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EDITORIAL

Reforma de incentivos en el Estado

Actualizado el 10 de octubre de 2014 a las 12:00 am

Solo uno de cada cien empleados públicos se perdió el reconocimiento por buen desempeño en el tiempo transcurrido entre el 2007 y el 2012

Sin evaluación de desempeño, no hay rendición de cuentas, y la certeza de que no habrá consecuencias repercute en la calidad de los servicios estatales

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Justo a tiempo para saludar la intención del ministro de Hacienda, Helio Fallas, de enviar al Congreso un proyecto de ley para ordenar el empleo público, este diario publicó datos de la Dirección General del Servicio Civil que demuestran la concesión automática de los incentivos salariales creados para premiar el buen desempeño. Solo uno de cada cien empleados públicos se perdió el reconocimiento en el tiempo transcurrido entre el 2007 y el 2012.

El 99% de los funcionarios, a lo largo de ese quinquenio, recibió la calificación mínima de “bueno” necesaria para obtener el “incentivo”, cuyo propósito queda, de esa forma, totalmente desnaturalizado. A tenor del presupuesto del año entrante, la situación no variará. El plan de gastos destina al rubro ¢267.000 millones, suficientes para reconocer el óptimo desempeño de todos los empleados gubernamentales.

El abuso es tal que la Asociación Nacional de Empleados Públicos se une al Ministerio de Hacienda para aceptar la necesidad de reformar el sistema. El presidente, Luis Guillermo Solís, se pronunció en el mismo sentido. Más impaciente, el diputado Ottón Solís plantea la vía expedita de recortar el rubro presupuestario denominado “retribución por años de servicio” para obligar a los jerarcas a hacer una verdadera evaluación del desempeño y distribuir con justicia la partida asignada.

Según Solís, la aplicación tradicional del sistema de incentivos conduce a resultados perversos, más allá del gasto injustificado. Los jerarcas interesados en encubrir sus faltas o evitar las contradicciones con el personal a su cargo reparten el dinero sin miramientos y sin asumir la responsabilidad de la decisión.

El incentivo es, en la práctica, uno de los llamados “disparadores” de los salarios en el sector público, pero sus perjuicios no se agotan en el injustificado impulso al gasto. Sin evaluación de desempeño, no hay rendición de cuentas, y la certeza de que no habrá consecuencias repercute en la calidad de los servicios estatales. Si los pluses salariales fueran un incentivo, las quejas del usuario cobrarían mucha mayor importancia, los servicios mejorarían y también la eficiencia del sector público. Por el contrario, el único efecto de la supuesta evaluación del desempeño, en la actualidad, es inflar la planilla.

La Administración pasada no dejó de identificar el problema en su malogrado anteproyecto de ley para introducir orden y equidad en las remuneraciones de la Administración Pública. La propuesta adoptaba un sistema de evaluación basado en criterios uniformes de razonabilidad, eficiencia e igualdad para asignar el beneficio salarial.

Nada se sabe de la iniciativa anunciada por el ministro Fallas para el año entrante, pero, reconocida por el funcionario la inutilidad de las evaluaciones como se practican en la actualidad, sorprendería la ausencia del tema en la nueva propuesta. Recuperar la función del incentivo es de primordial importancia para cumplir el anunciado objetivo de ordenar el empleo público.

Hay, desde luego, otros elementos de igual importancia. José Joaquín Arguedas, director del Servicio Civil, se quejaba en el 2012 de la “aparatosa fragmentación de la Administración Pública” y la “ausencia total de rectoría política del empleo público, por la que hemos implorado desde hace dos décadas”.

Estudios de la Contraloría General de la República hallaron diferencias de entre 225% y 614% en la remuneración de cargos con idénticas funciones y requisitos. Si bien los empleados públicos ganan, en promedio, un 49% más que sus pares de la empresa privada, los de nivel técnico y profesional no se ven tan favorecidos. En consecuencia, el Estado no es competitivo para reclutar talento de valor estratégico.

Las distorsiones introducidas por los llamados “pluses salariales” son de nunca acabar y la labor del ministro Fallas, si la reforma prometida toma en cuenta todos los elementos mencionados, podría ser de inestimable beneficio para Costa Rica.

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