Opinión

EDITORIAL

Peligroso retroceso

Actualizado el 28 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

El Tribunal Contencioso Administrativo dejó sin efecto las medidas de la Caja contra el abuso de las incapacidades

La sentencia todavía no es firme, pero, si llegara a consolidarse, sería un enorme retroceso de los esfuerzos por sanear las finanzas de la institución

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La crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es de conocimiento público, como también el altísimo costo de los privilegios concedidos a sus funcionarios y el demostrado abuso de esos beneficios. Cuando se enferman, los empleados de la institución reciben la totalidad de su salario como subsidio de incapacidad, no el 60% como la inmensa mayoría de trabajadores. Por si fuera poco, hasta junio del 2011, los ingresos devengados durante el permiso por enfermedad se tomaban en cuenta para calcular el pago de aguinaldos, cesantía, salario escolar y otros extremos laborales. Enfermarse en la Caja era un negocio redondo. Por eso, la institución figuraba, por mucho, entre las más afectadas por las incapacidades.

En junio del 2011, impulsada por la crisis financiera, la Junta Directiva decidió dejar de considerar los pagos por incapacidad a la hora de calcular los demás beneficios laborales, según la recomendación de un dictamen emitido diez años antes por la Procuraduría General de la República. A tenor del dictamen, el pago por incapacidad es un subsidio, no un salario, y no puede figurar en el cálculo de otros beneficios.

Los trabajadores de la Caja se incapacitaban cinco veces más que los del sector privado y sus dolencias tenían una duración mucho más larga. También había “casualidades”, como la duplicación de los “enfermos” el 14 de junio del 2010, cuando se inauguró el Campeonato Mundial de Fútbol. Si hubiera duda del abuso, la aplicación del dictamen de la Procuraduría habría acabado con ella. Al mes siguiente, las incapacidades se redujeron en un 40%. La Caja ahorró un río de decenas de miles de millones, no solo por los permisos no otorgados y por la sustracción del subsidio del cálculo de otros beneficios laborales, sino también por el no pago de horas extras y otras medidas necesarias para sustituir al personal enfermo.

Tanto era el abuso, que hasta los sindicalistas se vieron obligados a admitir su existencia. Confrontado con los resultados financieros de la aplicación del dictamen de la Procuraduría, Juan Carlos Durán, de la Federación de Organizaciones Sindicales de la Caja, declaró: “Obviamente había un fallo en el tema de incapacidades”.

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Sin embargo, en el momento de adopción de la medida, los sindicatos se declararon en huelga, aunque los agremiados conservaban el privilegio de recibir, a título de subsidio por incapacidad, el equivalente al 100% del salario. Tanto pesaba la evidencia de la crisis económica institucional y la de los abusos cometidos, que el movimiento tuvo poco respaldo y a los cuatro días fue cancelado sin frutos. Eso no impidió a sus promotores interponer una demanda contencioso-administrativa para recuperar el privilegio, y acaban de lograrlo, por lo menos en esa instancia. Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja, celebró el fallo, pero no pudo dejar de reconocer los abusos cometidos.

La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo todavía no es firme. La Caja y la Procuraduría intentarán dejarla sin efecto en casación, pero, si llegara a consolidarse, sería un enorme retroceso de los esfuerzos por poner orden en las finanzas de la institución, de cuya estabilidad económica depende la salud de cientos de miles de costarricenses que no gozan de privilegios equiparables.

La irracionalidad de crear y mantener incentivos para la sangría financiera de una institución tan importante no admite duda. El restablecimiento del privilegio pleno es una invitación al abuso y ensancha la costosa brecha entre los beneficios concedidos a la burocracia y los otorgados al resto de trabajadores. Es, también, un pésimo precedente que las organizaciones sindicales de otras instituciones no pasarán por alto.

Así se construye la crisis fiscal del Estado costarricense.

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