EscucharA menos de un año de aprobada la más reciente reforma electoral, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emprenden un nuevo proceso de enmienda. La necesidad de reformas adicionales en tan corto plazo testimonia las debilidades del proceso legislativo. Con algo de caridad para el Congreso, Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, justifica los nuevos esfuerzos como un medio para plasmar en ley “las lecciones aprendidas” en el proceso electoral del 2010, en especial las relacionadas con el financiamiento de las campañas políticas.
El país tiene amplia experiencia en procesos electorales y para nadie es secreta la necesidad de ejercer un control eficaz sobre las contribuciones políticas. Esa lección quedó aprendida mucho antes de la última reforma y los escándalos financieros más bien figuraron entre sus principales motivaciones. Por eso es difícil creer en el error como causa del portillo que permanece abierto para el ingreso de recursos provenientes de personas jurídicas.
La manifiesta voluntad del TSE y, aparentemente, de los legisladores, fue prohibir la utilización de esos recursos, cuyo verdadero origen y monto es siempre difícil de verificar. La reforma prohibió las donaciones de personas jurídicas y levantó las limitaciones existentes para las personas físicas, pero el Partido Liberación Nacional se apresuró a preguntar si la prohibición incluye la adquisición de bonos de la deuda política por parte de personas jurídicas.
El Tribunal respondió que no, como se lo exigía la única interpretación posible del texto legal. La aclaración también reflejó el temor de los magistrados ante las posibilidades de abuso. Luego de declarar que “no existe prohibición para que las personas jurídicas nacionales adquieran certificados de cesión de la contribución estatal de los partidos políticos”, el TSE previno: “(') sin perjuicio de lo anterior, podrían existir situaciones extremas y excepcionales en las que se encubran donaciones con la compra de certificados de cesión, las cuales deberán ser examinadas en cada caso concreto”.
En síntesis, la compra de bonos de la deuda política no es una donación porque el adquiriente tiene la expectativa, aunque sea remota, de recuperar lo invertido y algo más. Todo depende del resultado electoral y, como es incierto, siempre será difícil probar que la adquisición de bonos se hizo sin la esperanza real de obtener un beneficio financiero.
Ahora, el TSE pretende recuperar el terreno perdido y propone iniciar la discusión de la nueva reforma en el primer semestre del 2001, para evitar la incidencia de la lucha electoral en el proceso legislativo. Esa pretensión pone en evidencia el verdadero defecto de las reformas aprobadas el año pasado, al calor de la campaña electoral.
En ese clima, la Asamblea desechó iniciativas interesantes, como el voto preferente, un medio para ampliar la libertad de decisión del votante, otorgándole la facultad de escoger nombres individuales entre los propuestos en las listas de candidatos a diputado. Como es de esperar, la iniciativa goza de simpatía entre los electores. Una encuesta telefónica encargada por La Nación a la empresa Unimer el día de las elecciones reveló que el 67% de los liberacionistas, un 84% de los simpatizantes de Acción Ciudadana y el 74,5% de los libertarios apoyan el voto preferente.
En cuanto a las consecuencias prácticas de la iniciativa, importa señalar que el 55% de quienes quebraron el voto no lo habrían hecho si tuvieran la oportunidad de escoger entre los candidatos incorporados a las listas.
En vista de esos resultados, es injustificable continuar negando a los electores la posibilidad.
El TSE vuelve a poner en discusión un inventario de temas relevantes, además del voto preferencial y las reformas al sistema de financiamiento, incluyendo un aumento de la deuda política y la pauta de espacios publicitarios para distribuirlos entre los partidos. Ninguna propuesta es ociosa y todas merecen análisis detenido. Es de esperar que el actual Congreso acometa la tarea resuelta a medias por su antecesor, con la mira puesta en los mejores intereses del país y no en la próxima convocatoria a elecciones.
