Ofrecimiento al ICE

Pero los datos consignados en nuestro reportaje pocas veces se refieren a los trabajadores que se desempeñan en los proyectos de construcción. El sueldo medio de los 423 misceláneos de la institución es de ¢505.000, frente a la media de ¢300.000 en el sector privado y el mínimo de ¢286.467, fijado por ley. La diferencia, sin tomar en cuenta otras ventajas, como la cesantía y las vacaciones, es un gasto desproporcionado para el Estado.

Por supuesto, los 423 misceláneos no están incorporados a la planilla de proyectos constructivos y sus salarios de abril no se vieron afectados por el pago de tres bisemanas. Lo mismo puede decirse de otras categorías de empleo.

También argumenta el ICE que en la planilla hay puestos cuya clasificación no se corresponde con las funciones. Salvo un inexplicable error del departamento de personal, las verdaderas funciones, en la gran mayoría de los casos, deben estar muy próximas a la categoría escogida para informar a la Caja. Si el trabajador reportado como inspector de tránsito en realidad se dedica, solo por ejemplo, a mantener el orden en los estacionamientos de la institución, eso no lo convierte en gerente de estacionamientos y la de inspector de tránsito es una clasificación bastante próxima.

En cualquier caso y para salir de dudas, La Nación solicitó al ICE la planilla de julio, un mes normal, sin las bisemanas adicionales de abril y setiembre. La institución se negó a proporcionar la información, con la cual habría probado sus argumentos, e insiste en poner en duda las informaciones sin darles un respaldo tan obvio y fácil de suministrar. Es cuestión de enviar un correo electrónico.

La verdad es que, en suma, más allá del pago bisemanal o alguna clasificación discutible, los salarios y beneficios en el ICE y otras instituciones públicas se apartan abismalmente del mercado. La planilla de julio lo probaría. El ICE prefiere renunciar a la oportunidad de demostrar el efecto de las bisemanas y no solo se niega a proporcionar la información, que la Sala Constitucional definió como pública, sino que presentó un recurso de habeas data para impedir su divulgación futura.

Ante la petición de este diario, el ICE remitió al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la CCSS. La información es pública y obra en poder del ICE, que debería estar ansioso por probar sus argumentos. Por el contario, remite a otro organismo donde la petición tampoco es tramitada con celeridad. Fue necesario formalizarla y hay un trámite cuya duración no fue precisada, aunque la Sala IV dijo, con toda claridad, que al ciudadano no se le debe preguntar siquiera las razones de su gestión en procura de información pública. El trámite para el suministro de los datos en la CCSS incluye una decisión de la junta directiva. En el propio Sicere, se les aconsejó a nuestros periodistas insistir ante el ICE o presentar un nuevo recurso de amparo.

Mientras tanto, el ICE procura revertir los efectos de la sentencia de la Sala IV y correr de nuevo el velo sobre sus sistemas de compensación. Si la institución recapacitara y decidiera hacer públicas sus planillas para probar sus tesis, La Nación se compromete a publicarlas en los próximos meses, íntegramente, en su sitio electrónico, y a publicitar la disponibilidad de los datos para que los analicen, en su estado más puro, tantos ciudadanos como tengan interés. Mejor todavía, si presenta por aparte la planilla de los proyectos de construcción. Si el ICE tiene reticencia a hacer públicos los nombres de los empleados, podrían omitirse, porque eso no es lo que interesa a efectos de una discusión nacional sobre el empleo público.

Nuestra insistencia en el tema nada tiene que ver con un deseo de ofender a los funcionarios, minimizar sus esfuerzos o exhibirlos. Jerarcas de muchas de las instituciones afectadas por las distorsiones salariales del sector público las reconocen como insostenibles, y si no hay reformas las finanzas públicas colapsarán, con grave perjuicio para la sociedad en su conjunto. Ese es el punto y no otro.