EscucharLa Presidencia actuó con precipitación. La petición de renuncia dirigida a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), en pleno, pudo haberse formulado con más tacto, sin exponer al mandatario a un desaire. El súbito gesto deja espacio para dudar sobre los propósitos políticos y de imagen de un gobierno atrapado en la tormenta del escándalo desatado por el cemento chino.
Los directivos se negaron a renunciar y el presidente anunció el inicio de un procedimiento administrativo fundado en el último informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que no propone la destitución, pero enumera los inconvenientes del gobierno corporativo del BCR.
Es razonable dudar si los siete meses restantes a la administración Solís serán suficientes para desarrollar el procedimiento administrativo y resolver todas las gestiones legales posibles en el marco del derecho a la defensa. También hay razones para cuestionar si el resultado dará la razón al mandatario.
La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece con mucha precisión seis causales para cesar a un directivo. Ninguno de los siete miembros de la Junta del BCR dejó de cumplir los requisitos para ser nombrado, ninguno renunció o se incapacitó legalmente, ninguno se ha ausentado del país por más de tres meses sin autorización de la Junta, ninguno ha dejado de concurrir a seis sesiones ordinarias consecutivas por causas no justificadas.
Descartadas esas causales, solo quedan dos: la infracción o el consentimiento de la infracción de “alguna de las disposiciones contenidas en las leyes, decretos o reglamentos aplicables al banco” y la “responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales”. La prueba de alguna de esas causales no será fácil o expedita en ningún caso y menos en los siete.
Por otra parte, el procedimiento administrativo deberá individualizar responsabilidades, porque el informe de la Sugef, si bien resulta contundente en su enjuiciamiento de los problemas de gobernanza, no establece, en particular, las faltas de cada director, lo cual resulta indispensable para sustentar una destitución.
El martes, el presidente dará inicio a un complejo proceso de inciertas consecuencias. Los directores del BCR lo saben e invocan razones legales para defender su decisión de mantenerse en el puesto. Pero el problema planteado no es legal, sino político. El presidente pidió las renuncias en el marco de un torbellino que afecta a su administración, pero no deja de lado a otras instituciones, incluida la Junta Directiva del Banco de Costa Rica.
La sociedad costarricense exige acciones correctivas. La ley se las niega. La contradicción solo puede ser resuelta por un gesto digno de los directivos. No es cierto que la permanencia en el cargo sea indispensable para ejercer el derecho a la defensa. Rehusarse a renunciar solo sirve para defender el cargo. Hay, sin duda alguna, diversos grados de responsabilidad en lo sucedido hasta ahora. Ningún directivo necesita permanecer en el cargo para asegurar una justa valoración de las responsabilidades que le atañen, si hubiera alguna.
La ley establece la inamovilidad de los directivos durante el plazo de su nombramiento para protegerlos de presiones indebidas y dotarlos de independencia en el ejercicio del cargo. La petición del presidente —no importa su propósito ulterior, si lo hubiese— no constituye una presión indebida ni una lesión a la independencia. Es una reacción a la insatisfacción del país con el manejo del Banco, más allá de las causales de destitución descritas por la ley. Los motivos de esa insatisfacción saltan a la vista y son creación de los directores, no del mandatario, que más bien ha sido omiso.
¿En cuántos países del mundo sería posible un desaire tan flagrante al presidente de la República, sobre todo en el caso de los cinco directivos nombrados por él mismo? Si la petición del mandatario fuera arbitraria y antojadiza, la reacción de los directores sería comprensible y podrían convocar en su defensa a la opinión pública, además de esgrimir la ley. Está claro que pueden hacer esto último, pero no lo primero, y eso debería preocuparles.
