EscucharEl debate sobre la situación fiscal, el aumento del gasto, la necesidad de nuevos impuestos y la repercusión de todos esos acontecimientos en los bolsillos de ciudadanos y empresas deja por fuera el examen de otras necesidades cuyos costos se vienen difiriendo por sensibilidades políticas y falta de previsión. Una de esas necesidades se hace cada vez más obvia en los dos regímenes de la Caja Costarricense de Seguro Social.
El seguro de salud, a cargo del régimen de Enfermedad y Maternidad, no tiene los ingresos necesarios para sostenerse, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (pensiones) tampoco podrá operar con los mismos beneficios e ingresos, dice la Superintendencia de Pensiones (Supén).
En ambos casos, urge recortar beneficios o incrementar los ingresos. La primera solución es impensable, por lo menos en el régimen de Enfermedad y Maternidad. La sociedad costarricense debe mejorar los servicios de salud, no empobrecerlos. La Caja puede ser mucho más eficiente y reconsiderar sus gastos, especialmente en la planilla, abultada por generosos privilegios, pero aun las medidas de ahorro podrían resultar insuficientes.
También hay espacio, según la OPS, para mejorar la recaudación, revisar los sistemas de aseguramiento por cuenta propia y ajustar la base mínima contributiva, como ya lo hizo la institución. Otras oportunidades de ahorro están en la reducción de internamientos, en muchas ocasiones innecesarios, y medidas como la disminución de las infecciones intrahospitalarias, que prolongan la permanencia de los pacientes en los centros de salud.
Pero los servicios de salud, considerados en sí mismos, se han encarecido y seguirán encareciéndose por el envejecimiento de la población y los costos de adoptar tecnologías modernas, entre otros factores. La OPS recomienda disminuir la dependencia de la Caja de las contribuciones basadas en el salario mediante la creación de rentas específicas, es decir, mediante la aprobación de nuevos impuestos que se vendrían a sumar a los incluidos en cualquier plan enviado a la Asamblea Legislativa para reducir la brecha fiscal.
Por eso es importante considerar el problema en conjunto. El país no debe verse forzado a escoger entre su competitividad económica y la excelencia de sus políticas en el campo de la salud. No habrá dinero para todo. Creer lo contrario es una ilusión irresponsable. Entender el dilema conduce a sopesar con cautela la asignación de los recursos –de todos los recursos– y la imposición de cargas tributarias, también examinadas en conjunto. Es imposible fijar prioridades, si algunas de las más relevantes permanecen invisibilizadas, en espera de hacer crisis.
Los servicios de salud deben ser preservados y mejorados. Sea por la vía de nuevos ingresos tributarios o por la del ajuste de cuotas, el esfuerzo encarecerá la producción y trasladará costos a la población en general. Es preciso tenerlo siempre en cuenta y, en especial, cuando se analice la creación de cargas impositivas con otros destinos o cuando se disponga de cualquier forma de los recursos del Estado. El gasto y la carga tributaria tienen límites que, una vez sobrepasados, conducen al desempleo, la caída en la producción y el alejamiento de las inversiones.
Los problemas de la seguridad social, como lo señalamos arriba, no se limitan al régimen de Enfermedad y Maternidad. También hay en camino difíciles decisiones para preservar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Las opciones son pocas: reducir los beneficios, aumentar las cuotas, aplazar la edad de retiro o una combinación de las tres medidas apuntadas. De nuevo, en este caso, hay consecuencias económicas y sociales. La verdadera defensa de la Caja y de sus asegurados exige considerarlas a cada paso, aunque la relación con otras decisiones fiscales no sea obvia a primera vista.
