Opinión

EDITORIAL

Primeros 100 días: aspectos económicos

Actualizado el 01 de septiembre de 2014 a las 09:54 am

Cifrar las esperanzas de reducción del déficit fiscal en un mayor crecimiento del PIB no es realista ni posible en las circunstancias actuales de la economía nacional e internacional

La conclusión inevitable es que se debe actuar por la vía del gasto y nuevos ingresos, como hemos insistido en varios editoriales anteriores

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El discurso presidencial sobre los primeros 100 días de gobierno planteó, en el campo económico, que la mejor arma para controlar el déficit fiscal es aumentar la producción, pero no detalló una estrategia concreta para acelerar el crecimiento, lograr la reducción del déficit fiscal como porcentaje del producto interno bruto (PIB) para el 2015 –que deberá reflejarse en el próximo presupuesto ordinario de las República– ni, mucho menos, para aplicar otras medidas destinadas a reducir el desbalance macroeconómico, incluyendo la cuenta corriente de la balanza de pagos. La verdad, fue muy omiso.

Las principales omisiones se relacionan con la situación fiscal y financiera del Gobierno Central y sus instituciones, la ausencia de una verdadera reforma del Estado para reducir el déficit fiscal de manera sostenida, puntualizar cuándo y cómo se modificaría el abusivo régimen salarial de los empleados públicos, las reformas estructurales necesarias para incrementar la competitividad y productividad de los sectores privados, incluyendo la discusión de diversas formas de proteccionismo (se limitó a crear una comisión que dialogará por 18 largos meses), señalar de dónde saldrían los recursos necesarios para corregir las serias dificultades financieras de la Caja Costarricense de Seguro social (CCSS) y de los regímenes de pensiones igualmente desfinanciados, así como los recursos requeridos para llevar el gasto en educación al 8% del PIB. Tampoco mencionó la venta de activos, que sería útil para estimular la inversión extranjera y aumentar la eficiencia y crecimiento, y disminuir el creciente endeudamiento público.

También observamos serias contradicciones económicas no solo en el discurso del pasado viernes, sino en acciones concretas emprendidas en los primeros 100 días de gobierno. Por ejemplo, el incremento de un 14% en las transferencias a las universidades públicas, una de las principales y más rígidas partidas en el presupuesto nacional, con importantes repercusiones en el déficit fiscal. La medida, aprobada para el 2015, no solo fue defendida en el informe, sino que el presidente se comprometió a girar lo mismo durante el ejercicio de su gobierno (incrementos por encima de la inflación) sin pedir cuentas puntuales del gasto extraordinario ni exigir la correspondiente rendición de cuentas. Defendió el incremento a los empleados públicos de entre 4% y 5% a la base, pero con efectos cercanos al 10% por los pluses y demás beneficios salariales (con una inflación programada por el Banco Central de apenas la mitad), sin ofrecer lineamientos concretos para reformar ese régimen salarial. Recientemente, se comprometió a otorgar nuevas pensiones no contributivas con recursos de Fodesaf, sin indicar cuáles gastos se recortarían.

Cifrar las esperanzas de reducción del déficit fiscal en un mayor crecimiento del PIB no es realista ni posible en las circunstancias actuales de la economía nacional e internacional, y tampoco de conformidad con sus proyecciones. Durante el último ciclo expansivo, que concluyó en las economías desarrolladas en el 2007 y, en Costa Rica, en el 2008, fue innecesaria la reforma fiscal que habían recomendado los exministros de Hacienda, pues los recursos crecieron a tasas muy por encima del aumento real del PIB. Pero esa bonanza ya se acabó, por un período prolongado. Las proyecciones de crecimiento de los países avanzados (promedio) han sido revisadas a la baja por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a un escaso 1,8% en el 2014, y un 2,4% el año entrante. La economía de los Estados Unidos solamente subirá un 1,7% en el año en curso, aunque mejorará un poco en el 2015. Pero ese crecimiento será insuficiente para impulsar vigorosamente el de los países en desarrollo, por lo que es de esperar que nuestra producción y los ingresos fiscales también crezcan modestamente. Tampoco es realista asumir que, controlando mejor la evasión y elusión, se puedan allegar suficientes recursos sostenibles para prescindir de una reforma fiscal. La conclusión inevitable es que se debe actuar por la vía del gasto y nuevos ingresos, como hemos insistido en varios editoriales anteriores.

La nueva visión fiscal ha sido miope no solo en esos aspectos del crecimiento real y evasión, sino que se orienta a estimular más a las pymes sin cuantificar su verdadero costo fiscal ni su contribución real al PIB y al erario público. ¿Cuánto contribuirán las pequeñas y medianas empresas al PIB? El Banco Central estima que la producción total apenas crecerá un 3,4% el año entrante, porcentaje insuficiente para acrecentar la recaudación tributaria (y disminuir el desempleo). Y, sin embargo, el presidente Solís reiteró su preferencia por posponer durante dos años la discusión y aprobación de nuevos ingresos. Tampoco se ha pronunciado por reducir el gasto en un porcentaje cuantificable del PIB que acerque el déficit fiscal a un nivel más sostenible. Los planes para mejorar la recaudación y controlar la evasión son convenientes y saludables, pero dudamos mucho que, al final, se traduzcan en una reducción sustancial del déficit.

Con su visión parcial y manejo selectivo e insuficiente del problema fiscal, el Gobierno está comprometiendo la estabilidad macroeconómica, que podría reventar el año entrante. Como bien dijo el economista líder del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alberto Barreix, si Costa Rica no hace las reformas necesarias para recobrar la estabilidad macroeconómica, ni las otras reformas estructurales para mejorar la eficiencia y competitividad, el mercado internacional y las transnacionales harán los cambios por nosotros. Interpretamos que la afirmación se refiere a ajustes en la inflación y tipo de cambio. Y lo peor de todo es que los costarricenses más pobres sufrirían con más fuerza el embate de una eventual crisis.

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