Opinión

EDITORIAL

Reforma peligrosa

Actualizado el 19 de noviembre de 2013 a las 12:05 am

El proyecto de Código Procesal Civil debe ser modificado para salvar al país de los graves peligros que entraña

La norma es una invitación al abuso de los procedimientos, a la irresponsabilidad y al entorpecimiento del desarrollo nacional

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La reforma al Código Procesal Civil abre el portillo para un incremento desmedido de los litigios, entraña el peligro de desnaturalizar la jurisdicción civil y crea graves oportunidades para entorpecer el desarrollo nacional. Es un proyecto mal concebido, de cuyas consecuencias los diputados están a tiempo de salvarnos.

Una brillante opinión jurídica de la Procuraduría General de la República, cuyos razonamientos hacemos nuestros a continuación –abundando en algunos de ellos–, no deja duda sobre la necesidad de reformar la propuesta o, en definitiva, rechazarla.

El proyecto permite a grupos organizados –incluso, sin personalidad jurídica– plantear demandas y exigir medidas cautelares en sede civil. También legitima a cualquiera para accionar en defensa de “intereses difusos”, correspondientes a personas indeterminadas y no específicamente al demandante.

La reforma modificaría, en lo esencial, las materias sometidas a la jurisdicción civil, ampliándolas casi sin límite. La primera consecuencia del cambio, y quizá no sea la más grave, es el entorpecimiento de los juzgados civiles, encargados de resolver conflictos entre particulares y de determinar los derechos que en esa condición les corresponden.

Los eternos procesos civiles de hoy podrían llegar a parecer expeditos si los diputados aprueban la reforma. La amplísima gama de materias discutibles en sede civil crearía, además, infinitas posibilidades de conflicto de competencia con otras jurisdicciones, como la contencioso-administrativa, la laboral y la constitucional. En gran cantidad de casos, antes de obtener una resolución será preciso lograr que los tribunales se pongan de acuerdo sobre cuál de ellos tiene competencia para dictarla.

La complejidad de la situación previsible derrota por completo los pregonados propósitos de la reforma que, casi por ironía, fue promovida como medio para agilizar los procesos judiciales. Algunas de sus normas, como las encaminadas a la adopción de la oralidad, son coherentes con ese objetivo, pero lo hecho con la mano se borra con el codo al proponer, en la práctica, la ampliación de las materias discutibles en sede civil y el indiscriminado aumento de los sujetos legitimados para accionar.

Pero el entorpecimiento de la administración judicial, la consecuente lesión al principio de acceso a la justicia, la inseguridad jurídica derivada de tan amplias posibilidades de demandar y ser demandado, y los potenciales conflictos de competencia entre tribunales no son las peores consecuencias del proyecto. Su aprobación permitiría a, prácticamente, cualquiera exigir la imposición de medidas cautelares, aun antes de presentada la demanda, para obtener protección inmediata a los intereses involucrados, sean subjetivos, colectivos o difusos.

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Para conceder las medidas, al juez le bastará la apariencia de “buen derecho” y podrá hacerlo tanto para evitar el peligro de una pérdida como para asegurar los resultados futuros del proceso. En la práctica, el solicitante no se verá obligado a rendir garantía y contará con un mes para plantear la demanda.

La exigencia de garantía es regla del proyecto, pero las excepciones son tan amplias como la “prueba fehaciente de la seriedad de la pretensión”, la existencia de “motivos fundados para solicitar las medidas cautelares” y los “procesos de interés social”, es decir, los planteados por grupos organizados o en defensa de intereses difusos.

En síntesis, la propuesta es la receta perfecta para obstruir cualquier obra, pública o privada, sin riesgo ni consecuencia para quien lo haga, y puede ser prácticamente cualquiera, por cualquier motivo.

Cuando se trate de proteger derechos e intereses de carácter público o social, el juez podría, de oficio, conceder medidas cautelares. La falta de certeza científica o técnica no le permitiría abstenerse de hacerlo y al demandado le corresponderá probar esa certeza con evidente inversión de las normas probatorias usuales.

La actuación oficiosa del juez en defensa de una de las partes debilita su imparcialidad. El derecho del demandado a defenderse también sufre mengua, pues la medida provisional podría ejecutarse sin audiencia previa ni notificación al afectado.

El proyecto es una invitación al abuso de los procedimientos, a la irresponsabilidad y al entorpecimiento del desarrollo nacional. Los diputados parecen haberse dado cuenta y, pese al avanzado estado del trámite, prometen hacer las modificaciones necesarias. Si no las hicieran, la única opción responsable en manos del Poder Ejecutivo sería interponer el más contundente de los vetos.

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