Opinión

EDITORIAL

Propuesta fiscal insuficiente

Actualizado el 06 de octubre de 2014 a las 12:00 am

El nuevo planteamiento presupuestario del Ministerio de Hacienda apenas produce un ahorro real de ¢61.000 millones

El Gobierno persiste en su postura original de mantener una política fiscal expansiva, a pesar del excesivo déficit

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¿Cómo interpretar la última propuesta del Poder Ejecutivo, formulada ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa por intermedio del primer vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, para reducir el abultado presupuesto ordinario de la República del período fiscal 2015?

Un análisis puntual de la propuesta, incluyendo las partidas contempladas, revela que la reducción sería mínima y que, en realidad, el Gobierno persiste en su postura original de mantener una política fiscal expansiva, a pesar del excesivo déficit y los peligros económicos y sociales que encierra.

Para comprender por qué la última propuesta fiscal resulta insuficiente, debemos reiterar los términos originales del proyecto de presupuesto ordinario para el 2015, sometido a consideración de la Asamblea Legislativa. El monto original era por ¢7,9 billones, con un crecimiento del 19% en relación con el 2014. Ese aumento era el resultado, entre otras cosas, de la política salarial expansiva hacia los funcionarios del sector público y el alza desproporcionada a las universidades estatales. El presupuesto arrojaba un déficit financiero equivalente al 6,7% del producto interno bruto (PIB), y se financiaba con recursos sanos en apenas un 54% del total.

Esas abultadas cifras provocarían aumentos en las tasas de interés durante el año entrante, profundizarían el desequilibrio macroeconómico reflejado en la cuenta corriente de la balanza de pagos, incrementarían en varios puntos porcentuales la deuda pública acumulada, volverían la situación financiera costarricense más riesgosa e inestable, y podrían provocar nuevas reducciones en las valoraciones otorgadas por las calificadoras de riesgo internacionales. Una de ellas –Moody’s– ya nos quitó el grado de inversión, según comentamos en un editorial anterior.

Cuando cambie la política monetaria de Estados Unidos en el año entrante, la situación podría ser muy delicada para los países con elevados déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos, como el nuestro, que se financian con recursos externos. Además, la expansión del gasto exacerbaría la absorción de los denominados “disparadores del gasto” –salarios, intereses y transferencias–, limitando la capacidad gubernamental para financiar adecuadamente la inversión pública y los programas sociales.

En este contexto, surgen dos cuestionamientos esenciales: cuál es la significación cuantitativa y cualitativa de la nueva propuesta oficial, y cuáles serían las posibilidades de mitigar los efectos perjudiciales mencionados. Las respuestas, desafortunadamente, son decepcionantes.

La nueva propuesta oficial consiste en reducir tres partidas presupuestarias: ¢100.000 millones mediante la posposición de la amortización de deudas exigibles el año entrante, ¢60.000 millones mediante la utilización de sumas no ejecutadas el año anterior, y otros ¢61.000 millones correspondientes al pago de horas extras, viajes al exterior y viáticos. Esta última partida sí representaría una economía real, pero las dos primeras, no.

Posponer la deuda para ejercicios posteriores no implicaría un recorte real, sino una simple dilación que agravaría la situación fiscal en el futuro, y utilizar sobrantes de ejercicios anteriores para financiar el gasto en este año no es más que un recurso contable para hacer lo que, en el fondo, se desea: incrementar las erogaciones.

Si a los ¢221.000 millones propuestos por el Gobierno se le restan las partidas que no representan economías verdaderas, solo queda un ahorro real de ¢61.000 millones, inferior al 0,8% de presupuesto total y absolutamente insuficiente para reducir el déficit fiscal de manera significativa. El déficit seguiría representando un alto porcentaje del PIB y, por tanto, no se mitigarían prácticamente en nada los efectos negativos señalados.

Lo más grave de la propuesta es que, al revelar el deseo expreso de mantener una política fiscal y salarial expansiva, lanza serias dudas sobre la sostenibilidad financiera de todo el país. También lanza dudas sobre las posibilidades de convencer a otras fracciones legislativas de apoyar reformas tributarias para incrementar los ingresos. Muchos partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa han declarado su intención de no aprobar nuevos impuestos, a menos que el Gobierno demuestre voluntad de limitar el gasto. La nueva propuesta está muy lejos de lograr el objetivo.

Dicho esto, es importante señalar que el popurrí de propuestas de las fracciones legislativas para hacer un verdadero recorte fiscal es saludable como ejercicio presupuestario y revela mucha responsabilidad fiscal, pero no ayuda a lograr el acuerdo necesario para actuar con la prontitud que los plazos perentorios exigen antes de la aprobación definitiva del presupuesto. Por esa razón, instamos muy respetuosamente a lograr una posición de consenso lo más pronto posible, aunque no sea perfecta, en aras de evitar un perjuicio mayor para los costarricenses.

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