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EDITORIAL

Privilegios a referéndum

Actualizado el 21 de junio de 2014 a las 12:00 am

Los privilegios concedidos a pequeños grupos de funcionarios públicos los pagamos todos, pero los disfrutan unos cuantos

Es interesante imaginar lo que ocurriría si se le consultara al soberano si estima democrática y justa la existencia de regímenes especiales de pensiones

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La sociedad costarricense se ha mostrado indefensa ante los grupos de interés organizados para extraer privilegios del Estado en forma de lujosas pensiones, beneficios salariales, regímenes especiales de cesantía y otras prebendas cargadas a las espaldas de la población en general.

Los privilegios los pagamos todos, pero los disfrutan unos cuantos. El dinero mal gastado no está disponible para desarrollar infraestructura y mejorar servicios de alcance general. Aun en ausencia de esas inversiones, los ingresos estatales no alcanzan y es preciso elevar los impuestos. Las reformas tributarias tampoco serán suficientes, el déficit fiscal estará con nosotros por muchos años y ejercerá presión sobre las tasas de interés y la inflación.

De una u otra forma, el pueblo paga el disfrute de unos cuantos. El secreto de los pocos para imponerse sobre la mayoría es la organización y la adopción de un discurso de justicia social y equidad cuando, en verdad, luchan por beneficios específicos para grupos reducidos. La llave de los privilegios casi siempre yace en despachos de altos funcionarios, para quienes el costo no ha sido un factor determinante. En otros casos, las concesiones nacieron en el Congreso, bajo impulso de la demagogia o producto de las presiones de los interesados.

La mayoría difícilmente se organizará para ofrecer resistencia. Reconoce los abusos y, en mayor o menor grado, entiende sus efectos, pero carece de la motivación concreta e inmediata de los grupos de interés cuando luchan por sus privilegios. Tampoco existe la posibilidad de probar la aceptación democrática de muchos privilegios concedidos a diversos sectores del aparato estatal sin consultárselos a la ciudadanía.

Entre las materias expresamente excluidas del mecanismo del referéndum están, por ejemplo, las pensiones. El propósito de la exclusión es obvio. Sería muy fácil impulsar, al son de la demagogia, una iniciativa para elevar las pensiones más allá de cualquier capacidad financiera del Estado. Es la misma lógica subyacente a la imposibilidad de someter la materia tributaria a referéndum.

Pero resulta interesante imaginar lo que ocurriría si se le consultara al soberano si estima democrática y justa la existencia de regímenes de pensiones de privilegio, o si prefiere aprobar un mandato para el establecimiento de un régimen único de jubilaciones, verdaderamente justo y solidario.

Los regímenes especiales han pensionado beneficiarios a los 50 años de edad, con la totalidad del salario y ajustes del ingreso como si se tratara de trabajadores activos. En demasiadas oportunidades, la pensión de lujo supera en mucho el máximo pagado por la Caja Costarricense de Seguro Social y, a veces, el monto es cinco o seis veces mayor. El común de los mortales se pensiona pasados los 60, con beneficios incomparablemente menores.

Además, la ciudadanía sufraga los aportes patronales de los regímenes de privilegio, a menudo más elevados, porque, a fin de cuentas, el patrono es el propio Estado. Si alguno de esos regímenes llegara a colapsar, como lo ha advertido la Superintendencia de Pensiones, la tragedia también correrá por cuenta de la ciudadanía.

La consulta popular difícilmente podría ser objetada por quienes viven pregonando la necesidad de “consultar a las bases”, porque no hay una base tan amplia y legitimada para decidir sobre el desigual uso de los recursos estatales. Imaginar el resultado del hipotético referéndum podría obligar a meditar a los jerarcas sobre la conveniencia de seguir adjudicando privilegios a diestra y siniestra. Y, quizá en algún caso, el mecanismo realmente pueda ser aplicado.

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