Opinión

EDITORIAL

Reforma a la ley de incentivos médicos

Actualizado el 23 de febrero de 2013 a las 12:00 am

Al Gobierno se le plantea una oportunidad sin precedentes para resolver un problema sobre el cual ha manifestado preocupación

Las comisiones constituidas con los médicos para analizar la ley vigente no deben convertirse en mecanismos de dilación u obstáculo a la acción decidida

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Reforma a la ley de incentivos médicos

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En solo 13 días, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de interpretación auténtica de la Ley de Incentivos para los Profesionales en Ciencias Médicas, y la presidenta Laura Chinchilla le puso el ejecútese. La celeridad se debe a la decisión del Ejecutivo de someter la iniciativa a conocimiento de los diputados en sesiones extraordinarias y al buen ambiente político creado por el temor a una nueva crisis financiera en la Caja Costarricense de Seguro Social.

La interpretación auténtica concede la razón a la Caja en la disputa sobre el cálculo de los pagos por carrera hospitalaria. Según la institución, no se deben tomar en cuenta los ingresos por disponibilidad o guardias, pero los médicos recurrieron a los tribunales, donde se interpretó lo contrario.

La interpretación auténtica reafirma la voluntad legislativa de respaldar la tesis de la Caja y aleja el peligro de fallos judiciales cuyo costo podría ascender a ¢174.000 millones, pero no resuelve uno de los defectos fundamentales de la ley de incentivos: el encadenamiento del salario del personal médico a los aumentos decretados para los funcionarios del Gobierno central.

El problema nació con la ley promulgada en 1982 al calor de una huelga médica. La crisis financiera de la Caja, el efecto depresivo de la ley sobre los salarios pagados por el Gobierno central, que no puede conceder ajustes a sus empleados sin considerar su repercusión automática sobre los ingresos de los médicos, y la excesiva pretensión recogida en las demandas por el cálculo de incentivos pusieron el tema sobre el tapete de discusión.

Las circunstancias están maduras para intentar resolver el problema en sede legislativa. El Gobierno y la Caja han manifestado su preocupación por el encadenamiento de los ajustes salariales, pero ahora cuentan con el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y de importantes fuerzas políticas representadas en el Congreso.

La iniciativa para reformar la ley nace, precisamente, de la oposición. En días recientes, el socialcristiano Luis Fishman introdujo a la corriente legislativa un proyecto de ley para desvincular los aumentos salariales de los médicos de los ajustes fijados para los funcionarios del Gobierno central.

En la exposición de motivos, la iniciativa ofrece un diagnóstico correcto del problema, y en dos sencillos artículos plantea la solución. Cada seis meses, dice la propuesta, el gremio de ciencias médicas recibe, en forma automática, un incremento salarial a la base superior al concedido a quienes laboran en el Gobierno central. Además, si a algún grupo en particular del Gobierno central se le conceden incrementos salariales extraordinarios o específicos, los pluses de los profesionales en ciencias médicas también aumentan. En consecuencia, “es de importancia que el personal médico nacional se separe del reajuste señalado en el artículo 12” de la ley de incentivos vigente.

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Si la oposición tomó la iniciativa, y el apoyo de la ANEP es tanto que más bien anuncia la posibilidad de ejercer presión para impulsar el cambio, al Gobierno se le plantea una oportunidad sin precedentes para resolver un problema sobre el cual ha manifestado preocupación desde su sede en Zapote y desde el despacho de la presidenta ejecutiva de la Caja.

Falta una acción decidida, como la adoptada para convocar con urgencia el proyecto de ley de interpretación auténtica. El diálogo iniciado con los médicos en Casa Presidencial no debe ser obstáculo. Las comisiones constituidas con ellos para analizar la ley vigente podrían convertirse en mecanismos de dilación capaces de conducir al desaprovechamiento de la oportunidad.

La actuación oportuna del Ejecutivo podría impedirlo sin necesidad de renunciar al diálogo.

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