EscucharEntre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2010, 33 municipalidades cobraron tributos por ¢4,02 millones a los concesionarios de patentes de licores. El promedio es de ¢121.818,18 por cantón, dice un informe de la Contraloría General de la República que, por enésima vez, clama por una reforma de la ley reguladora de la venta de licores, vigente desde hace 75 años.
Los ¢4,02 millones cobrados por 33 gobiernos locales no alcanzarían para pagar el alquiler mensual de una sola patente en las zonas más codiciadas para el establecimiento de bares y centros de diversión. Al amparo de la ley aprobada en 1936, las municipalidades cobran tarifas ridículas, de ¢350 por trimestre en cabeceras de cantón y ¢75 en el resto del territorio, pero los permisos llegan a costar entre ¢1,5 millones y ¢35 millones, dependiendo de la zona.
La venta y alquiler de patentes es un negocio creado artificialmente por el Estado, sin mayor beneficio para la sociedad. Según la Contraloría, los ingresos reales de las 33 municipalidades citadas alcanzaron la suma de ¢165.110,60 millones, de los cuales el tributo de patentes representa un insignificante 0,0024%, insuficiente para financiar, siquiera, la administración de los permisos.
Las cifras demuestran que los grandes beneficiarios del sistema actual son los propietarios de patentes y no las municipalidades. Entre los beneficiados, muchos ni siquiera trabajan detrás de un mostrador para obtener la ganancia, pues la consiguen a fuerza de especulación, alquileres y esfuerzo ajeno.
Las municipalidades solo ganan cuando convocan al remate de nuevos permisos, y a eso se debe la excesiva emisión de patentes, muy por encima de los límites establecidos en la obsoleta ley. Veintinueve de los 81 cantones se excedieron en la concesión de patentes que, de conformidad con la normativa vigente, no debería sobrepasar la proporción de una por cada 300 vecinos. San José, por ejemplo, otorgó 312 patentes de más y Santa Cruz, 273.
La vieja ley también es calificada de obsoleta en este aspecto por quienes señalan la imposibilidad de fijar un criterio de aplicación general, sin considerar las necesidades específicas de cada cantón. Por ejemplo, hay municipalidades con poca población y mucho turismo donde podrían ser insuficientes las patentes otorgadas según el número de habitantes.
El más reciente estudio de la Contraloría no contiene sorpresas ni novedades, solo cifras frescas, aptas para volver a impulsar un debate de décadas. Quizá sea por los fuertes intereses de los patentados o tal vez por la desidia de las administraciones municipales y los diputados, pero la reforma legal ya tarda demasiado. Es uno de tantos temas recurrentes y al parecer eternos de la agenda nacional.
En la corriente legislativa existe un proyecto de ley para sustituir las viejas tarifas por el pago del 1% mensual sobre las ventas brutas de bebidas alcohólicas. Es difícil decir, a simple vista, si el porcentaje es el más adecuado, pero el establecimiento de una relación entre la tarifa y las ventas resuelve el problema de la desproporción entre los ingresos municipales y los beneficios derivados de poseer una patente.
Por otro lado, el proyecto eliminaría al propietario especulador mediante la concesión directa de permisos de expendio de licores, según lo permita la ley, a un establecimiento determinado. En la actualidad, las patentes se otorgan por tiempo indefinido, son transferibles con independencia del establecimiento mercantil y es difícil cancelarlas mientras el poseedor cumpla con el pago del tributo. El conjunto de esas características crea las condiciones para el abuso.
El Congreso tiene bajo trámite otras iniciativas con propósitos similares a los del proyecto citado y podría extraer de ellas las mejores propuestas para incorporarlas a la reforma sobre cuya necesidad ahora insiste, también, la Contraloría General de la República.
