En nuestro editorial del 5 de noviembre pasado –“Del dolor al cambio”– recogimos las lecciones de nuestra historia en circunstancias parecidas: enfrentar el desafío y las duras pruebas, en este caso de la naturaleza, para templar nuestro espíritu y acometer la reconstrucción material, económica y social con fortaleza y espíritu de solidaridad.
En su alocución al país, este fin de semana, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, hizo un recuento de la magnitud de la tarea que nos espera e hizo hincapié en el imperativo del trabajo solidario y del acopio de ideas e iniciativas, del Estado y del sector privado, para rehacer el camino y ponernos en marcha. Asimismo, el director del programa Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez Saxe, en un artículo, ayer, en este periódico, intitulado “Decimosexto Estado de la Nación”, concluye que el informe llama a fortalecer las capacidades de la sociedad costarricense para actuar de manera efectiva sobre los nuevos desafíos estratégicos.
En este editorial comentamos un proyecto meritorio que camina en las tres direcciones apuntadas y que representa una de las muchas formas de fortalecer las capacidades de la sociedad costarricense. Nos referimos a la deprimida zona sur del país.
Esta región fue marcada por la actividad bananera tradicional. Esta se basaba en la concentración de la propiedad en grandes plantaciones para el mercado externo y en la importación desde fuera de sus necesidades, llamadas economías de enclave. Este tipo de economía, si bien generó grandes y modernas plantaciones con obreros especializados y disciplinados, no estimuló, como lo hizo el café, el mercado interno, generando encadenamientos locales que multiplicaron la riqueza en otras regiones del país.
Al retirarse las bananeras en los ochenta, este sistema se “cayó”. Los obreros quedaron desempleados y la agricultura “maicera” vecina, además de perder a sus clientes inmediatos, se vio afectada por los Programas de Ajuste Estructural. Así, un conjunto de causas desembocó en una profunda depresión económica en la región, de la cual todavía no se repone. El lugar de las empresas bananeras lo asumieron los antiguos obreros bananeros organizados en cooperativas de palma africana y banano, lo que permitió una reactivación económica parcial, pero no la superación de la depresión regional que se caracteriza por tener uno de los mayores índices de pobreza del país. Se retomó el esquema productivo de gran empresa, para el cual los trabajadores estaban calificados, pero mantuvo también la actividad económica de “enclave”.
Carentes de una tradición de pequeña y mediana empresa, las comunidades continuaron importando los productos desde otras regiones, dejando por fuera la oportunidad de generar empleo y riqueza local a través de encadenamientos, como lo han realizado las organizaciones campesinas y cooperativas de Pérez Zeledón. La inercia organizacional los llevó a buscar empleo en un universo que no lo ofrecía en calidades y cantidades adecuadas, en vez autogenerarlo aprovechando los nichos existentes. La situación es más compleja en tanto que el grado de escolaridad de la región es bajo y la oferta laboral no es competitiva con la demanda de la nueva tecnología. La baja escolaridad, la exclusión social y la pobreza van de la mano, lo que dificulta los cambios, mientras no se rompa el círculo de buscar empleo asalariado como única forma de obtener ingreso, en vez de autogenerarlo aprovechando las oportunidades existentes.
Nos parece innovador y promisorio, por ello, el “Proyecto Germinadora de Empresas, Empleos y Proyectos”, impulsado por el movimiento cooperativo con la UNA y el apoyo activo de Judesur, IMAS, INA y Banco Popular, para generar autoempleo en la región, alfabetizando a la población regional con necesidad de montar proyectos empresarialmente. En pocos meses, trabajando con gran intensidad y mística, han formado 43 técnicos en desarrollo cooperativo comunitario que, a su vez, han formado a 651 auxiliares de proyectos de inversión con más de 120 perfiles de proyecto. Se trata de una iniciativa que, por tener el respaldo del movimiento cooperativo regional y nacional, con fuerte presencia económica en la región, puede tener un gran impacto ya que estas mismas cooperativas requieren servicios y productos que pueden obtener de las empresas locales.
La región, además de tener otros nichos de mercado propios, disfruta de una demanda creciente de turismo y servicios conexos, para la cual la población local debe estar preparada a fin de que los pueda aprovechar y no se repita la historia de Guanacaste donde los ingresos externos no llegaron a amplios sectores de población que permanecen en la pobreza. Este esfuerzo, sin embargo, no es más que el inicio de lo que debe ser una acción sostenida en la región. Todos y cada uno de los perfiles de proyectos elaborados y otros más que se formulen en el proceso y que tengan calidad, deben tener la oportunidad de capacitación técnica y el respaldo financiero para transformarse en empresas. Esto implica que la segunda etapa del proyecto, prevista para el 2011, pueda contar con el respaldo activo de Judesur, organismo de desarrollo regional.
No basta sin embargo darle continuidad al proyecto con los actuales actores. La región sur de nuestro país, asiento de una gran riqueza agroecológica y turística, merece una acción estatal coordinada para elevar el nivel educativo de sus habitantes, creando nuevas opciones técnicas y profesionales, pero también estímulos fiscales y crediticios para impulsar los encadenamientos de pequeñas y medianas empresas. En un país con regiones diferenciadas por sus tradiciones y condiciones, como el nuestro, el desarrollo no puede verse como “talla única”. Se requieren visiones y programas regionales, debidamente evaluados por sus resultados, que integren la acción institucional alrededor de las necesidades existentes. Hacia esta meta debemos orientarnos integrando el trabajo de las instituciones con las organizaciones de la sociedad civil.