principal obligación es el establecimiento de la verdad. En el cumplimiento de esa misión no debe ser objeto de presiones.
Pero la Corte Plena no pidió al fiscal general, Jorge Chavarría, detalles de sonados y trascendentales casos en conocimiento de su despacho. Simplemente, pidió explicaciones sobre la lentitud del trámite. Las consultas se referían a la gestión, no al fondo de los asuntos. Se le pidió rendir cuentas sobre la eficacia en el esclarecimiento de las denuncias, no sobre decisiones concretas.
“Pregunté a don Jorge para que se refiriera a cuáles son los problemas en la investigación. Cuáles son las dificultades, pues veo una situación de indeterminación. Ni se acusa ni se desestima. No pretendía detalles de los casos, sino de dificultades, y eso tiene que ver con el principio de justicia pronta y cumplida”, dijo el magistrado Fernando Cruz, de la Sala Constitucional.
El fiscal se negó a responder. En posteriores declaraciones a la prensa, dijo no estar obligado a rendir cuentas ante un “órgano político”, sino ante la ciudadanía. “Esa instancia no era la adecuada. No voy a dar cuentas de un caso ante la Corte, ni en la Asamblea Legislativa”.
La declaración parece contradictoria. Haciendo a un lado que los magistrados no pidieron cuentas de un caso específico, sino de la lentísima tramitación de varios, las preguntas le fueron planteadas al fiscal Chavarría durante la presentación de su informe de labores del año 2015. Ese ejercicio sería completamente inútil si los magistrados no tuvieran derecho a preguntar sobre los hechos informados. Es mucho mejor ahorrarse la comparecencia, el tiempo del fiscal y el de la Corte Plena si sus integrantes fueran convidados de piedra a un informe de labores que no admite discusión.
Por otra parte, el fiscal dijo sentirse obligado a rendir cuentas ante la ciudadanía, pero no aprovechó la oportunidad para hacerlo. Cuando los magistrados preguntaron sobre el estancamiento de importantes casos de gran repercusión nacional, dieron voz a una preocupación muy extendida entre los ciudadanos a quienes don Jorge se siente obligado a responder.
Muchos costarricenses se vienen preguntando, antes de que lo hicieran los magistrados en la audiencia del 27 de junio, por qué no hay avance en casos como el de la trocha fronteriza, para mencionar solo uno de los más sonados. Si el fiscal Chavarría está en disposición de rendir cuentas ante los costarricenses, frustrados también por una larga secuencia de fracasos en la persecución de delitos, no le faltarán preguntas.
Aparte de casos sonados hay otros menos discutidos por la opinión pública, pero de gran trascendencia para el país, como la denuncia de un supuesto maquillaje de datos financieros en la Caja Costarricense de Seguro Social, planteada en el 2012 por un funcionario de la institución.
Pero el fiscal, no obstante el deber de rendir cuentas ante la ciudadanía, debió responder ante los magistrados. El momento del informe de labores es idóneo para un cuestionamiento respetuoso pero bien estructurado, a cargo de personas enteradas de cuanto sucede en la Corte y de los trámites usuales. Como bien apunta el magistrado José Manuel Arroyo: “Todos, OIJ, Fiscalía o jueces, tenemos obligación de dar cuentas del porqué un asunto no se define”.
Molesto por lo sucedido, el fiscal Chavarría afirmó: “Esto se está volviendo tan cansado que mejor renuncio (…). No me aferro a nada. Estoy jubilado desde hace diez años. No necesito estar aquí”. Quizá en eso sí tenga razón.
