Opinión

EDITORIAL

Ofensiva impunidad

Actualizado el 28 de enero de 2015 a las 12:00 am

Es preciso indagar lo que sucede en la Fiscalía y en el OIJ, para enmendar las fallas y librar a la sociedad de frustraciones como la de la sentencia en el caso de Jairo Mora

Es impensable que, en Costa Rica, un joven de 26 años no pueda seguir sin riesgo su vocación de proteger a la naturaleza

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El Tribunal Penal de Limón se sintió obligado a absolver a los siete acusados por el homicidio del ambientalista Jairo Mora Sandoval, de 26 años, pero eso no inhibió a los jueces de protestar por las deficiencias de la investigación policial y de la acusación formulada por el Ministerio Público.

Más que una fundamentación del fallo, la exposición de motivos se tornó en reprimenda para las autoridades encargadas de llevar el caso ante los jueces. Los errores cometidos por el Organismo de Investigación Judicial al recolectar la prueba y la mala redacción de la acusación por los fiscales son tan graves, en criterio de los jueces, que promoverán la apertura de una causa disciplinaria.

La investigación, dijo la jueza Yolanda Alvarado, fue “sesgada”, “antojadiza” e “irresponsable”. A manera de ejemplo, citó el testimonio de un investigador que dijo haber visto, durante el levantamiento del cuerpo, una huella de arrastre de entre 600 metros y un kilómetro de extensión, cuando las fotos apenas muestran una huella de 20 metros. La mala apreciación, dijo la jueza, puede ser comprendida en el caso de un particular, pero no en el de un policía especializado que ni siquiera plasmó su observación en una foto o en un video.

La investigación tampoco respetó la integridad de la cadena de custodia de la prueba. Cuando se disponían a ver un disco con fotos de la pesquisa, los jueces, más bien, se encontraron frente a una grabación de recientes episodios del debate. La reprimenda se extendió a la prueba no presentada, en particular, los resultados de intervenciones telefónicas y las actas confeccionadas para demostrar la posesión de los teléfonos celulares.

Aunque pocas veces se han visto manifestaciones tan críticas de los jueces a la labor del OIJ y la Fiscalía, sí hay precedentes. Ya son demasiados y, en otros casos, si bien la reprimenda no alcanza el mismo grado de severidad, las absolutorias se fundan en el mal manejo de la prueba o en errores de tramitación.

No hace mucho, el magistrado Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, declaró que, para combatir la delincuencia, es más importante la erradicación de la impunidad que la severidad del castigo. “Desde hace muchos años no hablo de más penas. Están bien las que hay y, si quieren bajarlas, no importa, pero, por lo menos, lleguemos a que en el proceso se decida algo”, afirmó.

La impunidad, como se desprende del dicho del magistrado, es muchas veces producto del sistema y sus operadores. La excesiva duración de los procesos nubla la memoria de los testigos u ofrece oportunidades para presionarlos. En ocasiones, los ofendidos simplemente pierden interés. Si a eso se suman los errores en la recolección y custodia de la prueba, así como el mal planteamiento de las acusaciones y los defectos de trámite, es fácil explicar la preocupación del magistrado y el pobre resultado de procesos grandes y pequeños, discretos o publicitados.

En efecto, la impunidad es dañina y en un caso como el de Jairo Mora es ofensiva hasta el punto de lo intolerable. Es impensable que, en Costa Rica, un joven de 26 años no pueda seguir sin riesgo su vocación de proteger a la naturaleza.

La indignación suscitada por el resultado también conduce a la desconfianza. La lesión sufrida por la institucionalidad no puede ser ignorada, sobre todo por tratarse de un fenómeno recurrente. Es preciso indagar lo que sucede en el Ministerio Público y en la Policía Judicial para enmendar las fallas y librar a la sociedad de frustraciones como la de la sentencia dictada en Limón, a poca distancia de la playa donde Jairo Mora perdió la vida.

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