Opinión

EDITORIAL

Pymes y mipymes

Actualizado el 20 de mayo de 2013 a las 12:00 am

La ineficiencia y baja productividad motivadas por el proteccionismo tributario y financiero deben ser analizadas con detenimiento

Este año se triplicó el número de empresas que pidieron exoneración del impuesto a las personas jurídicas

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El titular de una información publicada en La Nación el pasado 16 de mayo ( “Se triplicaron empresas que pidieron exoneración” ), provoca una nueva inquietud fiscal y productiva relacionada con el modelo de desarrollo: ¿estamos creando un proteccionismo contrario al crecimiento real y la generación de empleo? La respuesta es inquietante.

El problema debe ubicarse en el modelo –o, mejor aún, los modelos– de crecimiento económico que ha experimentado Costa Rica en su historia reciente, y los efectos sobre la producción, empleo y pobreza. Para ponerlo en términos resumidos, hemos pasado del proteccionismo industrial con elevados aranceles para estimular la sustitución de importaciones, al Estado empresario, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera; todos, acompañados de exenciones, exoneraciones y subsidios fiscales y tributarios. Como consecuencia, se sacrificaron enormes cantidades de recursos del Estado necesarios para emprender programas sociales y obras de infraestructura, y el crecimiento de la producción nunca fue elevado y sostenido, entre otras cosas.

Los programas de ajuste estructural del siglo anterior, así como la apertura unilateral de los noventa y, más recientemente, los tratados de libre comercio, hicieron mucho por reducir el proteccionismo y estimular la creación de nuevos motores de crecimiento, orientados, principalmente, a las exportaciones. Pero fue insuficiente para sostener la producción en niveles elevados y generar suficientes empleos para absorber la creciente fuerza laboral, nacional y foránea.

Había –y hay– necesidad de revisar críticamente las partes del modelo donde aún permanece el proteccionismo. Una de esas áreas es el tratamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que vienen concentrando cada vez mayores cantidades de recursos productivos, humanos y financieros, y cuya productividad se ha puesto en entredicho en el plano internacional, tanto por economistas connotados como por instituciones mundiales y regionales especializadas en el financiamiento productivo (BID, Banco Mundial). Autores como Pages (2010), Daude and Fernández-Arias (2010), Hsieh and Klenow (2012), Rodrik (2013) y Rodríguez-Care (2013) han comenzado a analizar el problema. En Costa Rica, el tema apenas se comienza a esbozar.

El planteamiento va por esta línea: las micro, pequeñas y medianas empresas han crecido numéricamente en Latinoamérica, y absorben cada vez más recursos productivos, tal y como apuntamos arriba. En Costa Rica, absorben un 47% del empleo total y significan el 30% producto interno bruto (PIB), según el Informe Estado de las pymes, del Ministerio de Comercio Exterior (La Nación, 23 de abril, 2013). Pero la productividad de esas empresas dista mucho de la de las grandes empresas nacionales, y se aleja mucho más de sus contrapartes en países desarrollados, como EE. UU. y la Unión Europea. Como consecuencia, hay una ineficiente asignación de los (escasos) recursos, en detrimento del crecimiento y desarrollo. El pastel de la producción, por así decir, es menor y, por tanto, menores son las porciones en que puede dividirse. Una de ellas es la correspondiente a la contribución a los recursos del Estado.

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Y aquí es donde viene a colación el titular de este periódico antes mencionado: Se triplicó el número de empresas que pidieron exoneración. Esas empresas son micro, pequeñas y medianas. La exoneración solicitada por ellas se refiere, según la información, al impuesto sobre las sociedades, que no ha producido los recursos esperados según el Ministerio de Hacienda y el Registro Nacional. En el caso de las micro y pequeñas empresas, una norma concreta de la legislación vigente (art. 8 de la Ley N.° 9024) permite exonerarlas del impuesto a las sociedades, que ronda los ¢189.700 anuales para las sociedades activas. Pero el problema no termina ahí, agregamos nosotros. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece tarifas preferenciales (10 % y 20% para ingresos brutos menores de ciertos montos nominales que varían año con año), comparado con un 30% para las demás entidades. Eso constituye un fuerte incentivo para permanecer pequeñas y, quizás, para no alcanzar los niveles de productividad, incluyendo economías de escala, de sus contrapartes mayores.

El espectro de la ineficiencia y baja productividad motivado por esta forma de proteccionismo tributario y financiero, identificado por Pages para otros países latinoamericanos, cobra importancia en nuestro país. Si a lo anterior agregamos el costo de las cargas sociales y las demás rigideces del Código del Trabajo, que también van en detrimento del empleo formal, vemos que sí hay mérito para profundizar en el tema, sobre todo por ser las micro, pequeñas y medianas industrias objeto de preferencia por los políticos y gobernantes en nuestro país. A ellos habrá que hacerles saber el costo en términos de crecimiento y empleo de estas empresas, aunque sea políticamente incorrecto.

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