Opinión

EDITORIAL

Nueva socialización de pérdidas

Actualizado el 12 de mayo de 2015 a las 12:00 am

En la Asamblea Legislativa algunos sectores insisten en dar trámite a un millonario plan para rescatar a un reducido número de empresas del sector turístico

Existen listas de posibles beneficiarios, pero el Congreso no sabe quiénes son, los diputados votan a ciegas y la ciudadanía carece de información

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Contra el criterio de bancos, técnicos del Instituto Costarricense de Turismo, banca para el desarrollo, cámaras empresariales y los diputados más estudiosos, algunos sectores de la Asamblea Legislativa insisten en dar trámite a un millonario plan para rescatar a un reducido número de empresas del sector turístico.

Se trata de pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis del 2008, dicen los impulsores del proyecto, pero ninguna de las aspirantes a la ayuda podría ser clasificada de esa manera si se toma como límite el monto del préstamo más alto otorgado hasta ahora por la Banca para el Desarrollo: ¢65 millones.

La lista de compañías endeudadas, posibles beneficiarias del plan, se maneja con sigilo, pero, hasta donde ha sido posible saber, las menos comprometidas, en su gran mayoría, deben más de $200.000 y muchas otras obtuvieron créditos por montos muy superiores. Un empresario, aspirante al beneficio, contestó al diputado Ottón Solís que su endeudamiento ronda los $3 millones.

Según Boris Marchegiani, presidente de Protur, donde se agrupan los interesados en el proyecto, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) calculó en 94 el número de posibles beneficiarios. Si solo debieran $200.000 cada uno, con lo cual difícilmente calificarían como pequeñas empresas, los $15 millones de ayuda incorporados al proyecto alcanzarían para librarlos del 80% de la deuda, sin necesidad de más burocracia, readecuaciones y subsidios. Basta girar el cheque para socializar la pérdida. Tocaría unos $160.000 por “pequeño” empresario, es decir, poco más de ¢86 millones.

Es evidente, por los números, que el Estado beneficiará a compañías con deudas muy superiores a lo que sería de esperar si se tratara de pequeños y medianos emprendimientos, pero la ayuda se aprobará sin saber cuáles pérdidas de la empresa privada serán socializadas para que el país pague la cuenta.

El estudio de la Sugef identificó a 94 por rescatar, pero el Congreso no sabe quiénes son, los diputados votan a ciegas y los contribuyentes, por cuya cuenta corren las pérdidas, tampoco tienen derecho a saberlo. Cuando se pregunta por los supuestos beneficiarios, de inmediato se invoca el secreto bancario para no revelar nombres, montos y otras características de las operaciones.

Aprobada la ley, los fondos probablemente se manejarán mediante fideicomiso u otras figuras financieras. Tampoco conoceremos entonces a los beneficiarios de la ayuda pública ni las características de sus operaciones, porque no faltará quien invoque también el secreto bancario, cuya validez en estos casos, donde hay dinero público de por medio, deberá ser cuestionada ante la Sala Constitucional.

En suma, la Asamblea Legislativa está a punto de aprobar un paquete de ayuda sin saber a quién. Si no sabe a quién, tampoco sabe para qué. Y sin saber para qué, no puede contestar por qué. La pretensión de secreto seguramente se extenderá a la concreción de la ayuda, con lo cual el pueblo costarricense solo sabrá que $15 millones de su propiedad fueron entregados a un centenar de empresas para salvarlas del endeudamiento.

La ley, por supuesto, no puede contener un listado de beneficiarios porque eso violaría su neutralidad. Esto no quiere decir que el Congreso y la ciudadanía no puedan conocer las razones existentes para justificar la ayuda. En ausencia de esa información, es imposible saber si el problema existe, si en realidad se trata de pequeñas empresas y si la inversión del dinero público beneficiará a la industria turística o tan solo eximirá a un grupo de empresarios de los riesgos asumidos al invertir.

Si la Sugef elaboró una lista de 94 posibles beneficiarios, es necesario hacerla pública y que los diputados la conozcan, no para incorporarla en el proyecto como listado exclusivo, sino para entender cuál problema se quiere resolver.

Si de la consideración de la lista surge la conclusión de que el proyecto es necesario y está justificado, serán los técnicos quienes decidan a cuáles empresas otorgar la ayuda, figuren o no en la lista utilizada para discutir la conveniencia de la iniciativa.

Si el estudio no existe, es preciso compilarlo, porque no hay otra forma de demostrar la necesidad y utilidad de un proyecto que restará recursos a la Banca para el Desarrollo –establecida para apoyar a quienes de verdad son pequeños emprendedores– y a la promoción turística, que beneficia a todos, incluidas las modestas empresas del sector que carecen de recursos para financiar campañas de atracción de visitantes.

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