Opinión

EDITORIAL

Nuevo traspié del transporte público

Actualizado el 25 de septiembre de 2017 a las 10:30 pm

La ausencia de requisitos impidió renovar 300 concesiones de transporte remunerado de personas

Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana, calificó el último fracaso como una burladel CTP

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Entre la invención de la rueda y la actualidad no transcurrió el tiempo necesario para obtener estudios de demanda de 300 empresas autobuseras, un elemento indispensable para calcular las tarifas y determinar el número de autobuses requerido en cada ruta. Tampoco bastaron los años para generar estados financieros auditados, certificaciones de estar al día con la seguridad social y estudios de calidad, entre otros documentos que, cualquiera pensaría, debieron estar en manos de empresarios y autoridades desde el primer momento.

La ausencia de esos requisitos impidió renovar las 300 concesiones, no porque el gobierno rechace la idea, sino porque lo intentó a finales de la administración pasada y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) rehusó seguir el juego. Los jueces del Tribunal Administrativo de Transporte respaldaron la decisión de la Aresep en agosto del 2014 y a 160 concesionarios se les dieron tres años de permiso para operar.

Los tres años pasaron y los requisitos siguen incompletos. Las 160 empresas y otras 140 que no eran concesionarias en el 2014 tendrán otros tres años de permisos y, si las cosas siguen igual en el Consejo de Transporte Público (CTP), dentro de tres años, ya a medio camino del nuevo ejercicio presidencial, los medios de comunicación informaremos, una vez más, sobre la renovación de los permisos.

La dirección del CTP cuenta con cuatro inspectores para hacer los estudios de demanda. Hasta la fecha solo ha terminado 31 estudios y, de ellos, apenas cuatro fueron enviados a la Aresep. Los estudios tardan tres meses cada uno. Si cada inspector hace cuatro estudios al año, tendremos 48 estudios para el 2020 y será necesario extender los permisos.

La verdad es que los estudios de demanda interesan a muy pocos. Los rigurosos exámenes del Programa en Investigación y Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica revelaron importantes discrepancias entre la cantidad de pasajeros reportada por varias empresas autobuseras y el número constatado por los técnicos.

El CTP, donde los transportistas gozan de una amplia representación, es blanco de críticas precisamente por ese motivo. La diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana, calificó el último fracaso del ordenamiento de las concesiones como una burla del CTP cuya víctima son los usuarios, la institucionalidad y los propios autobuseros. Entre los empresarios hay muchos con posiciones menos consolidadas en el mercado, para quienes la obtención de la concesión significa una seguridad jurídica cuyo valor supera el de cualquier otra ventaja.

Todo esto ocurre a más de un año de la crisis que desembocó en la partida de un viceministro, la renuncia del gobierno a aprovechar el camino andado y el lanzamiento del “diálogo ciudadano” diseñado para mantener todo igual mientras se aparenta el cambio. Las mesas de diálogo, donde el CTP se aseguró de tener una buena representación de autobuseros, debían tratar los temas del cobro electrónico y la sectorización.

El primero es un mecanismo idóneo para precisar la demanda y, el segundo, una forma de descongestionar las calles, mejorar el servicio y reducir el número de autobuses. Ambas medidas afectan las tarifas y suscitan la oposición de algunas de las principales empresas de transporte público.

Los escasos resultados del “diálogo ciudadano” se suman a lo sucedido con la renovación de los permisos para despejar toda duda sobre la lentitud de los procesos relacionados con el transporte remunerado de personas, una actividad indispensable para nuestra sociedad.

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