Opinión

EDITORIAL

Penalización del crédito por plazo

Actualizado el 30 de abril de 2017 a las 10:00 pm

La Sugef planteó un cambio en la normativa aplicada a la concesión y administración del crédito, a fin de penalizar el otorgamiento de préstamos a plazos largos

La medida parece contraproducente o, al menos, innecesaria, pues un crédito con cuotas inferiores es menos riesgoso para el intermediario que uno con plazo inferior y cuotas mayores

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La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), entre cuyas funciones está velar por la estabilidad del sistema financiero costarricense, recién planteó un cambio en la normativa aplicada a la concesión y administración del crédito, a fin de penalizar el otorgamiento de préstamos a plazos largos. La penalización consiste en exigir a los intermediarios financieros hacer mayores reservas en respaldo de los créditos a largo plazo.

Según la Superintendencia, el largo plazo podría aparejar mayor riesgo para los deudores y, por tanto, para los entes que conceden los créditos (vea nuestra publicación del 27 de abril titulada “ Sugef promueve freno a créditos de plazo excesivo ”). La medida propuesta se aplicaría a créditos de consumo, como el otorgado bajo la figura de las tarjetas de crédito, así como para la compra de vehículos y vivienda.

Voceros de la industria financiera señalan, con razón, que exigir más capital de respaldo a los bancos se traducirá en tasas de interés más elevadas. Además, el crédito a plazos largos implica cuotas más bajas para los deudores. Excepto que la concesión de crédito se reduzca, las circunstancias mencionadas más bien apuntan a un mayor riesgo de incumplimiento de las obligaciones crediticias si se impone la propuesta de la Sugef.

En el caso de crédito para vivienda, la penalización por plazo parece contraproducente o, al menos, innecesaria, pues un crédito con cuotas inferiores es menos riesgoso para el intermediario que uno con plazo inferior y cuotas mayores. Además, conviene tener presente que en créditos hipotecarios de vivienda el saldo de las operaciones se reduce con el tiempo, mientras el valor de la garantía suele mantenerse y hasta subir. Es decir, lo que internacionalmente se conoce como loan-to-value (relación entre el préstamo y el valor de la garantía), que puede considerarse como una medida de riesgo, mejora con el tiempo.

En defensa de sus propios intereses, los bancos y otras entidades financieras se cercioran de no asumir riesgos excesivos al conceder créditos. Por eso estudian el historial de pago de los solicitantes, que en nuestro país se mantiene actualizado gracias a la propia Sugef, además de su capacidad de pago y la calidad de la garantía. Parece innecesario, por tanto, que la Sugef procure normar, en un plano tan detallado, el proceder de los intermediarios financieros.

Más que el manejo de riesgos idiosincráticos, como los atribuibles a deudores individuales, que en general los entes financieros pueden diversificar y anular, a la Sugef debería preocuparle la materialización de amenazas de carácter sistémico, como son la inflación, la devaluación y la recesión, pues afectan a todo el sistema financiero a la vez.

La norma vigente, que exige la conservación de un capital mínimo equivalente al 10% de los activos ajustados por riesgo de los intermediarios, constituye una adecuada medida precautoria para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero como un todo. Encarecer el costo del crédito en función del plazo no es necesario ni conveniente.

Confiamos en que el diálogo entre el ente supervisor y los supervisados, que precede todo cambio de normativa, rinda los frutos que de él se espera. Como indicamos en nuestro reportaje del 27 de abril, ambas partes han aportado argumentos importantes para examinar el tema, cuya importancia amerita cautela.

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