EscucharEn las últimas semanas, el Gobierno fue condenado por la Sala Constitucional en tres ocasiones por violar el acceso a información pública, en alguna de ellas con graves reprimendas de los magistrados. En todos los casos, la Sala ordenó la entrega inmediata de la información.
Nada tienen de sorprendente los fallos. Son completamente consistentes con la línea jurisprudencial adoptada por los magistrados en defensa del libre acceso a la información de interés público en un país sin ejército, donde las materias cobijadas por el secreto de Estado son, necesariamente, escasas.
El recurso de amparo no es la solución idónea para el recurrente conflicto entre la administración pública y los ciudadanos interesados en conocer informaciones a las cuales tienen todo el derecho en una nación democrática. La Sala Constitucional maneja una agenda nutrida y los procesos consumen tiempo, cuando el acceso a la información de interés público debe ser inmediato.
Para resolver el problema, no es necesaria la intervención del relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos ni la creación de una “comisión de notables”, nombrada por el Gobierno. Basta emitir una directriz presidencial para que los funcionarios entreguen la información sin obligar a los ciudadanos a acudir a la Sala Constitucional, salvo los pocos casos en que el ordenamiento jurídico establece excepciones.
Pero el mismo Gobierno que podría emitir esa directriz para evitar nuevas condenas y acatar la reiterada jurisprudencial de la Sala Constitucional insiste en la necesidad de aprobar una ley de acceso a la información. Es preciso estar en guardia porque una ley de esa naturaleza perfectamente puede cumplir el objetivo contrario. Basta proclamar en ella los mejores propósitos y luego establecer un listado de excepciones.
No es aventurado pensar que ese será el resultado. Si el Gobierno ahora se siente comprometido con el derecho al libre acceso a la información, basta con que se abstenga de violarlo, siguiendo los bien delimitados preceptos de la Sala Constitucional. La única razón para insistir en la redacción de una ley es imponer las restricciones a cuya existencia la administración aspira, según se desprende de sus actuaciones y de las justificaciones para no entregar la lista de visitantes a la Casa Presidencial, los datos de hacinamiento en las cárceles y la información administrativa del Congreso.
Las excepciones que podemos esperar solo servirán para justificar nuevas negativas a entregar información de interés público. Nos veremos obligados a acudir con más frecuencia a la Sala y se entorpecerá el debate nacional. Ante la condena, el funcionario siempre podrá alegar que se creyó autorizado por la ley para reservarse la información.
Es mejor seguir como estamos, confiados en que la Sala Constitucional obligará a la administración pública a entregar la información, aunque el proceso imponga una demora. Si el Gobierno emitiera una directriz para facilitar la entrega de datos, miel sobre hojuelas.
Otro tanto puede decirse del establecimiento de la cláusula de conciencia para facultar al periodista a renunciar, con responsabilidad patronal, cuando se le quiera obligar a hacer publicaciones contrarias a sus convicciones o el medio de comunicación cambie su línea de manera incompatible con ellas.
Este diario ha defendido el establecimiento de la cláusula de conciencia y los directores de medios la plantearon, hace ya quince años, en un proyecto de ley destinado a perfeccionar la libertad de prensa, el cual, por cierto, fue completamente ignorado. No hace falta una comisión de sabios ni el concurso del relator, pero la insistencia en el tema conduce a pensar en la posibilidad de otros propósitos, que perfectamente pueden consistir en sembrar el caos en los medios de comunicación y dificultarles la fidelidad a su línea informativa, editorial y hasta ética. No es posible descartar una propuesta muy distante de la cláusula de conciencia practicada en todas las naciones democráticas donde existe.
Luego del debate de la ley mordaza y la actitud de confrontación del Gobierno frente a los medios, además de las condenas citadas, no existe el ambiente de confianza necesario para estas reformas. La tarea inevitable y necesaria es el ordenamiento del espectro, incluido el ajuste del canon pagado por quienes lo utilizan, con la creación de un órgano independiente del Poder Ejecutivo que asigne las frecuencias sin discriminación, con transparencia, por un tiempo suficiente para no convertir el plazo en una espada de Damocles y sin controles ilegítimos sobre el contenido. Nada más.
