Opinión

EDITORIAL

Papeletas espurias

Actualizado el 13 de marzo de 2014 a las 12:00 am

Ningún atentado contra el sistema electoral, no importa cuán escasas sean sus probabilidades de éxito, debe quedar impune o ayuno de explicación

La Policía Judicial y el Ministerio Público deben comprender que han sido llamados a defender uno de los valores más sagrados de nuestra nacionalidad

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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) imprimirá una medida de seguridad adicional en las papeletas electorales que se utilizarán en los comicios del 6 de abril. Anunció, además, la decisión de responsabilizar a sus auxiliares, no a los miembros de mesa, por la custodia de los importantes documentos.

Las medidas responden a la circulación de papeletas muy parecidas a las originales, con todo y las medidas de seguridad en cuya eficacia se confiaba hasta ese momento. Esas medidas todavía eran secretas cuando aparecieron las papeletas no autorizadas.

Entre la aparición de las papeletas y la perpetración de un fraude electoral hay una enorme distancia. En el momento de la votación hay fiscales en todas las mesas, cuyos miembros deben firmar el documento y observan al elector cuando lo deposita en la urna. Al finalizar la jornada, el conteo se hace bajo la vigilancia de todos y se comprueba el número de votos contra el padrón electoral. La seguridad del sufragio va, entonces, mucho más allá de las papeletas.

La multiplicidad de garantías no hace menos preocupante la falla de alguna de ellas. El sistema electoral está diseñado con plena conciencia de su importancia para la paz social y la vida democrática. Su credibilidad es un elemento fundamental de nuestra convivencia en armonía. Por eso, la seguridad nunca resulta excesiva.

Tampoco puede haber exceso en el empeño que pongan el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el esclarecimiento de lo sucedido y la identificación de los culpables, cuyo delito es de lesa patria.

Un costarricense capaz de tomarse tan a la ligera el sufragio, a sabiendas de los sacrificios hechos por quienes nos lo legaron y de las funestas consecuencias de poner su pulcritud en duda, merece el más severo repudio.

La Sección de Fraudes del OIJ cuenta con tres papeletas espurias e igual número de documentos originales para comparar sus características en procura de dar con el origen de la irregularidad. A simple vista, los documentos acreditan la existencia de una falla, dada la incorporación de las medidas de seguridad secretas, pero es preciso establecer si son, por ejemplo, una reproducción lograda a partir de una fotografía o alguna otra forma de sustracción y falsificación.

Hay, también, miles de horas de filmación en la imprenta donde los documentos fueron confeccionados, aunque la falla de seguridad pudo haberse producido en otros escenarios, incluidas las bodegas del TSE, donde desafortunadamente no hay cámaras. El Tribunal ya tomó la decisión de instalarlas, así como de revisar otros aspectos de la seguridad de sus plantas físicas.

Las decisiones de los magistrados son oportunas para preservar la confianza de la ciudadanía en el sufragio, que no debe verse afectada por el incidente de las papeletas. Sin embargo, solo el esclarecimiento del caso puede satisfacer la inquietud en definitiva. Ningún atentado contra el sistema electoral, no importa cuán escasas sean sus probabilidades de éxito, debe quedar impune o ayuno de explicación.

El caso no parece fácil y no hay certeza del éxito de las investigaciones, pero no hay duda de su importancia y de la necesidad de invertir en ellas cuanto sea necesario para procurar el establecimiento de la verdad. El Tribunal insiste en que sus funcionarios siguieron estrictos protocolos de seguridad, razón de más para ubicar la falla, porque no hay duda de su existencia.

La Policía Judicial y el Ministerio Público deben comprender que han sido llamados a defender uno de los valores más sagrados de nuestra nacionalidad. Aciertan, entonces, los principales partidos políticos al pedir con vehemencia explicaciones, al tiempo que reiteran su confianza en el Tribunal. Todos debemos imitar ese ejemplo de alto valor cívico.

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