Opinión

EDITORIAL

Nuevo desliz legislativo

Actualizado el 30 de julio de 2013 a las 12:00 am

La treta, el error, la intercesión divina y el descuido no deben ser factores determinantes en el proceso de formación de leyes como la de la persona joven

Independientemente de la posición de cada cual sobre las uniones entre personas del mismo sexo, la norma es un adefesio de redacción e inconsistencia

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El país está en espera de la interpretación judicial de un inciso incorporado a la Ley General de la Persona Joven para permitir el reconocimiento de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. El debate es intenso y es grande la duda sobre la idoneidad de la norma para causar esos efectos. Por lo pronto, lo único seguro es la confirmación de la bajísima calidad del proceso de formación de la leyes.

Si la norma consiguiera los efectos deseados por sus autores, y hay buenos motivos para dudarlo, siempre sería ejemplo de pésima redacción legislativa y poca consideración para la necesaria armonía del ordenamiento jurídico. El inciso en cuestión establece “El derecho al reconocimiento, sin discriminación contraria a la dignidad humana, de los efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable, con aptitud legal para contraer matrimonio por más de tres años”.

En primer lugar, llama la atención la frase “con aptitud legal para contraer matrimonio por más de tres años”, desvinculada gramatical y lógicamente del resto del texto. ¿A qué se refiere? Luego, es notable el desinterés del texto por el principio del trato igualitario ante la ley, pues como el artículo está referido a la persona joven, de entre 15 y 35 años, el derecho al reconocimiento de las uniones de hecho no cobijaría al resto de la población.

Los autores del texto lo saben y probablemente calcularon que, si consigue el efecto deseado para las personas jóvenes, la Sala Constitucional lo extenderá al resto de la población para eliminar la discriminación. No tiene sentido alguno establecer el reconocimiento de las uniones de hecho de personas del mismo sexo únicamente hasta los 35 años. Aun en ese caso de calculada mala práctica legislativa, el carácter discriminatorio del texto es un defecto evidente y el Congreso no debe legislar con miras a que más tarde los magistrados completen la ley en lo esencial.

Independientemente de la posición de cada cual sobre las uniones entre personas del mismo sexo, y más allá de la posible inutilidad del inciso para alcanzar los propósitos de sus autores, la norma es un adefesio de redacción e incompatibilidad con el ordenamiento jurídico costarricense. Ese, sin embargo, no es el principal de sus defectos.

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Cuarenta y cinco diputados votaron a favor del inciso. Muchos de ellos se mostraron sorprendidos al darse cuenta del posible resultado y pidieron el veto presidencial. Votaron por error, víctimas de una treta o, en el caso de Justo Orozco, de Renovación Costarricense, se salvaron del involuntario respaldo al proyecto por la intercesión de Dios que, según el legislador, lo mantuvo en su despacho, alejado del plenario, donde quizá habría caído en la trampa o en el error.

Pero la treta, el error, la intercesión divina y el descuido no deben ser factores determinantes en el proceso de formación de las leyes y mucho menos fundamento de un cambio legal tan profundo como el pretendido por los autores del inciso.

Como ha sucedido en muchos otros países, las uniones entre personas del mismo sexo tarde o temprano tendrán aquí su regulación, pero no de forma subrepticia o como producto de una comedia de errores. El debate serio, las razones fundamentadas y el voto consciente de quienes deban emitirlo son la única fuente de legitimidad duradera para una transformación social y jurídica de esta naturaleza. Todo lo demás corre el riesgo de terminar en anécdota y demostrar a los costarricenses la falta de seriedad del Congreso, sea por las pequeñas astucias de algunos o por las ligerezas de otros.

Así fue como el Congreso dejó desprotegidos los mares sin que nadie se diera cuenta hasta que un juez se vio obligado a poner en libertad a un barco pirata. Así, también, los diputados corrieron la numeración del Código Penal de forma que las conductas sancionadas con suspensión de la licencia quedaron descritas en el artículo 261 bis, mientras la ley de tránsito remite al 254 bis y, en consecuencia, los jueces no pueden retirar el permiso de conducción a los chóferes temerarios. Los diputados ya habían incurrido en el mismo error cuando aprobaron la ley de tránsito. También dejaron sin castigo a los traficantes de niños al omitir un verbo indispensable para la aplicación del artículo 374 del Código Penal.

La legislación electoral sobre donaciones ilegales no pudo ser aplicada porque hacía penalmente responsables a los partidos políticos, cuando esa responsabilidad solo puede recaer en personas físicas, y la fecha de las elecciones municipales fue variada por accidente, cuando el único propósito de los legisladores era dar plaza fija y salario a los vicealcaldes. Por razones parecidas, la Banca de Desarrollo está obligada a readecuar las deudas de los agricultores afectados por “desastres naturales o factores antrópicos” y un largo etcétera.

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A fin de cuentas, la Ley General de la Persona Joven puede terminar como un ítem más en la larga lista de desaciertos que hacen pensar en la necesidad de plantear el problema de la calidad entre los prioritarios del Congreso.

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