Opinión

EDITORIAL

Peligro para la seguridad social

Actualizado el 05 de diciembre de 2012 a las 12:00 am

Aplicar el impuesto sobre la renta a las pensiones voluntarias pone en riesgo un importante componente de la red de seguridad social

El cobro del impuesto anula cualquier incentivo establecido para cumplir los fines de la ley y estimula el retiro de los ahorros antes delos 57 años

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Los proyectos de interpretación auténtica de la Ley de Protección al Trabajador y la del Impuesto sobre la Renta permanecen estancados en la corriente legislativa. Pretenden aclarar la voluntad del legislador frente al criterio de la Dirección General de Tributación Directa sobre la aplicación de ese gravamen a las pensiones voluntarias.

Por años, el país asumió la exención de los regímenes voluntarios. Había buenas razones para hacerlo. En primer lugar está la lógica. La intención del régimen de pensiones voluntarias es permitir al trabajador acumular, con sus propios recursos, un fondo para complementar los ingresos de otros regímenes al finalizar la vida laboral. Los beneficios de los fondos estatales disminuyen con el paso del tiempo, y la pensión complementaria es un seguro frente al grave problema social de la vejez desamparada.

El interés del Estado en estimular la creación de esas reservas es evidente. Amén de garantizar a los jubilados mejores condiciones de vida, el dinero acumulado constituye un cuantioso fondo para la inversión en beneficio de la economía y del propio Estado.

Los fondos crecen a expensas del salario de los trabajadores, las contribuciones de sus empresas y de sus asociaciones solidaristas, además de los rendimientos financieros obtenidos por las operadoras de pensiones. Al Estado no le cuesta un céntimo, más allá de la exoneración del impuesto sobre la renta otorgada por ley al ahorro del trabajador, con límite del 10% del salario. Es un costo muy bajo en comparación con los beneficios.

La segunda razón para haber creído en la exoneración de los regímenes voluntarios es el testimonio de los diputados que votaron la ley. Todos confirman la intención de exonerar el pago de las pensiones complementarias, y uno de ellos, Wálter Céspedes, del Partido Unidad Socialcristiana, impulsa el proyecto de interpretación auténtica para dejar el propósito original definitivamente establecido.

El tercer motivo es la estructura del régimen de pensiones voluntarias. La decisión de la autoridad tributaria de aplicar el impuesto sobre la renta al pago de las jubilaciones contraría los fines de la ley al punto de desembocar en el absurdo. La normativa previó la posibilidad de hacer retiros anticipados del fondo acumulado por el trabajador. El castigo por reclamar los fondos antes de cumplir los 57 años es la devolución de una parte de los incentivos fiscales, pero, según la interpretación de la autoridad tributaria, el castigo por hacerlo después es el pago del 15% de impuesto sobre la renta, pues a los 57 años ya no es posible hacer retiros anticipados. A partir de esa edad, el trabajador se considera pensionado para efectos del régimen voluntario y, según Hacienda, debe pagar el impuesto.

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El porcentaje de los incentivos a devolver en caso de retiro anticipado depende de la edad del trabajador. A los 56 años, es de apenas un 10% de las exoneraciones recibidas. La cifra equivale, quizá, al 0,5% de los ahorros. Si la interpretación de Tributación Directa es correcta, ese mismo trabajador, un año más tarde, deberá pagar el 15% de sus ahorros y de los rendimientos obtenidos por el fondo. Quien haya acumulado ¢10 millones, está ante la disyuntiva de devolver unos ¢100.000 a los 56 años o pagar ¢1,5 millones a partir de los 57.

Como es obvio, la aplicación del impuesto sobre la renta anula cualquier incentivo establecido para cumplir los fines de la ley y estimula el retiro de los ahorros antes de los 57 años. En la actualidad, el 44% de los 89.600 trabajadores afiliados al régimen están en condiciones de retirarse por anticipado. Si la autoridad tributaria tiene razón, la ley contendría el mecanismo de su autodestrucción.

Según el Ministerio de Hacienda, el impuesto es aplicable a las pensiones voluntarias porque la ley no establece diferencia alguna para esos regímenes. Sin embargo, cuando el Congreso aprobó la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para gravar las pensiones, los regímenes voluntarios no existían.

La Superintendencia de Pensiones, las operadoras del régimen y los diputados de la época en que fue aprobada la Ley de Protección al Trabajador coinciden en la necesidad de respetar la exoneración. No hacerlo implica el peligro de acabar con un importante componente de nuestra red de seguridad social, pero el Gobierno no se muestra interesado en resolver el problema.

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