Opinión

EDITORIAL

Recuperar sentido de urgencia fiscal

Actualizado el 24 de marzo de 2014 a las 12:00 am

La complicada situación macroeconómica del país se refleja en dos desequilibrios: déficit fiscal consolidado y faltante en la cuenta corriente de la balanza de pagos

Es conveniente solucionar pronto la situación fiscal, y, de ahí, la razón por la cual resulta irresponsable posponer este asunto por dos años más

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La situación macroeconómica del país está complicada. Se refleja en dos desequilibrios fundamentales: déficit fiscal consolidado y faltante en la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Pueden ambos esperar para ser resueltos hasta dentro de dos años? La respuesta es no. Sería irresponsable.

El déficit fiscal del Gobierno Central, este año, será equivalente al 6% del PIB, según lo previsto en el Programa Macroeconómico del Banco Central, y, si se agrega el del sector descentralizado y empresas del Estado, se acercaría al 7%. En el 2015, ambos faltantes tenderán a deteriorarse y ser mayores. Por su parte, el déficit de la balanza de pagos (cuenta corriente) tenderá a permanecer sin variación en el 2014 y el 2015, pero en un nivel muy elevado, alrededor del 5% del PIB. Eso produce –y seguirá produciendo– efectos económicos y sociales negativos, e impone limitaciones en el manejo de la política macroeconómica.

El déficit de la balanza de pagos es el resultado de un exceso de gastos en la economía (demanda agregada) sobre los ingresos reales generados en un ejercicio fiscal (oferta global). En términos comunes y sencillos, alguien en Costa Rica está gastando mucho en relación con sus ingresos reales, y ese alguien es, sin duda, el sector público. Ese desequilibrio se refleja en la balanza de pagos, y pone presión en la única variable que, de momento, se está ajustando: el tipo de cambio. Pero, potencialmente, presionará otras variables con serias consecuencias económicas y sociales.

Uno de los aspectos más importantes del desequilibrio macroeconómico, y que conviene tener presente de manera permanente, es que, mientras no se corrija, seguirá presionando el tipo de cambio. Si hay un sector que gasta más de lo que percibe, la cuerda tenderá a reventarse por lo más delgado. Y esa variable de ajuste –la única que se está utilizando– es el tipo de cambio, con los efectos en los precios de los bienes transables y, por ende, en la inflación interna. Para que las cotizaciones cambiarias busquen su nivel de acomodo y mantengan una relativa estabilidad, hay que empezar por corregir el déficit fiscal.

La diferencia entre ingresos y gastos también terminará presionando las tasas de interés. Aquí, la lógica es muy simple. Para que el sector público pueda financiarse en el mercado interno, tendrá que persuadir al sector financiero de privilegiar los títulos públicos frente a los depósitos y certificados privados, y eso solo se puede hacer aumentando las tasas de interés. Pero, al hacerlo, las tasas de captación más altas repercutirían en las tasas activas y, al final, los sacrificados serán el crédito, la producción, el consumo y los empleos generados en el sector privado. Si la situación continúa deteriorándose, los más perjudicados serán los desempleados en la fuerza laboral, al igual que otros medidos en variables como la pobreza y distribución. De ahí, la conveniencia de solucionar prontamente la situación fiscal. Y de ahí, también, la razón por la cual resulta irresponsable posponerla por dos años más.

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Pero otras variables también sufrirán menoscabo, como la deuda pública acumulada (interna y externa), que ya sobrepasó el 40% del PIB y amenaza con alimentar futuras descalificaciones por parte de las calificadoras de riesgo, que nos obligarían automáticamente a incrementar tasas de interés para poder colocar las cantidades necesarias para financiar el faltante. Cuanto más suba la deuda pública como consecuencia de la inacción en el campo fiscal, mayores serán las probabilidades de una descalificación, que nos haría perder el grado de inversión. Por eso, no comprendemos por qué algunas personas insisten en prorrogar la definición de la solución al problema fiscal por dos años más, período en que podría desembocar una crisis de mayores proporciones.

Nuestra tesis ha sido que el problema fiscal debe enfrentarse desde varias perspectivas: ingresos frescos (la carga tributaria de Costa Rica es comparativamente baja, particularmente la del Gobierno Central), disminución significativa de gastos, acompañada de una reforma del Estado, y fortalecer la lucha contra la evasión fiscal, incluyendo todas las mejoras administrativas necesarias para incrementar la recaudación de los impuestos existentes. Creemos, además, que descansar únicamente en la tercera perspectiva, sin afectar ni cuestionar el nivel de gastos existentes, o el nivel y la composición de los ingresos tributarios, sería insuficiente para enfrentar adecuadamente el desequilibrio macroeconómico y corregir los efectos que está produciendo.

Basta solo pensar en las distorsiones que produce la estructura tributaria vigente –particularmente, los impuestos sobre la renta y ventas– para darse cuenta de la inconveniencia de prorrogar su respectiva solución por dos o más años. También hay que pensar en la urgente necesidad de incrementar los gastos en infraestructura (inversión pública) para enfrentar el rezago acumulado, y mejorar la competitividad de nuestra producción, incluyendo exportaciones, de lo cual dependen muchas oportunidades de trabajo.

Desde cualquier ángulo que se le mire, enfrentar el problema fiscal debe ser prioritario en los planes del próximo Gobierno. El diagnóstico y soluciones que dará a conocer próximamente el ministro de Hacienda, Édgar Ayales, podría servir de base para una discusión y solución seria del problema, pero no dentro de dos años, sino ahora. Lástima que el propio ministro de Hacienda no haya puesto en ejecución parte de los que él mismo está recomendando.

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