Opinión

EDITORIAL

Orden en el transporte público

Actualizado el 23 de junio de 2015 a las 12:00 am

Es preciso reformar el CTP para hacer de él un organismo técnico, ajeno a los intereses gremiales

Sus decisiones afectan a dos millones de usuarios por día y el volumen del negocio se calcula en ¢358.000 millones al año

Opinión

Orden en el transporte público

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Consejo de Transporte Público (CTP) están destinados a entrar en conflicto, dada la superposición de las potestades asignadas por ley a cada una de las dos instituciones y a la diversidad de intereses y objetivos en ellas representados.

La Aresep considera inconvenientemente limitadas sus potestades de imponer sanciones y regular aspectos medulares del transporte público, como la calidad. Por eso cree necesario asumir la concesión de permisos, la definición de los reglamentos de operación y la fiscalización de la actividad.

El regulador, Dennis Meléndez, presentó un dramático ejemplo de las contradicciones del sistema vigente. En abril, el CTP aprobó la renovación de 160 concesiones de rutas de autobús, pero la Aresep no quiso refrendarlas por falta de la información necesaria para valorar los contratos. Las dos entidades entraron en conflicto cuando la Aresep se negó, también, a dar el visto bueno a un aumento tarifario para las 160 concesiones, alegado la ausencia del refrendo.

La discusión pudo haberse resuelto con la entrega de la información solicitada por los reguladores, pero el CTP tomó otro camino: convirtió a los empresarios de las 160 rutas en permisionarios temporales y, en esta condición, la Aresep no pudo negarles el aumento. La solución despierta graves dudas y, desde todo punto de vista, no puede tenerse por satisfactoria.

Meléndez también se queja porque las sanciones impuestas por la Aresep quedan en letra muerta cuando los concesionarios acuden al CTP para combatirlas. La ley faculta a la Aresep para retirar concesiones cuando se producen irregularidades, pero, según el regulador, los operadores sancionados “se van al CTP y al día siguiente les dan una nueva”.

Semejantes contrasentidos explican, en mucho, el desorden imperante en el transporte público y el escaso peso de la calidad en la fijación de tarifas. También alimentan dudas sobre la información disponible para fijar el precio de los pasajes con justicia y apego al interés público.

El CTP, por su parte, se aferra a las facultades que ha venido ejerciendo, aunque admite los roces surgidos de la forma en que el marco legal distribuye las funciones. Más allá del debate sobre la forma de eliminar estas contradicciones y sobre la mejor manera de asignar las potestades, el regulador Meléndez señala un problema difícil de ignorar: la presencia de los empresarios del transporte en el CTP. “No se puede poner al ratón a cuidar el queso”, afirma Meléndez para describir el problema.

Con él coincide, al menos en este punto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que anunció su propósito de reformar el CTP para transformarlo un organismo técnico, ajeno a los intereses gremiales. Los delegados de los taxistas, de los autobuseros, de los gobiernos locales y de los usuarios están de más en una entidad cuyas funciones, aunque fueran redefinidas según la propuesta de la Aresep, deberían ser estrictamente técnicas.

Ni la representación municipal ni la de los usuarios ofrecen garantía de procesos transparentes y ajustados a los mejores criterios, como se ha puesto en evidencia a lo largo de los últimos años. Por otra parte, las decisiones en esta materia no deben ser producto del debate entre representantes de los sectores involucrados, sino del estudio detallado y técnico de las condiciones existentes en cada caso.

Esas decisiones afectan a dos millones de usuarios cada día y el volumen del negocio se calcula en ¢358.000 millones al año. Mientras el CTP siga corporativizado y las zonas grises de la legislación no sean aclaradas, difícilmente habrá progreso en la urgente tarea de poner orden en la prestación de servicios tan esenciales.

  • Comparta este artículo
Opinión

Orden en el transporte público

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota