EscucharEl ministro de Hacienda, Édgar Ayales, presentó puntualmente el proyecto de presupuesto para el 2013 a la Asamblea Legislativa. Pero ¿mejorará la situación fiscal el próximo año? La respuesta es no. El presupuesto, a lo sumo, mantendrá inalterada la situación observada en el 2012, sin ningún cambio significativo. Y se habrá dejado pasar una nueva oportunidad de reducir el déficit y mejorar la composición del gasto.
Los esfuerzos realizados internamente por el Gobierno para contener el crecimiento de las erogaciones y disminuir el déficit fueron, obviamente, insuficientes. Aunque los ingresos corrientes sí aumentaron holgadamente en comparación con el 2012, los gastos –que parten de una base mayor– crecerán un 7,7%, lo cual equivale a una expansión de casi un 3% real, y el déficit sobrepasará, una vez más, el 5% del PIB. Este es el tercer año consecutivo, después del fugaz superávit del 2008 y cifras moderadas en el 2009, que el déficit fiscal del Gobierno central supera el 5% del PIB. El proceso para restablecer el equilibrio macroeconómico se ha estancado, y eso produce efectos económicos indeseables.
La demanda de financiamiento gubernamental en el mercado interno, junto a la presión que agregan los bancos comerciales del Estado, ha lanzado las tasas de interés (10,5%) a niveles que duplican el crecimiento real del PIB (5%). Eso afecta el financiamiento a los sectores productivos y, a largo plazo, retarda el crecimiento del PIB. Tampoco contribuye a disminuir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos ni a evitar la sobrevaluación cambiaria. Ya hemos mencionado que acudir al mercado externo (eurobonos) abarata temporalmente el costo de las tasas de interés, pero, también, presiona el tipo de cambio a la baja en detrimento de los sectores exportadores.
Desde el punto de vista microeconómico, el proyecto de presupuesto para el 2013 tiene, también, varios inconvenientes. Privilegia el gasto en salarios y burocracia, pero sacrifica la inversión comparada con la del 2012. La composición del gasto tampoco mejora. Como ha insistido la Contraloría General de la República en varias ocasiones,falta una adecuada medición en la efectividad de los programas impulsados por el Gobierno, no hay suficiente eficiencia en el uso de los recursos y los costos unitarios de los servicios. También faltan adecuados indicadores y una apropiada vinculación entre la planificación y el presupuesto, y es pobre la aplicación del régimen de sanciones para sentar las responsabilidades por el incumplimiento de funciones y mal uso de recursos públicos.
Tres partidas presupuestarias –salarios, amortización y transferencias corrientes– concentran el 85% del gasto y dejan muy poco para atender otras necesidades de la sociedad. Aun los gastos en educación, que absorben el 26% del presupuesto nacional, están desbalanceados, pues la gran mayoría de ellos se destina a salarios y muy poco a financiar la inversión en infraestructura requerida por los estudiantes.
En la partida de remuneraciones, los incentivos salariales representan un gasto mayor que las remuneraciones básicas, lo cual indica la necesidad de analizar integralmente las políticas en materia de empleo público.
En ese contexto, el proyecto de ley enunciado por la ministra de Trabajo, Sandra Pisk, sería, de aprobarse, un gran avance, como mencionamos en nuestros editoriales del viernes y sábado anteriores. Además, el financiamiento del presupuesto contempla recursos sanos solamente por un 53% del total, y contraviene una vez más el artículo 6 dela Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, que prohíbe financiar gastos corrientes con endeudamiento extraordinario.
Así las cosas, el proyecto de presupuesto para el 2013 no ofrece mayores posibilidades de mejoría. Corresponderá, entonces, a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa emprender la tarea que no hizo a cabalidad el Poder Ejecutivo, con el inconveniente de no contar con el personal técnico especializado para hacer una buena tarea.
Sabemos que esa labor será difícil. Pero, si no se hace un esfuerzo, la deficiente estructura y limitada eficacia del gasto permanecerán inalteradas una vez más.
