Opinión

EDITORIAL

Oportunidad para la disciplina fiscal

Actualizado el 02 de mayo de 2015 a las 12:00 am

La nueva conducción legislativa, ojalá en concierto con el gobierno, puede hacer mucho por ayudar a recobrar la confianza en la buena administración

Es preciso proponer medidas de contención del gasto capaces de convertirse en políticas de Estado y perdurar más allá de la actual administración

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El bloque opositor conformado para arrebatar al oficialismo el control del directorio legislativo encontró un punto de acuerdo en la oposición al plan fiscal del gobierno. No les falta razón. Proporcionar nuevos recursos a una administración tan proclive al gasto puede agravar el problema fiscal, en lugar de resolverlo.

Pero la nueva conducción de la Asamblea no debe pasar por alto la importancia de la crisis fiscal. Es insuficiente la voluntad de combatir, en este momento, el incremento de la carga impositiva. El país necesita medidas de contención del gasto capaces de convertirse en políticas de Estado y perdurar más allá de la actual administración.

Con ese andamiaje como garantía, deberá plantearse, inevitablemente, el aumento de impuestos. El presidente Luis Guillermo Solís intuyó la pertinencia de seguir esa ruta cuando, como candidato, prometió no impulsar nuevos impuestos durante los dos primeros años de su mandato para ganar, primero, la credibilidad perdida a manos del despilfarro y la mala administración.

Desafortunadamente, el gobierno tomó otro curso. Aprobó un 19% de aumento en el presupuesto y su política de gasto puso en duda toda voluntad de equilibrar las finanzas. Para empeorar la situación, el presupuesto se aprobó mediante una serie de jugarretas políticas cortoplacistas, incluyendo la sustitución de un diputado en la comisión encargada del trámite y la aprobación definitiva del plan de gastos sin recorte alguno, pese al voto en contra de la mayoría del Parlamento, lo cual motivó una reprimenda de la Sala Constitucional.

Esos acontecimientos, sumados a la férrea oposición a la reforma tributaria de la administración Chinchilla desplegada por los aliados del Presidente en el Partido Acción Ciudadana, dejan al gobierno con pocos argumentos para promover nuevos impuestos.

Pero el problema existe y no es posible ignorarlo mientras se recupera la confianza. La nueva conducción legislativa, ojalá en concierto con el gobierno, puede hacer mucho por ayudar a recobrarla. Es indispensable enfrentar con valentía los disparadores del gasto público. El Ejecutivo plantea algunas buenas intenciones en esa materia, pero es necesario profundizarlas.

Una ley de responsabilidad fiscal, que garantice el buen uso de los ingresos adicionales e impida emplearlos en incrementar privilegios y gastos superfluos constituiría una base firme para la reforma impositiva necesaria, que no debe perpetuar las exoneraciones y distorsiones injustificadas hasta ahora existentes.

La ley, y no la casuística, debe garantizar el buen manejo fiscal y erradicar permanentemente los vicios causantes de la crisis. Es preciso imponer límites, asegurar el equilibrio macroeconómico, cimentar la estabilidad monetaria y cambiaria, así como el poder adquisitivo de los ciudadanos. Para conseguirlo, el crecimiento nominal del presupuesto debe ser limitado y las inversiones tomar precedente sobre el gasto corriente. Nada de eso será posible sin la racionalización del régimen de remuneraciones del sector estatal y la eliminación de privilegios.

También es urgente controlar el déficit, como porcentaje del PIB, con sublímites al déficit primario y secundario. Así se garantizarían los pagos de principal e intereses de la deuda y se controlaría su crecimiento.

Es perfectamente posible armar una agenda de responsabilidad fiscal sin aprobar, de inmediato, nuevos recursos para el gobierno. El propio Poder Ejecutivo podría estar interesado en promoverla, vistas las dificultades que encara su plan de ajuste tributario. En medio de tanta turbulencia, la oportunidad está planteada para emprender reformas estructurales duraderas.

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