EscucharLa Asociación Nacional de Asegurados, encabezada por el exdiputado Walter Muñoz, no logró reunir las firmas requeridas para celebrar un referéndum con el fin de reformar la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El resultado devuelve la fe en una especie de intuición o sabiduría colectiva. El referéndum era una estratagema orientada a entregar el control de la institución a la asociación promotora de la consulta popular.
La propuesta de reforma a la junta directiva y otras medidas pregonadas como idóneas para “sacar a la política” de la institución se alimentaba del descontento de los ciudadanos con los partidos y sus dirigentes e intentaba aprovechar la difícil situación de la seguridad social. En esas circunstancias, el éxito de la campaña de recolección de firmas no podía ser descartado.
Seis fracciones legislativas y las once organizaciones sindicales integradas en el Frente Nacional en Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social se manifestaron contra la propuesta y la calificaron de “trampa” apta para agravar los problemas de la institución. En particular, rechazaron la sustitución de los tres representantes del Poder Ejecutivo por tres miembros de la asociación privada presidida por el exlegislador. Eso sería “peligroso y antidemocrático”, afirmaron.
Los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana, Acción Ciudadana, Movimiento Libertario, Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión también se opusieron a la iniciativa, así como los integrantes de la comisión nombrada para estudiar la crisis de la institución. Según los miembros de la comisión, el proyecto “en la realidad, resulta contrario a los principios de participación y democracia, que falazmente dicen que propicia”.
La Nación también advirtió sobre los peligros de la propuesta apenas fue dada a conocer el año pasado. Las pretensiones de la asociación eran desorbitadas, pero la oportunidad estaba planteada para capitalizar el descontento con el discurso de expulsar a la política y “democratizar” a la institución. Nunca estimamos posible el triunfo de un “sí”, confiados en la imposibilidad de superar el debate público con semejante programa, pero la posibilidad de recoger las firmas y convocar a unos comicios inútiles y costosos parecía cercana. La justicia de esa percepción, en aquel momento, la confirman los pronunciamientos de tantos partidos políticos, diputados y organizaciones sociales.
El 11 de setiembre del 2012, un editorial señaló que el principal riesgo “está en el fértil terreno para la promesa fácil, como la eliminación de las filas en clínicas y hospitales o la participación ciudadana en la solución de los problemas de la Caja. La recolección de firmas, allí donde los asegurados sienten el peso de esos problemas, estimula la suscripción espontánea e inopinada. Según los impulsores del referéndum, en poco tiempo han logrado recolectar la mitad de las 150.000 firmas necesarias para convocar la consulta popular”.
No había motivo de alarma. El plazo venció el 20 de junio y los organizadores quedaron muy cortos de cumplir el requisito. Sin embargo, el caso llama a meditar sobre el espacio abierto a la demagogia por el mecanismo del referéndum. El discurso de la antipolítica, la democracia directa y las soluciones mágicas puede llegar a mover a una fracción del electorado para operar impensadas reformas a la legislación nacional. También el discurso de la “ingobernabilidad”, la “ejecutividad” y la “eficiencia” es capaz de conducir por ese sendero. Es cuestión de conseguir, en un momento determinado, coincidencia entre la prédica y lo que un sector suficientemente numeroso de la población tiene deseos de oír.
El referéndum siempre debe ser visto con un grado de saludable escepticismo.
