Opinión

EDITORIAL

Reclutamiento de policías

Actualizado el 25 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Compartimos la aspiración de contar con más policías, pero poco ganará el país si la calidad de los contratados es menos de la deseable

La autoridad y confianza depositada en la Policía exige hallar a ciudadanos dignos, ecuánimes y responsables

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Solo 14 de cada cien aspirantes a ocupar una plaza en la Policía consigue superar las pruebas de reclutamiento. La cantidad de fracasos pone en peligro los planes de contratar a 4.000 nuevos agentes en el actual periodo de Gobierno. Según el Plan Nacional de Desarrollo, la administración Chinchilla debe elevar de 12.000 a 16.000 el número de integrantes de la Fuerza Pública y, a la fecha, apenas ha conseguido el 25% del objetivo. La meta se dificulta más a consecuencia de las 600 bajas anuales.

La noticia no es del todo mala. Compartimos la aspiración de contar con más policías, pero poco ganará el país si la calidad de los contratados es menos de la deseable. Es un alivio saber del rigor de las pruebas aplicadas y la decisión de no crear atajos para cumplir la meta cuantitativa.

La Contraloría General de la República se muestra preocupada por el ritmo de avance. Hace bien, porque su papel es revisar el progreso y advertir el atraso, pero la falta de correspondencia entre la realidad y el cronograma podría despertar la tentación de abreviar el camino y suavizar los requerimientos, con grave riesgo para la seguridad pública.

La autoridad y confianza depositada en la Policía exige hallar a ciudadanos dignos, ecuánimes y responsables. En manos de una personalidad torcida, esas potestades pueden volverse contra la ciudadanía. En la Fuerza Pública sobran ejemplos de corrupción, abuso de autoridad y colaboración con el hampa.

El perjuicio de semejantes irregularidades es doble: por un lado, constituye una amenaza directa para la seguridad de las personas y, por otro, rompe el necesario vínculo de cooperación entre las autoridades y los ciudadanos. En ausencia de esa confianza, ninguna política de seguridad puede aspirar al éxito en el Estado democrático.

El 69% de los aspirantes pierde el examen sicológico. Evidentemente, se trata de personas que no querríamos ver armadas e investidas de autoridad. La cifra contrasta con el 98% de aspirantes a portar armas de fuego que supera las pruebas sicológicas requeridas por el Ministerio de Seguridad Pública. Según la Fiscalía del Colegio de Psicólogos, a menudo esos exámenes se hacen con ligereza y, en algunos casos, hay indicios de corrupción.

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La fácil concesión de permisos para portar armas es motivo de honda preocupación. Por el mismo motivo, las estadísticas del proceso de reclutamiento policial son reconfortantes. Es necesario rectificar en el primer caso, pero mantener el rigor en el segundo.

Un 4% de los aspirantes a policía no supera el examen de vida y costumbres. La prueba consiste en visitas al hogar y vecindario de los candidatos, así como la revisión de sus antecedentes. Es un procedimiento tan importante como la prueba psicológica para acreditar la idoneidad del aspirante y permite evitar el ingreso a la Fuerza Pública de personas con vínculos y conductas indeseables. Otro 2% fracasa en el curso básico de la Escuela Policial.

En suma, el 75% de los aspirantes no debe ingresar en la Fuerza Pública porque su contratación sería, de una u otra forma, un riesgo para la ciudadanía. Peor el remedio, en estos casos, que la enfermedad. Solo el 11% es descartado por razones médicas o de aptitud física. El 14% aprobado debe sentirse orgulloso de superar el proceso de reclutamiento, y ese es ya un buen punto de partida.

La viceministra Marcela Chacón afirma que, según el cronograma de la cartera, las contrataciones más numerosas se harán en los dos últimos años de la administración. Ojalá se logre alcanzar la meta, pero no a costo de flexibilizar los filtros de ingreso. La propia viceministra esgrime convincentes argumentos a favor de la selección cuidadosa: en el futuro, la calidad de los nuevos contratados disminuirá la rotación de personal y es de esperar una caída en el número de bajas anuales. Habrá, pues, una fuerza policial más profesional y estable, con menos desviaciones y peligros.

La transformación es profunda en un país donde las plazas de Seguridad Pública sirvieron, con demasiada frecuencia, para colocar a los “pegabanderas” salidos de la campaña electoral. No es posible conseguirlo de la noche a la mañana, aunque sí sea necesario acelerar el proceso por todos los medios que no comprometan la rigurosidad de la selección.

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