Hace menos de cuatro meses, el ministro de Descentralización, Juan Marín, presumía de haberle metido “un gol” a la Presidenta y a cuatro de sus compañeros de gabinete que firmaron, junto a él, un proyecto de ley para trasladar recursos y competencias a las municipalidades. El gol, valorado en ¢175.000 millones, respondía a un error de redacción.
Entre las fuentes de financiamiento de la ley figuraba el programa 327 del Presupuesto Nacional, que contaba con ¢197.000 millones en el 2010 y bajó a ¢22.000 millones en el 2011. El proyecto enviado al Congreso trasladaba el programa 327 a las municipalidades, pero haciendo referencia al presupuesto del 2010, cuando debió haber mencionado el del 2011. En otras palabras, se refería a un presupuesto con ¢175.000 millones más de lo que en verdad se pretendía trasladar.
La intención original, por sí misma y sin el gol del Ministro, resultaba al mismo tiempo ruinosa y engañosa. Ruinosa porque echaba a andar el mecanismo de traslado a las municipalidades del 1,5% del presupuesto nacional cada año hasta completar el 10%. Como el presupuesto ya está comprometido en un 80%, los traslados le habrían dejado al Gobierno apenas un 10% para operar. Eso sería imposible aunque se encontrara la forma de trasladar toda suerte de competencias a las municipalidades.
La iniciativa era también engañosa porque la mayor parte de los recursos trasladados a las municipalidades durante los dos primeros años del programa no salían del presupuesto ordinario, como manda la mal concebida ley, sino de préstamos ya contratados para los mismos fines con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ruta hacia la profundización de la crisis fiscal, el desordenado desmantelamiento del Gobierno central y el deterioro en la provisión de servicios estaba trazada. El “gol” del Ministro habría sido un importante acelerador del tránsito hacia esas calamidades. El proyecto de ley fue derrotado en virtud de la conducta responsable asumida por el bloque opositor en el Congreso.
Ahora, el ministro Marín no solo renuncia al gol –a fin de cuentas un autogol, porque se lo metió al gabinete y no a las fracciones de oposición– sino también al traslado del 10% del presupuesto a las municipalidades. La sensatez parece haber vuelto al Gobierno, y Marín cita razones de salud fiscal que ni siquiera consideró a la hora de su histórica anotación.
Es importante, sin embargo, recordar la alegre disposición del Ministro hace apenas cuatro meses. Si la olvidáramos, correríamos el riesgo de dejarnos sorprender por sus habilidades con la gambeta. El Ministro, representante de lo que se ha dado en llamar el “municipalismo”, ahora dice comprender las razones fiscales que impiden aplicar la irresponsable reforma constitucional del 2001, que estableció el traslado del 10% del presupuesto a las municipalidades, junto con las competencias equivalentes.
Ni es factible trasladar semejante suma ni está clara la existencia de suficientes competencias a trasladar. El Ministro resuelve los dos problemas mediante una nueva propuesta de reforma constitucional destinada a fijar el traslado en “solo” un 4% del presupuesto, pero sin trasladar nuevas competencias a los concejos.
Es un quid pro quo donde las municipalidades renuncian a una suma equivalente al 6% del presupuesto nacional a cambio de no tener que hacer absolutamente nada para justificar la recepción del 4% restante. El Ministro, virtuoso del dribbling, se acerca peligrosamente al área. Los fondos, dice, servirán para fortalecer la prestación de servicios ya existentes, como la recolección de basura y el aseo de parques. No explica el Ministro cómo se financiará el faltante de ese 4% en el presupuesto.
¿Será, entonces, que la reforma tributaria promovida por el Gobierno es, en realidad, un plan de financiamiento adicional para las municipalidades y no un medio para enfrentar nuestra preocupante realidad fiscal?