EscucharUna vez más, la Contraloría General de la República se manifiesta disconforme con la administración de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), financiada con fondos provenientes de las ventas del Depósito Libre de Golfito y llamada a canalizarlos hacia fines de desarrollo local.
En esta oportunidad, el examen de la Contraloría identificó, como en otras, deficiencias en el manejo financiero. Entre el 2009 y el 2011, la Junta dejó de percibir intereses por unos ¢196 millones, producto de erróneas prácticas de inversión. La administración optó por invertir en bonos del Gobierno a corto plazo, cuando pudo haber obtenido rendimientos mayores por la compra de títulos a un año.
La morosidad causada por la débil gestión de cobro del programa de becas universitarias y de los proyectos financiados con compromiso de reembolso alcanzó ¢6.200 millones. La calidad de las decisiones financieras de la Junta no es cuestión de poca monta. La cartera de inversiones alcanzaba, en el 2012, la importante suma de ¢11.599 millones.
La Contraloría no lo señala en esta oportunidad, pero la existencia misma de la abultada cartera de inversión invita al escrutinio de las labores de la Junta, más que para constatar el buen manejo financiero de semejantes capitales, para entender su permanencia en manos de la institución cuando los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus padecen tantas necesidades.
La actual administración de Judesur no disputa las conclusiones de la Contraloría. Dice haber tomado cartas en el asunto y sostiene que, si el periodo sometido a examen fuera el año 2013, los auditores habrían constatado la rectificación de los defectos, no todos, pero sí muchos de ellos.
Según Ignacio Carrillo, presidente de la Junta, la administración ha promulgado políticas, establecido procedimientos y adoptado disposiciones reglamentarias para resolver las debilidades detectadas por la Contraloría. En ese caso, el avance sería significativo, pero los antecedentes de la entidad aconsejan el escrutinio y verificación de las nuevas condiciones, para constatar las mejoras y señalar cualquier deficiencia subsistente.
El escrutinio de Judesur debe ser estrecho, si se consideran los constantes traspiés en el transcurso de su historia. Una larga cadena de informes de la Contraloría advirtió, durante la última década, de anomalías y falta de controles. No han sido escasas las oportunidades en que el más reciente examen señala, entre los defectos, la falta de rectificación de los problemas documentados en el anterior.
Apenas en noviembre del 2011, la presidenta Laura Chinchilla pidió la renuncia a la Junta en pleno, sin omitir a ninguno de sus nueve miembros. Un informe de la Contraloría había reprochado gastos en consultorías, vehículos, actividades deportivas y proyectos no concluidos.
Además, el Ministerio Público había comenzado a investigar la supuesta injerencia del diputado liberacionista Jorge Angulo en las decisiones financieras y en la concesión de contratos de construcción. La Presidencia de la República añadía a las quejas un exceso de gastos administrativos.
Para dramatizar el inmovilismo y la recurrencia de idénticos cuestionamientos a lo largo de años, baste recordar lo escrito en el editorial de este diario el 10 de setiembre del 2008, hace casi exactamente un lustro: “Judesur, encargada de la administración del Depósito Libre de Golfito, tal como informamos ayer, tiene engavetados ¢10.700 millones que debieron invertirse en el mejoramiento de la infraestructura, así como en proyectos productivos y servicios de salud y educación, capacitación técnica y planes de interés social en Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires.
Este superávit acumulado, desde el 2003 hasta el 30 de junio del 2008, pone en evidencia la miopía de los administradores y directores. Una vez más, la Contraloría denunció, por ello, la mala gestión, colocación, seguimiento y uso de los fondos”.
Siguiendo al Eclesiastés, en Judesur nihil novum sub sole , pero ya es hora de que las cosas cambien.
