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Opiniones negativas

Actualizado el 11 de julio de 2013 a las 12:00 am

Los resultados de la encuesta publicada por La Nación son propios de un país en profunda crisis, como la que no se ha visto desde el inicio de la década de los ochenta

El manejo político del Gobierno ha sido torpe y muchas de las crisis, grandes y pequeñas, son de su exclusiva autoría

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Los resultados de la encuesta de Unimer para La Nación harían pensar en la existencia de una crisis económica de proporciones históricas, pero la inflación se mantiene bajo control, el tipo de cambio es estable y el país crece en el marco de una importante desmejora de la economía internacional.

Es cierto, sobre ese panorama gravitan los pesados nubarrones de problemas pospuestos, como el déficit fiscal, la crisis de las pensiones y la desaceleración del crecimiento en los últimos meses, pero esos temas pesan en la valoración de los mejor informados y es difícil creer en su aptitud para alterar la percepción general.

Los indicadores de pobreza se mantienen estables. Este no es un mérito, porque la lucha contra ese flagelo es una aspiración urgente, pero, si la pobreza no crece, tampoco puede explicar opiniones tan negativas y tanto más severas que las vertidas sobre Administraciones anteriores.

La encuesta conduciría a creer en el agravamiento de la inseguridad ciudadana, pero hay mejoría y el tema ha cedido espacio entre las preocupaciones prioritarias. La respuesta estatal frente a la delincuencia difícilmente alcanzará niveles suficientes para producir completa satisfacción, pero los avances existen.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estuvo al borde de la insolvencia y la decidida intervención de su presidenta ejecutiva consiguió mejorar las finanzas, afectadas por decisiones de administraciones anteriores, en especial la inmediatamente precedente.

Hay iniciativas de importancia en materia educativa y efectos sobre el fenómeno de la deserción, aunque están pendientes importantes tareas en el ámbito de la digitalización y la mejora de un sistema de becas bien concebido pero, con demasiada frecuencia, mal ejecutado.

El comercio exterior tiene nuevas oportunidades de expansión y el país avanza hacia la incorporación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El ingreso a la Alianza del Pacífico es un hecho.

Hay otros ejemplos de aciertos, mas el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla es el peor calificado de los últimos seis mandatos. El 60% de los ciudadanos opinan mal, o muy mal, de la actual Administración y solo el 9% la considera buena. El 31% se muestra más comedido y le adjudica una valoración regular.

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Son números propios de un país en profunda crisis, como la que no se ha visto desde el inicio de la década de los ochenta. La explicación del fenómeno no es sencilla y se presta para la especulación. Existe la tentación de atribuirlo al desencanto sistémico, magnificado por errores puntuales de la Administración.

Sin embargo, el candidato del partido oficialista encabeza las preferencias electorales y nadie niega la posibilidad de un tercer mandato consecutivo del PLN, por primera vez en la historia. En las circunstancias de la encuesta, ese hecho parece especialmente extraordinario y contradice la tesis que explica los resultados por un agotamiento generalizado, dirigido contra el modelo de desarrollo y, mucho menos, contra el sistema de gobierno.

Hay desencanto, sin duda, en importantes sectores de la población. Algunos lo externan con expresiones de descontento de alcance general, pero no han demostrado capacidad de aglutinar mayorías suficientes para hacer prevalecer su punto de vista. Lo errores de la Administración, y son muchos, abren espacios a esas expresiones de descontento y las potencian, pero en ellas no parecen estar las claves de resultados tan desproporcionadamente negativos.

Frente a la especulación, hay hechos innegables. El manejo político del Gobierno ha sido torpe y muchas de las crisis, grandes y pequeñas, son de su exclusiva autoría. Bastaba, por ejemplo, permitir la reelección del magistrado Fernando Cruz o prever las consecuencias de su frustrado retiro. Sobre todo, fue imperdonable justificarla por la intención de “enviar un mensaje” a sus compañeros de judicatura.

El escándalo de la viceministra de Cultura era evitable con solo plantear, desde el inicio, la pérdida de confianza por su decisión de no informar a la Presidencia sobre sus problemas judiciales y los chantajes de que dijo ser víctima.

La concesión de la carretera a San Ramón pudo frenarse, con idénticos efectos, en un momento más oportuno, y el aislamiento de la mandataria por el cordón de seguridad en los actos del 11 de abril constituyó la peor de las soluciones, una verdadera provocación. Mejor habría sido no asistir, invocando la posibilidad de disturbios en un acto en el que participan niños, o alguna razón parecida.

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No había motivo para subir al avión prestado por un empresario colombiano. Hay otras formas de llegar al mismo destino, como lo demostró la directriz presidencial emitida después del incidente. El polémico indulto en un caso de homicidio pudo ser negado y, desde setiembre del 2011, la Administración conocía los cuestionamientos que dieron al traste con la refinería proyectada por Recope, porque los había publicado la prensa.

El desastre de la trocha fronteriza, pese a los buenos propósitos de política internacional que la animan, exhibió al Gobierno como incapaz de mantener el control necesario para evitar el despilfarro de fondos públicos, y, cuando la presidenta declaró falta de interés en identificar a los responsables del mal manejo de la CCSS, comenzó a abonar la percepción de descuido. Ninguno de esos incidentes, ni otros similares, explica por sí solo la mala percepción reflejada en la encuesta, pero todos suman.

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