La reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa y la oportunidad de fortalecer la gobernabilidad parecían estar a la vuelta de la esquina cuando la alianza opositora tomó el control del Congreso. Las esperanzas se fundaron en explícitas declaraciones de los integrantes del grupo opositor y en las circunstancias de la elección del directorio legislativo, el pasado primero de mayo, que demostró serias debilidades del reglamento vigente.
Además, existían motivos para pensar en una administración dedicada a obtener los logros necesarios para desmentir las advertencias de probable parálisis como consecuencia de la diversidad ideológica de los aliados. En virtud de esas diferencias, el acuerdo de la alianza no podía ser específico en cuanto a los principales temas de la política pública, pero sí estableció el compromiso de dotar a la Asamblea Legislativa de mayor ejecutividad y eficiencia.
Pasados cuatro meses, las esperanzas se desvanecen, y aparecen en el horizonte tímidas propuestas de reforma, diseñadas para dar la sensación de cambio sin producirlo en la extensión necesaria. La salida consiste en privilegiar los aspectos reglamentarios relacionados con la transparencia, como el registro electrónico del voto de los diputados, pero hacer caso omiso de las reformas requeridas para aumentar la eficiencia y facilitar el proceso legislativo.
Si esta actitud prima, los costarricenses sabremos cómo votó cada diputado en cada caso, pero mantendremos a favor de todos ellos los mecanismos que hoy les confieren un virtual derecho de veto. Este diario se ha pronunciado a favor de la transparencia en la Asamblea Legislativa y con ese propósito defendió el voto nominal y su registro aun en el caso de los nombramientos. Esas medidas son necesarias para el perfeccionamiento de nuestra democracia y la adjudicación de responsabilidades políticas.
Sin embargo, la necesidad de reforma no se agota en el problema de la transparencia, y ningún cambio ayuno de los ajustes requeridos para mejorar la eficiencia puede ser considerado satisfactorio. Así lo entendía la alianza opositora cuando redactaba las bases de su conformación. Así lo entienden, todavía, algunos diputados, entre ellos los socialcristianos, empeñados en una reforma integral.
El Partido Liberación Nacional también ha dado muestras de comprender la necesidad del cambio para agilizar los procesos, pero ha sido menos entusiasta a la hora de considerar las reformas requeridas para acrecentar la transparencia. En eso también peca y, como partido de Gobierno, debería rectificar para después exigir mayor eficiencia.
La reforma debe responder a las dos necesidades descritas, sin privilegiar ninguna. Amén del voto nominal, el Congreso está urgido de un mecanismo de fijación de plazos para votar los proyectos. También hace falta una reforma al artículo 137, con el objeto de reducir a la mitad el número de sesiones habilitadas para presentar mociones en el plenario, así como la modificación del 138, a cuyo tenor es posible presentar mociones de reiteración en tres sesiones, cuando una bastaría.
Una reforma al artículo 154 podría exigir una votación calificada para devolver los proyectos a comisión. Cuando eso ocurra, también se le podría fijar plazo al trámite. Además, es importante limitar el uso de la palabra y dotar a la presidencia del Congreso y de las comisiones de facultades para rechazar mociones dilatorias, repetitivas o improcedentes.
La verdadera reforma al reglamento, la necesaria y predicada por la alianza opositora, no puede ignorar estos aspectos. El país debe estar atento a reconocer el incumplimiento si el producto final se disuelve en iniciativas destinadas a fomentar la transparencia, pero no el desempeño. Igual reclamo merecerá Liberación Nacional si impone sus tesis a favor de la eficiencia sin responder a los legítimos reclamos de claridad.