Opinión

EDITORIAL

Pensiones del Poder Judicial

Actualizado el 28 de marzo de 2014 a las 12:00 am

La Superintendencia de Pensiones (Supén) propone cerrar el régimen de la Corte y trasladar su costo al presupuesto nacional

El país debe migrar hacia un régimen único de pensiones, fuera del cual solo existan las posibilidades establecidas por la Ley de Protección al Trabajador

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El régimen de pensiones del Poder Judicial es insostenible y seguirá en esa condición después de aprobadas las reformas propuestas por la Corte Plena para mejorar su condición financiera. La Superintendencia de Pensiones (Supén) propone cerrarlo, pero tampoco esa medida saldrá gratis. El país cargará con el costo a sus espaldas, porque el cierre implica el traslado de las erogaciones al presupuesto nacional.

Todos los costarricenses, incluidos los más humildes, quedarán comprometidos a mantener las jubilaciones de privilegio ya otorgadas y las concedidas a quienes se pensionen en el año y medio posterior al cierre, si se adoptara la sugerencia más tajante de la Supén. Si la medida fuera tomada en mayo de este año, el costo de mantener a 3648 pensionados ascendería a un 3,6% del Producto Interno Bruto y el último beneficiario cobraría su pensión en el 2055.

Se trata de una nueva hipoteca sobre el futuro de la juventud costarricense, incluyendo a los no nacidos, cuyo objeto es permitir a un selecto grupo de funcionarios jubilarse a temprana edad y con la totalidad de su salario.

El desequilibrio en las finanzas del Estado lo pagaremos todos por la vía de la inflación, el alza en las tasas de interés, el deterioro de los servicios, la falta de desarrollo de infraestructura y de muchas otras maneras.

Si quisieran mantener los beneficios de su régimen, los empleados judiciales deberían cotizar el 70% de su salario y los jubilados, el 60% de su pensión. Eso es imposible e innecesario, si se toma en cuenta la cómoda posibilidad de pasar la factura al resto de la población.

Los empleados de la Corte demasiado jóvenes para participar del óleo o carentes de los requisitos para aprovecharlo en este momento, sufrirían la “ignominia” de pasar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, de donde salen las pensiones de los simples mortales, es decir, de unos 212.000 jubilados que no tuvieron la suerte de pertenecer a un régimen de privilegio y de cientos de miles de trabajadores activos para quienes IVM es la única opción en el futuro.

Haciendo a un lado las dudas que pesan sobre la salud financiera del IVM, salta a la vista la modestia de sus jubilaciones frente a la injustificada generosidad del régimen de la Corte. Mientras los empleados judiciales cotizan una fracción del costo de sus futuras jubilaciones, en el IVM existe un tope máximo y los trabajadores mejor pagados cotizan más de lo que recibirán. La diferencia es un deber de solidaridad impuesto por ley para financiar las pensiones más humildes.

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Los empleados de la Corte están exentos de esa solidaridad y el peso de su holgada manutención más bien será repartido sobre los hombros de todos, sin distinciones de ningún tipo. Es una especie de solidaridad a la inversa. Por supuesto, ni la edad de jubilación ni el monto de las pensiones son comparables. Nadie en el IVM recibe el equivalente a la totalidad del salario.

El planteamiento de la Supén dista mucho de lo ideal pero, aun así, será difícil ponerlo en práctica. La fecha hipotética de mayo del 2014 es, desde luego, un sueño y cada mes de atraso añadirá costos (y pensionados de lujo) a la solución eventual. La Corte ya ha dado muestras de estar en disposición de defender su régimen hasta el último momento. Pide nuevos estudios, apunta a la insuficiente reforma planteada a la Asamblea Legislativa y minimiza la profundidad de la crisis. Eso sí, demuestra tener presente la existencia de una garantía del Estado, es decir, de todos los costarricenses.

No existe ningún motivo para conceder a los empleados judiciales un trato tan especial. Lo mismo puede decirse de otros regímenes de privilegio. El país debe migrar hacia un régimen único de pensiones, fuera del cual solo existan las posibilidades de ahorro establecidas por la Ley de Protección al Trabajador, es decir, los fondos voluntarios y complementarios.

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