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Actualizado el 25 de abril de 2014 a las 12:00 am

La propuesta de Uccaep al nuevo Gobierno omite algunos puntos de importancia, pero constituye un programa digno de consideración y análisis

Uccaep plantea el sencillísimo recurso de exigir a las instituciones mejorar los cinco trámites más utilizados por el público en cada una de ellas

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La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) presentó al presidente electo, Luis Guillermo Solís, una decena de peticiones orientadas a mejorar el ambiente de negocios. Son aspiraciones de larga data y algunas ni siquiera suscitan polémica, como es el caso de la simplificación de trámites y la conclusión del proyecto Limón Ciudad Puerto.

En el primer caso, Uccaep plantea el sencillísimo recurso de exigir a las instituciones mejorar los cinco trámites más utilizados por el público en cada una de ellas, además de incorporar soluciones tecnológicas y eliminar los requisitos innecesarios.

En el segundo caso, se trata de un proyecto planeado desde el 2008, y financiado con $80 millones del Banco Mundial, para revitalizar la ciudad y modernizar el puerto más importante del país, pero la ejecución de las obras es víctima de traspiés burocráticos y, pasados tantos años, prácticamente todo está por hacer.

La ejecución de fideicomisos para desarrollar urgentes obras públicas y la reforma a la ley de expropiaciones con el objeto de agilizarlas son también medidas de sentido común. Tampoco habrá polémica en cuanto a la promoción de la formalidad entre las empresas nacionales y el combate a la evasión fiscal.

Más difícil parece el debate fiscal en su vertiente de contención del gasto. La Uccaep promueve la aprobación de una ley de empleo público, estimada necesaria por amplios sectores de la política nacional, incluyendo a prominentes figuras del futuro partido de gobierno, pero vista con sospecha por los sindicatos, conscientes de las onerosas ventajas obtenidas hasta ahora por sus representados.

La reforma es, sin embargo, indispensable. El desorden imperante en el empleo público, en el que, muchas veces, los pluses rebasan el salario, impedirá el equilibrio fiscal, sin importar el incremento en los ingresos tributarios, sea por el éxito de la lucha contra la evasión o por la creación de nuevos impuestos y aumento de los existentes, una medida también necesaria.

El problema del déficit fiscal, en su doble vertiente de recorte de gastos y falta de generación de nuevos ingresos, es un obstáculo insalvable para conseguir otra de las aspiraciones contempladas en el pliego sometido por la Uccaep al próximo presidente. Sin saneamiento fiscal no hay posibilidad de mantener la inflación bajo control, como tampoco será posible disfrutar de tasas de interés razonables.

La realidad también privilegia la propuesta empresarial de permitir mayor participación privada en la generación de energía. El país, dice el ministro de Ambiente, René Castro, estará en el 2015 peligrosamente cerca del límite de generación total y el Instituto Costarricense de Electricidad no se halla en capacidad de hacer la inversión necesaria para satisfacer la demanda. Los precios de la energía eléctrica se han disparado y ya son causa de descontento en los hogares y factor del traslado de algunas empresas y procesos a las naciones vecinas.

El presidente Solís dice estar decidido a estudiar la posibilidad de ampliar la generación privada, si no se le presentan alternativas. No las hay. La eliminación del impuesto a los combustibles golpearía los ingresos del Estado a cambio de un efecto mínimo sobre el precio de la energía. La reestructuración de las deudas del ICE ayudaría, pero sería insuficiente. Las definiciones urgen porque, en cualquier caso, no se trata de proyectos cuya ejecución sea cuestión de meses.

El empleo de gas natural pasa por la solución de los problemas y costos del transporte, pero, sobre todo, se relaciona con otra petición de la Uccaep, que es la apertura del mercado de los combustibles. Es una meta ambiciosa. Quizá un primer paso, más realista, es derrotar las pretensiones de quienes querrían depositar la importación y comercialización del gas natural en manos de la Refinadora Costarricense de Petróleo, cuyo monopolio no abarca al nuevo combustible.

El enriquecimiento de la oferta académica para la formación de técnicos y la creación de un marco legal para el teletrabajo apenas suscitarán polémica, pero otras reformas en el ámbito de lo laboral, pese a su importancia, seguramente encontrarán oposición, como es el caso del ajuste de las jornadas y la responsabilidad sindical.

En este último punto, el nuevo Gobierno enfrenta, de entrada, una significativa prueba: la reforma al Código Procesal Laboral, a cuyo amparo se amplía el derecho de huelga incluso a los servicios públicos fundamentales.

La propuesta de Uccaep omite algunos puntos necesarios para el desarrollo equilibrado, pero, desde el punto de vista de la producción, constituye un programa digno de consideración y análisis.

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